En medio del trámite de la reforma a la educación que promueve el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, este jueves se conoció un estudio de la Universidad Javeriana en el que se advierte que, pese a las “intenciones loables” del proyecto, corre el riesgo de quedarse en promesas incumplidas, contiene artículos que riñen con la autonomía de las instituciones educativas, e incluso, no contribuiría a la calidad educativa.
Según el informe, realizado por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), la iniciativa (que ya superó dos de sus cuatro debates en el Parlamento) se tramita como una ley estatutaria, es decir, para establecer los principios generales de una materia, en este caso, reconocer a la educación como derecho y deber fundamental en todos los niveles educativos (inicial, básica, media y superior).
Si bien se destaca que el proyecto busca aumentar el acceso, cobertura y pertinencia de la educación para todos los colombianos, con énfasis en grupos vulnerables, el Laboratorio advierte que hay “grandes dudas” sobre sus implicaciones dada “la redacción ambigua de algunos de sus artículos y el verdadero alcance para enfrentar los verdaderos retos de formación que impone la educación en Colombia”.
En primer lugar, se explica que en el objeto de la reforma se indicó que busca desarrollar las garantías del derecho fundamental a la educación “de forma progresiva”. Sin embargo, para la institución ese término “puede resultar ambiguo para declarar un derecho fundamental, si no se determina con claridad en qué escenarios será realmente fundamental. La ley estatutaria es una oportunidad para definir el alcance del derecho en los diferentes ámbitos del sistema educativo”.
En segundo término, el informe alerta que, aunque declarar la educación como un bien común implica que sea de todos, esto puede limitar la actividad de instituciones educativas públicas y privadas. “Particularmente, abre la puerta para el marchitamiento de la oferta privada de educación, pues por la ambigüedad del término, ¿podrían estas instituciones pasar a ser un bien común y en esa medida ser de todos?”.
Si bien el proyecto indica que la ley se aplicará en todos los niveles, tipos, modalidades y formas de atención de la “educación formal”, el estudio advierte que se podrían dejar por fuera otras trayectorias educativas valiosas para el país como lo son la educación para el trabajo (referida en la reglamentación como educación no formal) y los diferentes subsistemas que la componen.
Además, la Universidad reclama que en el ámbito de la aplicación de la ley no se hace referencia a los prestadores del servicio y que en la definición de “sistema educativo” se omite la mención del carácter mixto de la provisión del servicio educativo. “En general, a lo largo de la ley, es tímida la mención de la participación de las instituciones privadas y se hace un llamado a hacerlo explícito”.
En otro apartado se señala que aunque el derecho fundamental a la educación se garantizará a través de políticas públicas que “eliminen cualquier barrera”, el informe cuestiona si eso puede incluir, por ejemplo, el examen de la Universidad Nacional o el pago de la matrícula en alguna institución privada. “¿Quitar todo tipo de barreras para el acceso a la educación implicaría, por ejemplo, quitar el examen de la Universidad Nacional o desaparecer el costo de la matrícula de instituciones privadas que son la fuente de su sostenimiento?”, pregunta.
En esa línea, se alerta que se podría atentar contra la autonomía escolar y universitaria planteada en la Constitución por cuenta de un apartado en el que se dice que la educación deberá atender “los planes y políticas del Estado”. Además, se indica que “garantizar el derecho a la promoción y grado” como plantea la ley iría en contra de la consecución de la calidad de la educación. “Bajo este numeral, ¿se podría poner una acción de tutela al Estado porque un estudiante no fue promovido o graduado por alguna institución educativa? Sería muy grave”.
A todo esto, se suman dudas sobre la financiación de la ley y que hoy por hoy no se conozca con precisión cuánto podría llegar a costarle al Estado su implementación. De acuerdo con Gloria Bernal, directora del LEE de la Javeriana, resulta extraño que, si bien el proyecto promete aumentar cobertura, calidad y pertinencia de la educación, sea conceptuada por el Ministerio de Hacienda sin un costo asociado a su implementación.
“Es irresponsable no tener una estimación de los gastos, una mínima planificación de cómo sería la implementación de la ley que hasta el momento se proyecta como una promesa incumplida con potenciales perjuicios para la calidad y cobertura educativa en algunos niveles educativos”, explicó.
De hecho, con base en la canasta educativa de cada estudiante, el Laboratorio calculó lo que costaría la ampliación de la cobertura propuesta por la ley. Dejando de lado aspectos como la calidad e infraestructura, el informe precisa que se necesitarían al menos $40,8 billones al año adicionales para financiar la ampliación de cobertura en educación inicial, básica, media y superior propuesta.
“Se estima que en educación inicial se necesitaría $9,13 billones adicionales al año. En educación básica, se necesitaría $3,3 billones adicionales al año. En educación media, $4,04 billones adicionales al año. En educación superior, se necesitaría $24,4 billones adicionales al año”, señala el informe.
En el estudio se indica que este cálculo no incluye factores que mejoran la calidad, actividades de formación extracurriculares, capacitación docente, mejoras en las condiciones laborales, construcción de nuevas infraestructuras, equipamiento de las instituciones, implementación de tecnología actualizada, servicios de bienestar, entre otros.
Con base en opiniones de expertos, el informe concluye que el proyecto no atiende el desfinanciamiento estructural del sector en las últimas dos décadas; no desarrolla concretamente cómo se logrará la educación para sectores poblacionales especiales; no proporciona herramientas para transformar la educación media, y no desarrolla suficientemente aspectos clave como la calidad, acceso, permanencia y graduación.
“Las buenas intenciones pueden quedar diluidas por aspectos de vicio legal, inviabilidad fiscal, y regresividad (en calidad y equidad) en la práctica”, precisó Gloria Bernal, directora del LEE de la Javeriana, mientras que Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y administrativas de la Javeriana, sostuvo que “no es una ley visionaria ni innovadora que realmente dé un marco jurídico que le permita al país la creación de un sistema educativo que responda a los retos de formación de las sociedades modernas”.
