En el último día de sesiones legislativas el Congreso confirmó que varios de los proyectos más claves del Gobierno de Gustavo Petro, como la ley de sometimiento, la reforma carcelaria y la reforma laboral, fracasaron por falta de apoyo y por no superar siquiera el primer debate.
En medio de una jornada agitada por las marchas de opositores al Gobierno en diferentes lugares del país y la noticia del hundimiento de la reforma laboral, el Capitolio cumplió con su última cita de la legislatura y desde Palacio poco o nada pudieron hacer para impedir la caída de proyectos más estratégicos.
Esta tensión se sintió en la plenaria del Senado, en la que los ánimos estaban agitados por cuenta de la aplazada votación del proyecto de acto legislativo con el que se busca regularizar el comercio de cannabis en el país. Esta discusión se dilató a tal punto que al cierre de esta edición la iniciativa no había sido votada.
No pasó la ley de narcobandas
Uno de los más clave era la ley de sometimiento de los grupos criminales, que en su momento fue catalogado como la herramienta principal para hacer realidad la política de paz total propuesta por el Jefe de Estado. Aunque la ponencia de esta iniciativa alcanzó a ser radicada, no se discutió en la Comisión Primera del Senado, por lo que terminó hundida.
Lo particular del caso es que a mediados de marzo pasado, cuando se radicó el proyecto, la bancada oficialista aseguró que era estratégica e incluso el entonces presidente del Senado, Roy Barreras, pidió al Gobierno tramitar esta iniciativa con mensaje de urgencia “para que la incertidumbre sea menor y los grupos sepan a qué ley acogerse”. Sin embargo, el proyecto no prosperó.
El senador Ariel Ávíla, ponente de esta iniciativa, lamentó que se hubiese quedado en el trámite a pesar de que inicialmente la Casa de Nariño mostró voluntad e interés por apoyarla, y señaló que la falta de mayorías en el Congreso –tras la ruptura de la coalición de gobierno– fue un reto que el proyecto no logró superar.
“La ley de sometimiento nunca se discutió en primer debate porque sencillamente no había mayorías para hacerlo. Desafortunadamente el Gobierno decidió concentrar su fuerza en los proyectos sociales, sacrificando así el resto”, apuntó el senador Ávila.
En ese contexto, el congresista de la Alianza Verde cuestionó que aunque hay actores armados ilegales que tienen voluntad para someterse a la justicia, al no aprobar todavía esta ley no hay un marco jurídico que permita adelantar esa dejación de armas, por lo que considera que el conflicto sigue prolongándose.
Y es que al no haber sido aprobado en al menos un debate en la recién concluida legislatura, según la Ley, la iniciativa no podrá ser tramitada en las sesiones extraordinarias a las que citará el Gobierno y tendrá que volver a ser radicada para comenzar su trámite legislativo desde cero.
Reforma carcelaria se estancó
Con esa misma suerte corrió la denominada ley de humanización de la política criminal y penitenciaria. Este proyecto tampoco alcanzó a ver la luz pese a que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, lo lideró y advertía que de no ser aprobada lo antes posible, los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país no darían abasto para recibir a las personas condenadas y sindicadas.
Al respecto, Osuna cuestionó en los últimos tres meses que a lo largo de dos décadas el país ha entrado en una “espiral de punitivismo” que considera que tiene una tendencia a aumentar penas, reducir beneficios para los condenados, crear delitos nuevos y pensar erradamente que mediante el derecho penal se podrían solucionar problemas sociales.
Este fue uno de los proyectos oficialistas que mayor polémica desató, ya que contemplaba beneficios para los presos y eliminación de algunos delitos, pero al no haber sido citada para debatirla y votarla, esta reforma terminó naufragando en el Congreso.
Una de las propuestas más controvertidas de esta reforma fue la de la libertad preparatoria con la que se buscaba darle un permiso a los condenados para que salieran a trabajar de día y volvieran al centro penitenciario en la noche.
Además, la iniciativa pretendía despenalizar delitos como la violación a la libertad religiosa, perturbación de ceremonia religiosa, irrespeto a cadáveres, supresión, alteración o suposición del estado civil, aceptación indebida de honores, entre otros.
Denuncian a López en la Corte
La última sesión plenaria que el Senado realizó antes de concluir la legislatura se tornó con los ánimos caldeados entre la oposición y el oficialismo. Tal era la falta de acuerdo que la sesión fue postergada en tres ocasiones y terminó arrancando a las 5:00 de la tarde con múltiples reclamos desde el Centro Democrático.
En una de las intervenciones la senadora Paola Holguín anunció que llevará ante la Corte Suprema de Justicia al presidente del Senado, Alexánder López, por presunto prevaricato al considerar que habría incurrido en omisión al vulnerar el derecho fundamental de la oposición.
“López negó injustificadamente a los partidos de oposición a establecer el orden del día de una de las sesiones plenarias y levantó vergonzosa e irregularmente la sesión el lunes pasado”, criticó Holguín.
Por ese polémico levantamiento de esa sesión, después de que el Pacto Histórico rompió el quórum, López planteó que “si generé alguna duda o con mis palabras ofendí a alguien le pido disculpas al país y a esta plenaria”.
