En el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley para regular el uso de biopolímeros en el país.
La iniciativa es producto de la autoría del representante a la Cámara José Daniel López, y presentada en compañía del concejal de Bogotá Rolando González y del cirujano Carlos Ríos. También estuvo presente en la radicación la activista Elizabeth Loaiza, víctima de la mala praxis con biopolímeros.
Este congresista dio a conocer los pormenores del proyecto radicado. Afirmó que el articulado busca reglamentar algunos puntos básicos sobre esta problemática. El primero es establecer que los procedimientos quirúrgicos para el retiro de biopolímeros sean reconocidos por los planes obligatorios de salud.
“Muchas personas que se aplicaron los biopolímeros, en un contexto de ignorancia y desinformación, cuando recurren a un médico, les indica que deben hacerse una cirugía de retiro de biopolímeros, pero las Eps no reconocen los casos. Buscamos generar la garantía porque una extracción de biopolímeros puede costar entre $20 millones y $30 millones”. afirmó.
En segundo lugar, el proyecto quiere tipificar la aplicación de biopolímeros como un delito dentro del Código Penal. De esta manera, de ser aprobado, los implicados podrían enfrentar de 20 meses hasta 110 meses de prisión, y el pago de 100 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes; la pena tendrá un agravante si es un médico quien comete el delito.
Adicionalmente, la propuesta quiere promover una serie de medidas de carácter preventivo y pedagógico ante el uso ilegal de la sustancia. En ese sentido, se busca la creación de campañas de sensibilización en medios de comunicación, además de publicidad sobre las instituciones y profesionales que están habilitados para realizar el procedimiento.
También se quiere dotar a las autoridades para que puedan inspeccionar sin aviso previo a los establecimientos que ofrecen procedimientos de este estilo y, de no ser encontrados aptos para ello, podrán enfrentar clausuras.
“Los biopolímeros son útiles en la industria del plástico, pero perjudiciales para la salud humana. Tenemos documentados muchos casos de personas que se han aplicado biopolímeros en contextos de absoluta falta de información por parte de quienes proponen y comercializan estos procedimientos, pues son de muy bajo costo. Tienen que enfrentar consecuencias de salud que van desde la muerte para abajo”, agregó el representante.
Si bien se trata de una propuesta pertinente, aún falta definir su futuro en el Congreso de la República. Por ello, es importante mencionar cuál es el sustento legal con el que cuenta la ciudadanía ante la mala praxis con biopolímeros actualmente.
Regulación actual
Elizabeth Loaiza y Lina Tejeiro, ambas creadoras de contenido para redes sociales, además de modelos y actrices, son algunas de las mujeres famosas del país que han tenido que pasar por un calvario médico por la aplicación ilegal de biopolímeros en medio de una cirugía estética.
Como ellas, miles de mujeres y hombres se someten a este tipo de procedimientos sin conocer el daño a la salud y la ilegalidad en su aplicación. Los casos en personalidades del país son solo una muestra para reflejar un problema de mala praxis que tiene consecuencias legales para médicos e instituciones.
Jesús Albrey González, gerente de la firma González Páez Abogados y presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, aseguró que los biopolímeros fueron catalogados por el Invima como productos con efectos adversos sobre el cuerpo humano. “Están prohibidos básicamente por tres razones: por la excesiva reacción inflamatoria, debido a que el organismo lo identifica como un cuerpo extraño; son creados con base en sustancias químicas; y su utilización compromete el estado clínico del paciente”, dijo el abogado.
González recordó que el uso de esta sustancia está prohibido en Colombia y no puede ser utilizada ni comercializada, pues no cumple con las disposiciones técnicas y legales para ser usados en escenarios médicos.
Responsabilidad legal
En caso de que un médico utilice biopolímeros en un procedimiento y el paciente vea comprometida su salud, el profesional deberá enfrentar toda la responsabilidad sobre el daño.
“Se trata de una responsabilidad de carácter penal y más aún si se conoce que el médico conocía el efecto de los biopolímeros y aún así decide aplicarlos. Estos médicos pueden enfrentar demandas por una responsabilidad civil contractual o extra contractual y pueden ser obligados a indemnizar los perjuicios materiales y morales que hayan provocado, además de otro adicional conocido como el daño a la salud”, dijo el abogado.
Con relación a las indemnizaciones actuales que podrían ser asumidas por un profesional de la salud ante una mala praxis con biopolímeros, el abogado aseguró que en materia penal hay una reparación integral para el ciudadano que puede alcanzar hasta 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. “Una vez existe una condena en firme, las víctimas pueden acceder al incidente de reparación integral que puede ascender a esta suma según el Código Penal”, afirmó.
También se deben tener presentes los topes de indemnización de índole civil por perjuicios, las cuales pueden alcanzar hasta los 100 salarios mínimos por víctima.
