Con los argumentos de atacar la criminalidad, de avanzar en justicia transicional y de tener todo el inventario de investigaciones contra las Farc, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, en entrevista con EL COLOMBIANO el viernes pasado, defendió la serie de contratos que la Fiscalía General ha venido firmando con personas y entidades externas a la entidad. Además, destacó que no hay nada de irregular.
Sobre los contratos que la Fiscalía le dio a la politóloga Natalia Springer advirtió que se están hablando “muchas cosas descontextualizadas, muchas falacias y mentiras”.
Hay polémica por los contratos asignados directamente por la Fiscalía a personas y entidades, lo que se ha llamado una “nómina paralela”. ¿Cuál es su posición en este asunto?
“Lo primero que hay que decir es que aquí se han respetado todas las normas de la contratación. Eso es lo mínimo que se espera en una entidad como la Fiscalía. Segundo, todos los contratos son públicos, todos se publican, aquí no se está escondiendo ninguna información ni mucho menos. Tercero, todas las personas que han sido contratadas de forma directa por parte de la Fiscalía han llegado para hacer una función que la entidad no puede cumplir, eso es importante destacarlo. Cuarto: todas son personas de la mayor idoneidad necesaria para cumplir con lo que ha sido contratado”.
¿Qué es lo que ha querido priorizar la Fiscalía con estos contratos?
“Estos contratos están enfocados en tres grandes ejes. Uno, contratos para desarrollar los nuevos modelos investigativos en materia de criminalidad organizada, es decir, contratos que nos digan cómo debemos avanzar en la investigación de gran criminalidad con el nuevo enfoque investigativo de la Fiscalía que es la priorización y el contexto de la macrocriminalidad. Un segundo eje es el de los contratos para justicia transicional. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por sacar adelante el proceso de Justicia y Paz, que ha venido con muchos inconvenientes en la Fiscalía, que nosotros logramos reconducir. Aquí está el componente de las investigaciones contra las Farc, de cómo nosotros debemos investigar correctamente a las Farc, con un objetivo: que cuando inicie la justicia transicional, cuando el gobierno firme los acuerdos y se determine cuál es la forma de judicialización, nosotros estemos listos para entregar todo el material depurado y todas las investigaciones hechas. Que no pase lo que sucedió con Justicia y Paz, que a la Fiscalía le tocó empezar de cero. En este caso no vamos a empezar de cero porque, entre otros, el contrato de Natalia Springer está enfocado precisamente a cómo nos preparamos nosotros para que al momento en que toque judicializar a las Farc sepamos exactamente qué hay contra ellas, cuáles son los procesos, qué les vamos a imputar, quiénes son los máximos responsables, quiénes son los miembros del secretariado, quiénes los del estado mayor central. Un trabajo que en la Fiscalía no se había hecho, y que lo hemos realizado en el último año y medio con apoyo de estas personas. Y un tercer eje de contratos es el de la reorganización administrativa de la entidad. Como por ejemplo, el contrato con el exmagistrado Pedro Munar, especialista en derecho civil. Él nos está ayudando a depurar lo que son los bienes y propiedades de la Fiscalía, que nunca se habían organizado. Tenemos bienes en todo el país con problemas de titulación, de posesión, de pertenencia, que nunca se habían arreglado. No son temas penales”.
Sin embargo, el listado que reveló la prensa ha generado mucha controversia.
“Me parece a mí que la gente está exagerando totalmente con estos temas. Yo invitaría a que compararan con los contratos de otras entidades. La Fiscalía tiene un presupuesto muy grande, y pues necesita contratos por los montos que están diciendo, y la verdad es que en comparación con el presupuesto, eso es irrisorio”.
¿Por qué el fiscal general Eduardo Montealegre relaciona estos contratos con la consecución de la paz?
“Si hay que hacer estos contratos para conseguir la paz, que para cuando se firme la paz estén los procesos de judicialización listos, pues hay que hacerlos. En eso no podemos escatimar. El compromiso es dejar una Fiscalía moderna que esté lista para responderle a la firma del proceso de paz. En eso estamos trabajando a pasos gigantes, aceleradamente, con toda la transparencia”.
Existe la inquietud, incluso entre funcionarios de la propia entidad, de si todos estos recursos de contratación externa habrían servido mejor para fortalecer la organización interna, por ejemplo en las fiscalías regionales, donde hay fiscales con miles de expedientes a su cargo. ¿No era mejor nombrar más fiscales?
