El exsecretario de Educación de Neiva (Huila), Giovanny Córdoba, fue de los últimos funcionarios en meterse en líos por incumplimientos con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). La Procuraduría lo llamó a juicio disciplinario por, presuntamente, hacer una inadecuada selección de los operadores que distribuyen los alimentos de ese programa.
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Las sombras del PAE suelen ser la primera referencia de este programa. Tienen que ver con incumplimientos en el inicio del año escolar, tutelas contra alcaldes y gobernadores, falta de presupuesto e investigaciones penales o disciplinarias. Todas las ha alertado la Procuraduría General este año.
El Programa de Alimentación Escolar es costoso y busca darles suplemento alimenticio a los estudiantes de colegio más vulnerables del país.
Según cálculos de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar –entidad adscrita al Ministerio de Educación–, el PAE tiene una cobertura del 76,4 % (90,8% en zona rural) que representa los 5.851.769 de beneficiarios (1.987.368 son rurales). Y en promedio recibe al año $3,4 billones (casi lo mismo por lo que licitaron el metro de la 80 en Medellín) provenientes de la plata que le dan la Unidad, del Sistema General de Participaciones y los recursos de las gobernaciones y alcaldías.
Con este panorama, el gobierno anunció esta semana el quinto giro de recursos para las 97 entidades territoriales (32 departamentos y 65 municipios) por $207 millones. Al tiempo, el director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Luis Fernando Correa, puso la meta de cobertura para cuando termine este gobierno: para 2026 esperan ampliar la cobertura hasta el 90 % y hasta el 80 % al finalizar este año.
Sin embargo, para cumplir esa meta, serán varios los retos por sortear. Empezando por las dos entidades en las que actualmente se está prestando el programa de manera parcial (Amazonas y Cauca) y en las otras tres en las que no se presta el servicio (Montería, Pitalito y Córdoba).
Para el jefe del pregrado en Nutrición de la Universidad CES, Freddy Gómez, la operación del programa en las zonas rurales dispersas son “un reto gigante porque la gestión logística y administrativa que les corresponde a los municipio recae en gran parte en los docentes, que son muchas veces los que trasladan los alimentos y gestionan la parte final del programa en las instituciones educativas”.
Por otra parte, el profesor del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional, John Jairo Bejarano, señala que la transición entre los alcaldes y gobernadores salientes con los que serán electos en las próximas elecciones regionales es el otro desafío que está a la vuelta de la esquina.
“Independiente del partido que representen los alcaldes y gobernadores, hay que pensar primero en que los beneficiarios son un grupo poblacional de alta vunerabilidad y que en años será un capital humano, según el potencial cognitivo y laboral que podemos forjar desde los colegios”, agregó.
De hecho, mediante la circular número 006 de la Unidad de Alimentación se impartieron directrices para que en 2024, cuando los mandatarios locales inicien sus periodos constitucionales, se inicie oportunamente.
Gómez agrega que las procesadoras de alimentos son una gran dificultad para los municipios pequeños a los que la gestión “no les da para eso”, debido a que la plata que les giran desde el gobierno central “es solo para el pago de alimentos”, mientras que “los departamentos y municipios deben aportar para el funcionamiento y logística”.
Entre tanto, Bejarano puntualiza con que la formación de “veedores ciudadanos, empezando por los niños beneficiarios, que vigilen los procesos y hagan denuncias” es un buen inicio para cambiar la imagen del PAE, que actualmente “se asocia con corrupción y no con lo bueno, porque esos lunares son los que más afloran”.
Sin ir más lejos, de la articulación en los empalmes de gobiernos locales y del abordaje a la implementación en las zonas rurales dependen que los $1,5 billones que se giran este año para el PAE –que la Unidad califica como el monto más alto para ese programa– no solo sea un anuncio bonito para la rueda de prensa, sino un augurio de que la meta del 95% de cobertura para 2026 se logre.
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