La situación de orden público en el departamento del Cauca es cada vez más compleja, las familias están en medio del fuego cruzado entre las organizaciones armadas ilegales que hacen presencia en la zona y el Ejército Nacional. Sumado a reclutamientos, abusos, asesinatos y otros delitos crueles contra la población civil.
La Defensoría del Pueblo no ha sido ajena, a los despachos de los Defensores diariamente llegan cientos de denuncias y quejas provenientes de los más recónditos lugares del Cauca, advirtiendo sobre el padecimiento de las familias , rogando ayuda efectiva del Gobierno Nacional.
Como respuesta a ese clamor, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, envió una carta al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en la que pide convocar de carácter extraordinario y presencial una sesión de la ‘Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas’ (Ciprat), con el objetivo de que sea abordada la grave situación de riesgo y amenaza a la que están expuestas las familias en el Cauca.
Sobre todo, dice el Defensor, el riesgo es inminente está en los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Caldono, Jambaló, Puerto Tejada, Padilla, Villa Rica y Guachené, en el norte del Cauca.
“Los riesgos se han ido materializando en hechos vulneratorios de derechos, conductas que hemos venido dando a conocer en seis de nuestras Alertas Tempranas emitidas en los últimos tres años y sus posteriores oficios de consumación”, asegura Camargo Assis.
En 2023 la Defensoría emitió para el norte del departamento tres Alertas Tempranas. El denominador común del factor generador de riesgo fue el afianzamiento de las estructuras del Bloque Occidental Jacobo Arenas, que posiblemente se viene dando por la ventana de oportunidad que les dio el cese al fuego bilateral entre el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc y el Gobierno Nacional.
“En la actualidad, los ataques y afectaciones de los grupos armados ilegales parecen estar dirigidos contra la población civil, como forma de presión para que no permita la presencia estatal, especialmente de la fuerza pública en zonas rurales”, añade el Defensor del Pueblo.
De acuerdo con la Defensoría, en lo que va del 2024 han sido registrados 23 casos de reclutamiento forzado en el Cauca, y al menos nueve de ellos en el norte del departamento. En el 2023 fueron reportados 153 niños, niñas y adolescentes indígenas reclutados o con amenaza de reclutamiento en la zona norte, de los 235 casos en todo el Cauca.
“También es importante tener en cuenta los efectos de la suspensión del cese al fuego, toda vez que es posible que se incremente la instalación de campos minados, homicidios, reclutamiento forzado, una mayor instrumentación de la población civil para que los actores armados al margen de la ley puedan evadir la misión en terreno de la fuerza pública”, alerta Carlos Camargo Assis.
Pero no se trata solo del reclutamiento, también según la entidad, hay incremento en el riesgo de los líderes sociales, instrumentación de la población civil, confinamiento de comunidad, entre otros hechos violentos. Es incierta aún la respuesta del ministro de Interior al clamor del Defensor.
