“Hay que reconocer que tiene una característica muy diferente frente a sus demás compañeros de gabinete: le ha dedicado tiempo a acompañar los procesos de audiencias de horas del Congreso y de atender con amabilidad y respeto a las personas que inclusive somos oposición”, reconoce el representante uribista Hernán Cadavid, del Centro Democrático.
En ello coincide la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, que –con todo y que su partido siga integrando la bancada de Gobierno–, se ha perfilado como una de las más férreas opositoras del Ejecutivo.
“La ministra tiene ánimos de concertación y eso ha permitido que el proyecto avance. Su actitud, a diferencia de sus colegas, es totalmente distinta: ha sabido contestar las preocupaciones e inquietudes frente al proyecto, además que ha concertado los puntos más álgidos de la reforma”, destaca. Otra de las virtudes del proyecto, aunque se suelen dejar de lado, son sus formas.
En el caso de la reforma a la educación no primó el afán, el Ejecutivo se tomó su tiempo y solo hasta septiembre pasado (pasado más de un año de mandato) la iniciativa fue radicada. Lo anterior, después de recoger las voces de más de 53.000 personas durante más de 10 audiencias públicas a lo largo del país.
“El proyecto le apuesta a mejorar el sistema actual sin empezar de cero, ni desmontando todo lo que se ha edificado durante todos estos años”, agrega la representante Miranda. Aun con más de 600 proposiciones y de contar, cómo no, con voces disonantes dispuestas a dar el debate, el proyecto ha gozado de quorum y mayorías.
Es decir, contrario a lo que pasó con la reforma a la salud o lo que sigue afectando a la reforma pensional, no han sobresalido jugaditas, dilaciones o maniobras por entorpecer la discusión. “Desde 1994 en Colombia está pendiente que exista una ley estatutaria que regule el derecho fundamental a la educación. Lo que está pendiente es regular en cada uno de los niveles y para diversas poblaciones, a qué tiene derecho una persona que habite el territorio colombiano. Este proyecto abre la puerta a construir consensos para que la educación sea el gran acuerdo nacional. Todos los partidos están contribuyendo para que garanticemos una educación de calidad y pertinencia”, dijo recientemente la ministra a Canal Institucional.
Por otro lado, el proyecto arrancó –como se dice coloquialmente–, con todas las de la ley y no a la brava: al regular un derecho fundamental como la educación, fue radicado como reforma estatutaria, lo que en términos prácticos implica que sus cuatro debates deben surtirse en una misma legislatura.
“A veces siento que el Gobierno tiene un desespero de que lo que no se haga en estos cuatro años no se hará después. Actúan con un desespero tan crítico que hace que quieran reformar todo al mismo tiempo en una sola ley. Eso no contribuye a crear consensos”, resalta a su turno la representante Jennifer Pedraza (Dignidad).
Sin embargo, no puede pasar por alto que, por su propio contenido y sus fines, la reforma a la educación no provoca tanta división y disputa en el Parlamento.
“Tiene unos objetivos muy nobles que en la generalidad seguramente nadie se va a oponer. ¿Quién dice no a ofrecer programas de educación a personas privadas de la libertad?, ¿quién se opone a que la educación sea un derecho fundamental, especialmente la inicial? Es decir, concreta consensos de la sociedad”, agrega Pedraza.
A su turno, el representante Cadavid asegura que el proyecto “es realmente más declarativo que sustantivo. Me explico: son más propósitos de lo que debería ser la educación como un derecho fundamental, que verdaderas modificaciones o transformaciones”.
Si bien aún restan dos meses para que concluya la actual legislatura, muchos congresistas y el propio Gobierno tienen puesta su mirada en el 20 de julio, cuando arrancará otro periodo parlamentario con nuevas mesas directivas y el arribo de otras reformas, entre ellas, la de la justicia. Es por ello que desde ya el Gobierno podría comenzar a recoger insumos y analizando factores de lo que implica un trámite armonioso de un proyecto con base en las lecciones que deja la reforma a la educación.
“Lo que tenemos que entender es que no es posible avanzar sino atendemos las inquietudes que tienen los congresistas y por supuesto, los ciudadanos. No es solo hablar y escuchar, sino también hacer un alto para mediar cuando hay diferencias profundas y llegar realmente a acuerdos para avanzar”, explica la representante Miranda.
Por su parte, la representante Pedraza resalta que esta reforma es la muestra de que “es posible tener una relación cordial con el Congreso. Estoy agotada de esa insultadera va, insultadera viene, entre el Congreso y el presidente. La amenaza constante de una constituyente no permite que las discusiones se puedan dar de manera democrática y en un ambiente tranquilo”.
