Aunque fue ternada por el presidente Gustavo Petro, la fiscal Adriana Camargo no se salvó de las críticas del mandatario. Durante el Consejo de Ministros del 25 de marzo, el jefe de Estado cuestionó el trabajo de la funcionaria en relación con las investigaciones de los “grandes temas de corrupción”, específicamente contra el capo Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’. “Hay que conversar con la fiscal para ver qué pasa, porque la Fiscalía está para descubrir estas cosas, porque estos son delitos, el presidente ya no puede investigarlos”, aseguró.
En su intervención, Petro agregó que no sólo le parece que “la Fiscalía está paralizada”, sino que también acusó a la entidad de ejercer cierta persecución política contra él y afirmó que, al mismo tiempo, la investigación se estaría guiando hacia un camino que favorecería al narcotraficante. “Ahora al Pitufo nos lo quieren echar encima para ocultar la corrupción en Colombia y se está haciendo desde la Fiscalía, premeditadamente”.
“Y los jueces y fiscales lo que están haciendo es investigar a favor (del capo), entonces a Pitufo se le investiga por lo que hizo después de 2023. ¡Qué bonitos! Entonces quieren ver si me dio plata. Pues no me dio plata, entonces van a hacer la investigación y toda la investigación del Pitufo va a quedar impune porque son generales, senadores, expresidentes de la República que recibieron sobornos”, agregó.
Además, afirmó que le ordenó al ministro de Hacienda y al director de la DIAN un informe sobre puestos que se habrían podido entregar a Pitufo “porque fue prohibido completamente, no solo al Pitufo sino a las bandas que compiten con el Pitufo y lo quieren tener en la cárcel pero para quedarse con el negocio”.
El presidente hizo énfasis en el caso del narcotraficante, sin embargo, hay otra gran investigación que no ha avanzado rápidamente que el jefe de Estado no mencionó y que, además, involucra a funcionarios del Gobierno: la malversación de fondos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Las acusaciones están presentes desde inicios de 2024. Hasta ahora solo Sandra Ortiz (exconsejera de Regiones) y Maria Alejandra Benavides (exasesora de Ricardo Bonilla) han sido llamadas a declarar ante la Fiscalía, y en el caso de la primera ya hay una medida de aseguramiento en su contra.
El año pasado, Benavides aseguró que el exministro de Hacienda la habría obligado a autorizar el desembolso del dinero para los contratos. “Él (Bonilla) sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los cupos indicativos (...) Yo no podía cuestionarlo”.
Luis Fernando Velasco, quien presuntamente dio órdenes para redireccionar contratos con el propósito de favorecer a congresistas que le ayudarían a aprobar la reforma a la salud, aseguró que a su defensa le “será fácil demostrar las mentiras” de Olmedo López por escándalo en la UNGRD.
“Para mí es importante algo: que se tenga claro que a mí no me están involucrando con pérdida de dineros ni coimas. De hecho la misma Fiscalía cuenta que el mismo contrato que mencionan nunca se concretó”, le dijo el exfuncionario a El Tiempo.
Por último, EL COLOMBIANO tuvo acceso al documento de la fiscalía (del 6 de marzo) que ordena revisar las líneas telefónicas, cuentas bancarias y recorridos de Carlos Ramón González para obtener información clave para la investigación.
“En la dependencia que corresponda deberá establecer si en el espacio del Palacio de Nariño referido por Olmedo De Jesús López Martínez -salón de antesala de donde se lleva a cabo el Consejo de Ministros- existen cámaras de seguridad, determinando si hay registros para el periodo temporal comprendido entre el 18 de septiembre al 11 de diciembre del año 2023, en caso positivo obtendrá copia de los vídeos que den cuenta de reuniones entre Carlos Ramón González Merchán, Olmedo de Jesús López Martínez, Sandra Liliana Ortiz Nova y otros servidores públicos”.
Por el momento queda esperar que la Fiscalía ejecute las investigaciones y llame a los implicados.
Las interpelaciones por parte del presidente a Camargo llegan un año después de posesionarse en el cargo. Y aunque ella misma programó una rendición de cuentas frente a la Corte Suprema de Justicia, su nombramiento ha sido cuestionado frente a el Consejo de Estado, órgano que admitió tres demandas en contra de la elección de la fiscal.
Una de ellas alegaba que el nombramiento de Camargo era ilegal debido a que no estuvo en la terna presentada ante la Corte Suprema de Justicia. Ante esto la Procuraduría afirmó que el presidente Petro (quien era el encargado de entregar aquel documento) sí podía cambiar la terna luego de presentarla. Otra de las demandas fue presentada por un ciudadano, quien argumentó que las protestas fuera del Palacio de Justicia presionaron para la elección de la funcionaria.
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La demanda más reciente fue hecha por Harold Sua, quien argumenta que el acto de la designación de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, incurrió en varios vicios de expedición irregular, el desconocimiento del debido proceso y falta de motivación.
Aunque la fiscal ha negado todas las acusaciones y en su momento el presidente Gustavo Petro la defendió, queda en duda su continuidad luego de las declaraciones del presidente durante el Consejo de Ministros.
