Nulidad absoluta por objeto y causa ilícitos y por haber sido celebrado con abuso y desviación de poder, declaró el martes el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre el Contrato de Concesión No. 01 de 2010 y sus 10 otrosís, mediante los que se adjudicó y amplió el proyecto del tramo II de la Ruta del Sol en favor de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., conformada por Odebrecht y Episol.
Más allá de la indignación ciudadana que generó la evidencia de que el Gobierno pretendía negociar un acuerdo con los bancos acreedores del consorcio para pagarles un monto cinco veces mayor al que tasaron los árbitros, y las voces que piden la renuncia de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, la decisión, consignada en un expediente de 700 páginas, expone con lujo de detalles los tentáculos de la corrupción administrativa en el país, que alcanzan a políticos, empresarios y servidores públicos. Esta es la historia.
Arte y parte
Es verdad judicial que el contrato de concesión de la Ruta del Sol II fue adjudicado por el entonces viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, al consorcio en el que participaba Odebrecht, a cambio de un soborno de 6,5 millones de dólares, que recibió de Luiz Antonio Bueno, alto funcionario de la multinacional.
La primera particularidad que llamó la atención es el papel que desempeñó García Morales dentro del Ministerio, fungiendo simultáneamente como viceministro de Transporte y gerente encargado del Inco (Insituto Nacional de Concesiones, hoy ANI, Agencia Nacional de Infraestructura) por disposición de altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe. Señala el documento que “mediante decreto 366 del 23 de septiembre de 2009, (...) se encargó a Gabriel Ignacio García Morales de las funciones del Despacho del Gerente General del Inco, sin perjuicio de sus funciones como viceministro de Transporte”.
Este sería un mero formalismo administrativo si no representara, como lo señala el fallo, que García Morales “continuaba ejerciendo como viceministro, las funciones de coordinador interinstitucional para el desarrollo y culminación exitosa del proceso licitatorio del proyecto Ruta del Sol y, además, las funciones de ejecutor del mismo como gerente del Inco”.
Y no se trataba de un proyecto cualquiera. El documento Conpes 3571 del 9 de marzo de 2009 lo declaró como “estratégico para la Nación”. Con 1.071 kilómetros de longitud y un costo inicial calculado en 2 billones de pesos, constituía uno de los corredores viales más importantes del país.
En términos prácticos, a García Morales se le delegó la potestad de integrar el comité que estructuró la licitación y definió las condiciones y, al mismo tiempo, evaluar las ofertas y adjudicar el contrato. Pero también, “sin que mediara acto administrativo, asumió las funciones que habían sido delegadas en el subgerente de Estructuración (del Inco), que le permitieron adjudicar directamente la licitación a la Concesionaria Ruta del Sol”, reseña el fallo.
La “amenaza” de los Nule
Y es que desde esa época se supo que millonarias inversiones que el Gobierno hacía en infraestructura se estaban convirtiendo en el botín de corruptos, pero, en esa época, hasta ahora salía a flote los escándalos y los protagonistas eran otros. Era el 25 de junio de 2010, cuando los revelaron audios de una conversación entre el excongresista Germán Olano y el empresario Miguel Nule, que dejaban al descubierto adjudicaciones irregulares de contratos en Bogotá. Pero ya circulaban rumores de corrupción que involucraban al apellido Nule. Por eso, cuando Odebrecht se enteró de que ese grupo era uno de los oferentes, vio amenazados sus intereses. Así consta en el testimonio que Luiz Antonio Bueno rindió ante la Corte Suprema y que se adjuntó al expediente arbitral: “Mis socios y otras personas me generaron esa preocupación. Yo ya conocía a varios políticos, al ministro Andrés Uriel Gallego, y buscaba hablar con los formadores de opinión para enviar mensajes al Ministerio, para que se cumplieran los pliegos de la Ruta del Sol”.
