La noticia de la extorsión al suspendido canciller Álvaro Leyva podría dar un giro inesperado por las declaraciones del supuesto hombre que chateó con él durante varias semanas para pedirle dinero a cambio de información sobre la multinacional Thomas Greg and Sons.
La primera noticia en este caso fue revelada por la Revista Semana, quien publicó una serie de capturas de pantalla de la red social WhatsApp en las que un hombre que se hizo llamar “Edward Soto” le ofreció información confidencial para perjudicar la TGS, la multinacional que participó en la licitación de pasaportes y que tiene al Gobierno en problemas por una millonaria demanda.
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Según aseguraba el hombre, él era un antiguo trabajador del vicepresidente financiero y dueño de esa compañía, Camilo Bautista, y por eso tenía información privilegiada sobre “documentos de contratación, licitaciones y otras cosas de la empresa que muy seguramente le interesaría conocer”, aseguró el hombre en esas comunicaciones con Leyva.
A cambio de esa información, el extorsionista pedía una suma de 30 millones de pesos que debían ser consignados a una cuenta antes de él enviar la supuesta información que tenía.
Para ese punto, el canciller Leyva ya había sido más astuto y había puesto el caso en manos de la Fiscalía General de la Nación para indagar posibles delitos del informante.
Sin embargo, Álvaro Leyva le siguió el juego a la otra persona y alcanzó a enviarle el dinero “desde una sucursal de Bancolombia al Norte de Bogotá”, como dijo Semana.
Lo que pasó después de ese pago fue que el hombre del otro lado de la línea comenzó a extorsionar a Leyva diciéndole que si no le pagaba otra alta suma de dinero filtraría a los medios de comunicación esas conversaciones que mostraban como un alto funcionario del Gobierno pagaba sobornos a cambio de información.
El giro inesperado en la trama
Pero, después de todo ese escándalo, la W Radio dio a conocer otros chats donde el supuesto “Edward Soto” aseguró que todo esto fue un montaje de Leyva que quería autoextorsionarse.
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“Quiero que sepa que lo del canciller es una autoextorsión. Soy uno de los que fue contratado por una persona cercana a él para fabricar la trama y que el escándalo saliera los medios, pero lo que nos indigna es que nunca nos informó de que iba a poner denuncias, solo que se generaría un escándalo mediático para eso nos contrató y nos pagó un dinero aparte incluso del que supuestamente depositó en la cuenta Bancolombia” dijo.
Según él, en versiones que no han sido confirmadas por la Fiscalía General de la Nación, Leyva los buscó y los contrató para que lo chantajearan y así dar un golpe a la opinión pública.
“Ahora tiene a todo el aparato de la inteligencia del Estado tras de nosotros, desgastándose buscando a unos delincuentes que él mismo buscó, contrató y les indicó lo que había que hacer”, dijo el supuesto extorsionista en diálogo con la W.
Por ahora, esa versión carece de sentido porque no está tan clara cuál sería la intención de Leyva de autosobornarse. Además, si esa fuera la intención del canciller, él no se hubiera molestado en denunciar los hechos ante la Fiscalía.
¿Qué tiene que ver Thomas Greg and Sons?
Ahora bien, la información que le ofrecían a Leyva sonaba interesante porque hablaban de archivos clasificados que comprometían a la multinacional Thomas Greg and Sons, TGS, la compañía que tiene varios megacontratos con el Estado desde hace más de 20 años y que, hoy por hoy, está metida en todo el lío por la licitación de pasaportes.
Dicha licitación, por 600.000 millones de pesos, puso en aprietos al Gobierno Nacional porque, casi al final del proceso, Leyva se dio cuenta de que había posibles condiciones que favorecían a esa empresa por encima de otras compañías.
Bajo ese contexto, el entonces canciller declaró la licitación desierta y decretó una emergencia manifiesta con la que volvió a contratar el tema de pasaportes por un año más mientras realizaba una nueva licitación desde cero.
En todo ese caso, Thomas dijo ser víctimas porque llegó hasta el final de la licitación y finalmente no le entregaron el contrato.
Por eso que ellos consideraron “daños y perjuicios” demandaron a la nación por un millonario monto de 117.000 millones de pesos.
Finalmente, fue por esas presuntas demoras e irregularidades en la licitación, la Procuraduría General de la Nación suspendió por un período de tres meses al canciller, quien actualmente cumple esa sanción.
Por ahora, este tema de las extorsiones al Canciller siguen siendo investigadas por la Fiscalía, quien aún no da con la verdadera identidad del tal “Edward Soto”.
