Los militares (r) responsables de las desapariciones forzadas que se presentaron en la recuperación del Palacio de Justicia en 1985 surtieron la segunda instancia de un largo proceso en su contra.
El caso más vistoso es el del coronel (r) Edilberto Sánchez, quien fue capturado en 2006 y posteriormente dejado en libertad. Este martes, sin embargo, se conoció que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió en segunda instancia la situación de él y de otros cuatro excompañeros.
En efecto, los magistrados confirmaron los 40 años de condena que deberá pagar el coronel Sánchez, al igual que Oscar William Vásquez. Por su parte, a los otros tres se les revocó la absolución del proceso y les quedó en firme la condena.
Se trata de los uniformados retirados Antonio Rubay Jiménez, Luis Fernando Nieto y Ferney Ulmardín Causayá, a quienes la justicia había dejado, en primera instancia, absueltos. Ellos finalmente fueron responsables, según el Tribunal, de las desapariciones de Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández.
El caso del coronel (r) Sánchez
A este veterano militar retirado se le encontró responsable del delito de desaparición forzada agravada por dos personas de cuando fue comandante del B-2, grupo que quedó a cargo de los sobrevivientes del Palacio de Justicia tras la toma del M-19.
Las víctimas identificadas fueron las tres que se les conocieron a sus otros compañeros: los trabajadores de una cafetería Carlos A. Rodríguez y Bernardo Beltrán; y la entonces guerrillera Irma Franco. Estas mismas personas le relacionó el Tribunal al militar Vásquez.
Por su parte, el oficial Sánchez fue el encargado del puesto militar que había en la Casa del Florero, lugar al que eran trasladadas las víctimas del Palacio de Justicia. Bajo su mando se habría ejecutado un plan para clasificar a personas que eran consideradas como parte del M-19.
A la gente a la que se le consideraba sospechosa luego de un interrogatorio que hacían hombres de civil, la trasladaban a otras instalaciones militares y finalmente la desaparecían, como en el caso de las víctimas mencionadas. Ese modus operandi fue encontrado en el grupo de militares retirados, a quienes el Tribunal les cuestionó que se alejaron de sus trabajos como miembros de una Fuerza Militar y procedieron a incurrir en actos indebidos.
Por este caso, el oficial Sánchez fue dejado en libertad por vencimiento de términos en 2008. Por el momento gozará de libertad ya que la sentencia no está en firme, en un caso que posiblemente se extienda ante la Corte Suprema de Justicia.
Respecto a otros oficiales condenados por desapariciones en el Palacio está el general Jesús Armando Arias Cabrales, sentenciado a 35 años de cárcel por la misma Corte.
Por su parte, el general (r) Iván Ramírez Quintero está a la espera del fallo de segunda instancia luego de haber sido absuelto en 2015. Finalmente, el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega quedó en libertad luego de que la Sala de Casación Penal del alto tribunal tumbara la condena en su contra a 25 años de prisión.
