Será cuestión de horas para que siete personas, procesadas por cometer delitos durante las protestas del Paro Nacional, recobren su libertad para convertirse en voceros de paz del gobierno de Gustavo Petro. Los jóvenes son de Medellín, Bogotá, Cali y Popayán y deberán cumplir compromisos de reconciliación en sus territorios.
“Estas designaciones no interrumpen los procesos de las autoridades judiciales. Si alguna de estas personas es llamada a interrogatorio, deberá ir a él y lo mismo ocurre en caso de existir una eventual condena tendrán que cumplir con ella. La decisión del presidente Petro no interfiere con la separación de poderes”, aclaró el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
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Arles Andrés Bolaños Zemanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza son las siete primeras personas que recobrarán la libertad.
Al despacho del Alto Comisionado para la Paz llegarán las resoluciones que certifican que los jóvenes son aptos para ser voceros de paz. Luego, los documentos serán remitidos a las autoridades judiciales y las libertades podrían hacerse efectivas a partir de la próxima semana. Además, los voceros deberán firmar un acta de compromiso.
“En el acta deben compromterese a no cometer ningún tipo de conducta que atente contra ningún tipo de persona”, señaló el ministro del Interior, Alfonso Prada.
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Los jóvenes seguirán vinculados a sus procesos judiciales. En las carpetas del gobierno reposan los perfiles de 283 personas que podrían convertirse en gestores de paz si después del estudio de los casos se aprueba su designación como voceros de paz.
De acuerdo con el gobierno, estas personas son investigadas por cometer posibles delitos de concierto para delinquir, tenencia de objetos y sustancias peligrosas, lanzamiento de objetos o sustancias peligrosas, violencia contra servidor público, invasión de bien inmueble, perturbación en servicio de transporte público y obstrucción de vías públicas.
Los liberados no tendrán remuneración económica por parte del gobierno, pero si serán afiliados al sistema de seguridad social como exige la ley. Antes de iniciar con sus tareas, deberán tomar un curso de derechos humanos y construcción de paz que será una donación de la Universidad del Valle.
