El inicio de la audiencia preparatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez quedó fijado para el próximo 2 de octubre y la defensa del acusado se alista para reforzar los argumentos que indican que en el proceso judicial ocurrió un aparente ocultamiento de material probatorio.
El viernes 6 de septiembre –cuando estaba programada la audiencia– el abogado de Uribe, Jaime Granados, pidió la palabra y solicitó que la diligencia judicial fuera aplazada por al menos 30 días.
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El argumento del defensor es que la Fiscalía y los abogados de las víctimas en el proceso no hicieron el descubrimiento total del material probatorio.
La jueza 44 Penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, accedió a la petición. Uribe, acusado por soborno, fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal, buscará demostrar las aparentes vulneraciones que sufrió en el proceso.
El abogado Granados insiste en que se ocultaron más de 500 horas de análisis. “Lo que entregó la Fiscalía, su señoría, corresponde a material inédito, es decir, no conocido por la defensa en estos seis años que lleva este proceso”, afirmó el defensor.
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El plazo concedido por la juez significa una garantía para que las partes puedan analizar el material probatorio completo. Pero el tiempo también servirá para reforzar la estrategia del abogado Granados.
La defensa del expresidente intentó tumbar todo el proceso bajo el mismo argumento de falta de garantías. Pero el Tribunal Superior de Bogotá –en una decisión de segunda instancia– le dijo no a esa solicitud el pasado 27 de agosto.
Entre las pruebas que la defensa reclama se encuentran dos videos que fueron grabados con un reloj espía que le pertenecía a Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso.
Granados también insiste en que se le entregue el computador y el celular que le habían incautado a Monsalve en la prisión.
Esa información estaría registrada en discos duros. Para el abogado Granados, allí estarían las claridades para destrabar el caso de Diego Cadena, exabogado de Uribe y que es señalado de presionar a exparamilitares para que rindieran versión en favor del expresidente.
La fiscal delegada en este proceso, por su parte, también reconoció que no se hizo la entrega del material en los tiempos acordados y aclaró que todo el dossier está en el almacén del material probatorio que, previamente, había entregado la Corte Suprema de Justicia. El abogado Granados también buscaría interponer una tutela con la que pretende demostrar que a su cliente se le habrían vulnerado varios derechos en este proceso que está en la discusión pública desde el 2018.
¿Errores en la imputación?
El 24 de julio de 2018 la Corte abrió una investigación formal contra Uribe y lo llamó a indagatoria.
El caso empezó por el supuesto intento del expresidente y del exrepresentante a la Cámara Álvaro Hernán Prada (hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral, de influir y presionar a Juan Guillermo Monsalve para que testificara en contra del senador Iván Cepeda.
Dos años después, el 4 de agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte ordenó la medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria contra Uribe “como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.