Esa versión fue confirmada por García Morales ante el Tribunal Arbitral, pues en su defensa señaló que cuando Bueno lo contactó por primera vez, en mayo de 2009, le dijo que “lo único que querían era que se les diera un trato justo y equitativo en cumplimiento de la ley y de los pliegos. Luego me dijo que si yo me aseguraba de que no hubiera intervenciones indebidas (en la licitación), estaba dispuesto a darme una compensación”.
El mecanismo
Una vez firmado el contrato, restaba girar el dinero de la coima. Según reconoció García Morales en su testimonio, Bueno “me contacta, me dice que necesita que alguien reciba esos pagos, que tenía que ser una persona que tuviera una empresa en el exterior, con trayectoria”.
El viceministro puso entonces en relación a Bueno con Enrique Ghisays Manzur, amigo suyo de la infancia y empresario. Ghisays fue citado en Miami por otro directivo de Odebrecht, Luiz Eduardo Da Rocha Soares, con quien acordó la transacción a través de la firma Lurion Trading Inc., recién constituida, con domicilio en Panamá. Especifica el documento arbitral que Da Rocha se encargó de poner la empresa a nombre de Ghisays y su hermano, y de abrir una cuenta en la Banca Privada de Andorra.
Empezaron a entrar los giros, provenientes de Klienfeld Service Ltda., empresa de Odebrecht. El dinero sumó lo acordado y Ghisays lo transfirió a una cuenta de la empresa Pacific Infraestructure Inc., de la que García Morales recibió un título accionario por el valor.
En marzo de 2014, la operación Lava Jato de la Policía de Brasil empezó a develar el modus operandi de corrupción de Odebrecht. Preocupado porque sus movimientos en Colombia quedaran al descubierto, Luiz Antonio Bueno empezó a darles apariencia de legalidad a sus transacciones. Volvió a contactar a García y a Ghisays en mayo de 2016 y acordaron que Odebrecht celebraría con Ghisays un contrato de asesoría con una comisión de éxito, como el que había firmado el exsenador Otto Bula.
La campaña Santos
Según narró García Morales, uno de los intereses que llevó a Bueno a ofrecerle el soborno y asegurar la adjudicación, fue no perder el dinero que Odebrecht ya había invertido.
“El señor Bueno creyó que yo tenía interés en rechazar la propuesta y me dijo que estaba poniendo en riesgo aportes a la campaña Santos Presidente, a los que se habían comprometido como resultado de dicha adjudicación”, declaró.
El testimonio del exviceministro también da cuenta de que Bueno “le habló a Roberto Prieto (quien se convertiría en gerente de la campaña de Santos), del papel que tendría en la contienda presidencial” y que presuntamente “habría recibido dineros”.
La historia de lo que ocurrió después con las irregularidades contractuales ya está contada, al punto que los hallazgos han continuado y actualmente no solo se investiga la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos, sino además el papel que habrían jugado sus ministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, que firmaron el documento Conpes que permitió adicionar al contrato la transversal Ocaña-Gamarra.
¿Y la ministra?
Conocido el documento del Tribunal de Arbitramento, la actual ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quedó bajo la mirada de la opinión pública, pues a mediados de julio dio a conocer que adelantaba un acuerdo de conciliación con bancos acreedores de la Concesionaria Ruta del Sol, sin conocer los términos de la decisión arbitral.
El tribunal terminó por calcular la deuda que debía pagar el Estado por cuenta de las obras recibidas, en 211.273 millones de pesos, cifra muy inferior a los 1,2 billones que negociaba la ministra.
El experto en Derecho Administrativo, David Suárez Tamayo, advirtió que, aunque el acuerdo no se concretó y “en Colombia no se castigan las intenciones”, de haberse celebrado, la ministra “hubiera apropiado recursos del Estado en favor de un tercero, lo que es un delito”.
La decisión tomada por los árbitros no solo representa el ahorro de un billón de pesos para el país. Además, se convierte en pieza clave para comprender el flagelo de la corrupción en Colombia, del que hoy se habla mucho, en especial luego de la consulta que hace un año obtuvo más de 12 millones de votos, pero que hace 9 ya era protagonista en la contratación estatal.
6,5
millones de dólares recibió
Gabriel García por adjudicar el contrato de concesión.
