Para el próximo martes 13 de septiembre quedó programada la audiencia de tasación de la pena de la modelo e influencer Aida Victoria Merlano Manzaneda, quien colaboró en la fuga de su madre, la excongresista corrupta Aida Merlano Rebolledo.
La fecha se conoció al mediodía de este martes, cuando luego de un juicio oral de casi dos años el Juzgado 20 Penal del Circuito de Bogotá emitió un sentido del fallo condenatorio contra la joven de 23 años, por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos.
El crimen sucedió el 1 de octubre de 2019 cuando la excongresista, que estaba presa, aprovechó que le concedieron permiso para ir a un consultorio odontológico en Bogotá, del cual se fugó descendiendo por una cuerda desde el balcón.
En dicho plan de fuga participaron Aida Victoria y un hermano menor de edad, que fue instrumentalizado por las mujeres. La prófuga huyó a Venezuela, donde se encuentra actualmente, y la justicia la condenó a 11 años y cuatro meses de prisión por corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.
La política estaba detenida desde 2018 por su participación en una conspiración electoral de compra de votos, para favorecer a los candidatos del llamado Clan Gerlein en la Costa Atlántica.
En la próxima audiencia de tasación de pena, el Juzgado precisará los años de cárcel que tendrá que pagar Aida Victoria. Según el Código Penal, el delito de favorecimiento de fuga conlleva una pena que oscila de 6 años y seis meses a 12 años.
Mientras que el cargo de uso de menores para la comisión de delitos contempla un encarcelamiento de 10 a 20 años.
Una vez se defina la pena, la defensa de la procesada podrá apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá, que analizará el caso en segunda instancia.
Aunque la pena que le corresponda a la sentenciada podría superar la década tras las rejas, la justicia penal colombiana ha sido laxa con otras influencers en el pasado.
Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue condenada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá a cinco años y dos meses por instigación con fines terroristas, tras destruir el inmobiliario de una estación de Transmilenio en 2019 y grabarse para inspirar a otros a cometer los mismos desmanes, durante una protesta callejera.
A pesar de esto, la condenada no ha pagado un solo día de cárcel, gracias a acuerdos judiciales que le permitieron seguir libre y trabajando.