A la creciente crisis en la paz total del presidente Gustavo Petro –que incluye el atentado del ELN y el fracaso de los ceses al fuego que el Gobierno vendió como una de sus victorias– se le sumó un nuevo revés que amenaza con dejar sin piso jurídico a sus negociaciones con grupos armados.
Esta vez, la Procuraduría General de la Nación le envió un duro concepto a la Corte Constitucional en el que le pide que declare inexequible la “totalidad” de la Ley 2272 de 2022, un articulado que le permite al Gobierno acercarse a los grupos armados del país y negociar su desarme con ellos.
La petición fue firmada directamente por la procuradora Margarita Cabello, y llegó al despacho de la Corte este viernes 31 de marzo en un documento de 13 páginas.
“Para la Procuraduría es claro que, en virtud de la noción amplia de unidad normativa desarrollada en la jurisprudencia, la Corte Constitucional deberá declarar la inexequibilidad de la totalidad de la Ley 2272 de 2022 para asegurar la supremacía de la Carta Política y el cumplimiento de sus fallos (...)”, reza el documento en poder de EL COLOMBIANO.
El concepto del ente de control llega en medio de una demanda que estudia la alta corte y que pretende tumbar el artículo 2 de esa Ley que le permite al Gobierno negociar nuevamente con desertores de anteriores procesos de paz.
Dicho punto establece que el Estado está autorizado a adelantar acercamientos y negociaciones con grupos armados dentro de los que caben “los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado colombiano”.
En el contexto de esa batalla jurídica, el Gobierno ha enviado sus propios conceptos en los que se ha contradicho sobre la posibilidad de negociar con desertores.
Pese a que en un primer momento dijo que exfirmantes de paz como Iván Márquez habían perdido toda posibilidad de negociar tras traicionar el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, en un documento posterior aseguró que es el jefe de Estado el que tiene la potestad de decidir con qué grupos negocia y a cuáles les exige sometimiento.
Sobre los argumentos de la Procuraduría para pedir que se declare inconstitucional la norma, el ministerio público expuso que algunos artículos se agregaron después de que la Ley pasara por las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes, por lo que no hubo lugar a que fueran debatidas en esa instancia por los congresistas.
La advertencia de la Corte
Pero esta petición de la Procuraduría tiene un antecedente aún más delicado. A principios de este mes, la Corte Constitucional emitió un fallo con el que, por primera vez en su historia, decidió que podrá suspender leyes demandadas que estén en marcha como una medida cautelar, mientras estudian si existe un riesgo inminente que afecte la Constitución.
Dicha advertencia, que se tomó precisamente evaluando la Ley de paz total, también incluyó un punto en el que decretó “urgencia nacional” para estudiar en el menor tiempo posible si esa Ley de paz total va en contra de la Constitución y, por ende, debe ser derogada.
Si eso ocurre, el presidente Petro recibiría uno de los golpes más duros que ha tenido que sortear en su Gobierno, pues esa ha sido una de sus principales banderas políticas dentro y fuera del país. De hecho, fue con esa iniciativa que el Gobierno probó a su nutrida coalición que, para ese entonces, logró pasar el proyecto sin mayores cambios y en poco tiempo. Hoy por hoy, esa coalición también está rota y a punto del quiebre absoluto por la polémica Reforma a la Salud cuya ponencia positiva fue radicada este viernes.
Así las cosas, estas han sido las semanas más críticas del Gobierno en los principales frentes de la paz total. Además del fallido cese al fuego con el Clan del Golfo, el presidente Petro también puso en duda la continuación de la mesa de diálogos con el ELN tras el atentado de esa guerrilla que dejó 9 militares muertos y 9 más heridos en el Catatumbo.
El caos fue tanto, que el jefe de Estado citó a su delegación de negociadores a una reunión de emergencia para analizar la crisis y tomar decisiones urgentes con las que, supuestamente, le exigirán a esa guerrilla implementar un cese al fuego para antes del tercer ciclo de conversaciones en Cuba.
