El suspendido ministro de Relaciones Exteriores es investigado por cuenta de las posibles irregularidades que rodearon el fallido proceso para la licitación de pasaportes. Interpuso una tutela para tumbar la investigación.
A partir de la 10:00 de la mañana de este jueves se tiene previsto que arranque en la sede principal de la Procuraduría General, en el centro de Bogotá, el juicio disciplinario contra el suspendido canciller Álvaro Leyva Durán. Lo anterior, por cuenta de las posibles irregularidades que rodearon el fallido proceso para la licitación de pasaportes.
El suspendido funcionario tendrá la oportunidad de hacer los descargos que considere necesarios y presentar las pruebas que tenga para desvirtuar las dos faltas disciplinarias endilgadas, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo.
La primera se habría cometido al declarar desierta la licitación de pasaportes sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, “con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”.
En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
Recién este miércoles se conoció una nueva jugada de la defensa del canciller para echar al traste la sanción. El abogado del suspendido funcionario, Yefferson Dueñas Gómez, radicó en el Tribunal Superior de Cundinamarca una tutela en contra de la Procuraduría.
En el documento se reclama que la sanción “no se adecúa a las exigencias legales ni a los estándares definidos por la jurisprudencia constitucional” y se alega que se prejuzgó a Leyva. “Desde antes de su radicación, los argumentos que pudieran ser planteados carecían de interés y relevancia para la Procuraduría, quien ya había sentado la posición sobre el asunto. Situación que, a todas luces, transgrede las garantías básicas de un proceso disciplinario”, dice el recurso.
La semana pasada, la Procuraduría confirmó la suspensión provisional por tres meses ordenada contra el ministro de Relaciones Exteriores, proferida el pasado 24 de enero de 2024 por la Sala de Instrucción Disciplinaria.
“La decisión inicial fue adoptada legalmente, conclusión a la que llegó luego de analizar los hechos, las pruebas y la actuación procesal adelantada por la Sala; así como la revisión del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y las respuestas dadas a los alegatos presentados por la defensa”, explicó el Ministerio Público.
Así mismo, se determinó que la procuradora Margarita Cabello Blanco no vulneró los derechos y las garantías de Leyva, “en tanto se limitó a anunciar que se formularon cargos, sin que eso implique que se haya afectado la imparcialidad, y confirmar que no se hicieron comentarios o emitieron calificativos sobre el caso específico”.
Inclusive, el ente de control ordenó la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra Leyva Durán por el presunto desacato de la medida de suspensión provisional, a pesar de que le fue debidamente notificada y la misma debió ser cumplida de manera inmediata.
“Dentro de los hechos que serán objeto de revisión se encuentran las determinaciones que el titular de la cartera habría adoptado y las comunicaciones enviadas representando a la Cancillería, desconociendo que se encontraba apartado del cargo e inhabilitado para ejercer las funciones correspondientes”, precisó la Sala Disciplinaria de Instrucción.
En esa línea, se investigará por qué el suspendido funcionario aludió su continuidad en el cargo y su decisión de solo apartarse del mismo una vez el presidente nombre su reemplazo. Por ello, se solicitaron pruebas para verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Finalmente, la Procuraduría compulsó copias a las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia para que se evalúe si el posible comportamiento del ministro de Relaciones Exteriores constituye alguna conducta penal que amerite ser investigada.