“Ninguna fiscalía, ni siquiera la fiscalía colombiana, está en capacidad de hacer lo que tendría que hacer en un país lleno de criminalidad como Colombia. De manera que decir que con ese dinero se podrían contratar más fiscales es demagógico. Es evidente que siempre vamos a necesitar más fiscales, más investigadores. Pero eso ya está en el plan que hicimos dentro de la reestructuración de la entidad. Hay que diferenciar entre gastos de funcionamiento, gastos de personal, gastos de inversión, etc. Teníamos un plan de fortalecimiento regional. Lo que ha pasado es que en materia de gastos de personal, el gobierno dijo que iba a destinar un presupuesto para crear alrededor de 3.000 cargos. Hasta este momento, ese presupuesto no ha sido entregado, porque vino la crisis del petróleo. Entonces a la Fiscalía sólo se le ha dado el dinero que se le prometió para el primer año ($100.000 millones), que se destinó para hacer un par de nombramientos en Guainía, Vichada, Guaviare, Amazonas, que eran regiones donde la Fiscalía no existía. Se han fortalecido algunas regionales, pero no se ha podido hacer todo, porque no se nos ha entregado la plata por parte del Ministerio de Hacienda. Se dice que al fiscal con la reestructuración le dieron no sé cuántos miles de cargos, y eso no es cierto. No se le han dado a la Fiscalía los cargos que se le prometieron ni la plata, al contrario. Aquí se le ha hecho conejo a la Fiscalía. Sin embargo, nos hemos dedicado a la gerencia y a la reestructuración con lo que tenemos”.
¿Y las necesidades de las fiscalías regionales?
“Bueno, dicen que hay fiscales con 250 casos. Pero un despacho ideal no se mide por el número de casos, ese era el problema que teníamos nosotros y que identificamos cuando llegamos a la Fiscalía. Si un fiscal tenía por ejemplo 200 casos y se decía que el ideal era tener 50, entonces necesitaría tres fiscales más para evacuar los expedientes. Con esa lógica, necesitaríamos 20.000 fiscales más en todo el país. Pero la lógica correcta es cómo los fiscales actuales pueden gerenciar de la mejor forma para que se den resultados, y se va adelantando toda esa carga. En todo caso, hay previsto un crecimiento de fiscales, pero ya eso le tocará a la próxima Fiscalía”.
En el caso específico de los contratos a Natalia Springer, la prensa ha dado a conocer los reparos que hizo un auditor de la Fiscalía a esos contratos y a unos primeros pagos. ¿Qué fue lo que pasó con eso?
“Se están hablando muchas cosas descontextualizadas, muchas falacias y mentiras. Sobre el informe de ese fiscal sobre el contrato, hay que mirar bien lo que pasó. Primero, cuando la persona empieza a ejecutar un contrato, presenta informes parciales. Y en este caso, la contratista presentó ese primer informe, y como es normal, es objeto de supervisión. El supervisor, en un informe que es público, dijo que ahí había que hacer unos ajustes. Y como el contrato era de ejecución sucesiva, se hicieron los ajustes, hasta que encontramos el documento que era necesario para nuestro trabajo. Eso lo hacemos en la mayoría de los contratos. Ese, además, no fue el informe definitivo sobre el contrato con Natalia, con quien seguimos trabajando y de quien valoramos mucho la labor que ha hecho”.
¿Al ser ella una contratista externa, no se corre el riesgo que las investigaciones sean luego objeto de solicitud de nulidad por no haber sido adelantadas por funcionarios judiciales?
“Nosotros tenemos un trabajo con Natalia Springer sometido a cláusulas de confidencialidad, por supuesto. Pero es que ella no está decidiendo sobre los procesos. Ella lo que nos está ayudando es a hacer la investigación sistemática y contextual que implican estas graves y masivas violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de 54.000 casos de desplazamiento, de más de 30.000 casos imputables a las Farc. Y usted cómo analiza eso si no es a través de unos patrones y unas metodologías utilizando logaritmos como lo ha hecho ella. Si nos ponemos caso por caso, a mirar expediente por expediente... Lo que se necesita para saber si es un delito de lesa humanidad es determinar si es sistemático. Y en eso es en lo que ella nos está colaborando, para ver si esos procesos que están en la Fiscalía pueden constituir un patrón de sistematización de una conducta, y ese es el trabajo que están haciendo con un equipo muy capacitado que ella tiene”.
El fiscal aseguró que detrás de esto, de los cuestionamientos a los contratos, está el entorno de la criminalidad.
“La causa de todo esto es que los que han violado los derechos humanos, los paramilitares, el entorno político económico y político del paramilitarismo, la guerrilla, todo el mundo está sintiendo pasos de animal grande. Porque es primera vez que la Fiscalía General de la Nación está investigando, está poniendo el rótulo de crímenes internacionales a estas investigaciones. ¿Y eso qué significa? Que va a haber casos que van a ser investigados bajo la técnica de los tribunales internacionales. Y que se a todos estos delincuentes se les diga que han cometido crímenes sistémicos, pues les da pánico, les da miedo que ya esos términos los esté usando la Fiscalía”.
