En pocos años el abogado Miguel Ángel del Río se ha convertido en el defensor de las causas populares de las redes sociales, en una suerte de influencer jurista. Así las cosas, devino en entusiasta de los postulados del Pacto Histórico y los casos que representa van por esa línea: defensor de Juan Guillermo Monsalve —testigo clave contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez—, de Aida Merlano, de Daniel Mendoza —Matarife—, y otros más. Ahora está en fuego cruzado con el fiscal Francisco Barbosa por la muerte del coronel Óscar Dávila, la que calificó como un suicidio tan solo 20 minutos después de que se conociera la noticia, sin antes contar que ese día había recibido 50 millones de pesos en efectivo del oficial.
Abogados bogotanos califican a Miguel Ángel del Río como un tipo estudioso, dueño de una dialéctica filosa, “su trabajo estuvo muy en las bases de los movimientos sociales, seguro porque vio ahí toda una oportunidad. Además, él mismo se encarga de sus redes sociales, las estudia, las mueve. Sí se ha convertido como en la otra cara de abogados que parecen activistas, como Abelardo de la Espriella, obviamente los dos están en corrientes políticas muy distintas, adversas”.
Es claro que con el caso del coronel Dávila, Del Río actuó precipitadamente, instalando en Twitter e Instagram una versión rápida de los hechos, implantando lo que podría llamarse una verdad jurídica: “El día de ayer me reuní con el coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme que de la Fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detendrían ‘hasta que corriera sangre’. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”.
Cinco días después, cuando se conoció del pago de los 50 millones de pesos que le pagó el coronel Dávila para su defensa, el abogado aceptó que se trató de una conjetura rápida, pues no hay congruencia en que un hombre que planea su defensa jurídica, y que paga por ella, también planee su suicidio. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en Colombia desde el Caso Colmenares —en Estados Unidos desde el caso O.J. Simpson— , los juicios no solo son un puesta en escena de los tribunales, también son un pulso mediático que desde medios y redes instala versiones y presiones.
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Los trinos no son azarosos en épocas de abogados influencers —periodistas influencers, políticos influencers—. Entre las últimas ideas que dejó el sociólogo polonés Zygmunt Bauman está esa de que las redes sociales no una comunidad, son una relación cerrada en la que las personas hablamos en el círculo cerrado de nuestras ideas, de nuestros prejuicios. Así, el que trina no busca diálogo sino un megáfono, instalar una verdad. Aplica, en este caso, a derecha y a izquierda.
La historia del abogado Del Río es casi de inspiración. Es barranquillero, su padre trabajó en el sector público y tuvo varios amigos políticos que le ayudaron a instalarse en puestos de diferentes alcaldías; estudió Derecho en la Universidad de la Costa, y según ha contado, tuvo trabajar en call centers para costearse los semestres. Luego se hizo aeromozo, ayudado por sus maneras refinadas, su estatura y su figura. Después de graduarse viajó a Bogotá, donde trató de todas las maneras de unirse a un buen bufete de abogados, pero no fue posible. Se colaba a clases de maestría, pese a no estar matriculado, de esa manera se aseguraba de aprender y actualizarse.
En la vida hay quienes tiene la suerte de tropezar con una piedra de fortuna, y Miguel Ángel del Río tuvo ese azar. Fue él quien logró desenmascarar a Silvia Gette, exrectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla, quien asesinó al ganadero Fernando Cepeda, esposo de su hijastra, pero quien hábilmente había montado un ardid para hacer parecer como culpable a su propia hijastra, María Paula Ceballos. Su nombre entonces se esparció con fama por la costa, era el héroe que había destrabado tremendo culebrón.
De allí saltó a investigar el impune asesinato de Carlos Rodríguez Pomar, hijo del llamado sastre del vallenato, Carlos Rodríguez Gómez. Del Río tuvo acceso a las intervenciones a las comunicaciones que hizo la Fiscalía de José Hernández Aponte (el Ñeñe), allí aparecieron las voces y menciones de Marquitos Figueroa y Kiko Gómez, y se revelaba una red criminal de favores, homicidios y compra de votos. Este fue el capítulo conocido como la Ñeñepolítica, en la que se investigó la compra de votos en La Guajira y que implicó la campaña del expresidente Iván Duque. Fue este el caso que acercó al abogado con el Pacto Histórico y con el ahora presidente Gustavo Petro.
Por esos años, Del Río —que siempre ha sido un abogado generoso con la prensa— dio entrevistas por doquier explcicando esa llegada de dineros a la campaña de Duque; apuntaló su estrategia en las redes sociales, se hizo visible y ganó popularidad, lo que dio réditos a la vuelta de unos meses. Ahora estamos hablando de un abogado exitoso que, según dijo él mismo refiriéndose al caso del coronel Dávila, puede cobrar hasta 500 millones de pesos por una defensa de ese tamaño, así de complicada.