Por ahora, la Corte Constitucional continuará evaluando la demanda en contra de la paz total y decidirá si pasa el examen del alto tribunal o se queda a cortas y debe ser suspendida o, en el peor de los casos, derogada
A la creciente crisis en la paz total del presidente Gustavo Petro –que incluye el atentado del ELN y el fracaso de los ceses al fuego que el Gobierno vendió como una de sus victorias– se le sumó un nuevo revés que amenaza con dejar sin piso jurídico a sus negociaciones con grupos armados.
Esta vez, la Procuraduría General de la Nación le envió un duro concepto a la Corte Constitucional en el que le pide que declare inexequible la “totalidad” de la Ley 2272 de 2022, un articulado que le permite al Gobierno acercarse a los grupos armados del país y negociar su desarme con ellos.
La petición fue firmada directamente por la procuradora Margarita Cabello, y llegó al despacho de la Corte este viernes 31 de marzo en un documento de 13 páginas.
“Para la Procuraduría es claro que, en virtud de la noción amplia de unidad normativa desarrollada en la jurisprudencia, la Corte Constitucional deberá declarar la inexequibilidad de la totalidad de la Ley 2272 de 2022 para asegurar la supremacía de la Carta Política y el cumplimiento de sus fallos (...)”, reza el documento en poder de EL COLOMBIANO.
El concepto del ente de control llega en medio de una demanda que estudia la alta corte y que pretende tumbar el artículo 2 de esa Ley que le permite al Gobierno negociar nuevamente con desertores de anteriores procesos de paz.
Dicho punto establece que el Estado está autorizado a adelantar acercamientos y negociaciones con grupos armados dentro de los que caben “los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado colombiano”.
En el contexto de esa batalla jurídica, el Gobierno ha enviado sus propios conceptos en los que se ha contradicho sobre la posibilidad de negociar con desertores.
Pese a que en un primer momento dijo que exfirmantes de paz como Iván Márquez habían perdido toda posibilidad de negociar tras traicionar el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, en un documento posterior aseguró que es el jefe de Estado el que tiene la potestad de decidir con qué grupos negocia y a cuáles les exige sometimiento.
Sobre los argumentos de la Procuraduría para pedir que se declare inconstitucional la norma, el ministerio público expuso que algunos artículos se agregaron después de que la Ley pasara por las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes, por lo que no hubo lugar a que fueran debatidas en esa instancia por los congresistas.
La advertencia de la Corte
Pero esta petición de la Procuraduría tiene un antecedente aún más delicado. A principios de este mes, la Corte Constitucional emitió un fallo con el que, por primera vez en su historia, decidió que podrá suspender leyes demandadas que estén en marcha como una medida cautelar, mientras estudian si existe un riesgo inminente que afecte la Constitución.
Dicha advertencia, que se tomó precisamente evaluando la Ley de paz total, también incluyó un punto en el que decretó “urgencia nacional” para estudiar en el menor tiempo posible si esa Ley de paz total va en contra de la Constitución y, por ende, debe ser derogada.
Si eso ocurre, el presidente Petro recibiría uno de los golpes más duros que ha tenido que sortear en su Gobierno, pues esa ha sido una de sus principales banderas políticas dentro y fuera del país. De hecho, fue con esa iniciativa que el Gobierno probó a su nutrida coalición que, para ese entonces, logró pasar el proyecto sin mayores cambios y en poco tiempo. Hoy por hoy, esa coalición también está rota y a punto del quiebre absoluto por la polémica Reforma a la Salud cuya ponencia positiva fue radicada este viernes.
Así las cosas, estas han sido las semanas más críticas del Gobierno en los principales frentes de la paz total. Además del fallido cese al fuego con el Clan del Golfo, el presidente Petro también puso en duda la continuación de la mesa de diálogos con el ELN tras el atentado de esa guerrilla que dejó 9 militares muertos y 9 más heridos en el Catatumbo.
El caos fue tanto, que el jefe de Estado citó a su delegación de negociadores a una reunión de emergencia para analizar la crisis y tomar decisiones urgentes con las que, supuestamente, le exigirán a esa guerrilla implementar un cese al fuego para antes del tercer ciclo de conversaciones en Cuba.
Por ahora, la Corte Constitucional continuará evaluando la demanda en contra de la paz total y decidirá si pasa el examen del alto tribunal o se queda a cortas y debe ser suspendida o, en el peor de los casos, derogada.
