El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, vuelve a estar en la mira de los entes de control, esta vez porque la Procuraduría le pidió información detallada sobre la destinación de más de cinco billones de pesos que fueron aprobados para esa cartera en el Presupuesto General de la Nación de 2024.
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La Procuraduría señala que “en atención a la defensa de los derechos fundamentales, los intereses de la sociedad y el ejercicio eficiente de las funciones públicas” realizará el seguimiento a los recursos asignados “a su cartera por medio del Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 ‘Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos’”.
En el documento, fechado al 4 de marzo, la procuradora delegada para la Salud, Diana Ojeda, reitera que en la página web del Ministerio de Salud se evidencia en la asignación presupuestal que más de cinco billones de pesos quedaron a disposición para el apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100, razón por la cual se pide “identificar los proyectos aprobados y relacionar los proyectos y/o subproyectos a los que se van a asignar los recursos”.
También le pide al ministro “remitir la planeación de ejecución del rubro desagregado por territorios y por entidad o institución beneficiada (Empresas Sociales del Estado)” beneficiadas)”.
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La Procuraduría también señala que para el Plan Nacional de Salud Rural se asignaron, inicialmente, más de 13 mil millones pesos y un presupuesto de casi 2 billones de pesos para un modelo de fortalecimiento de infraestructura en centro de atención primaria, acceso a medicamentos y dispositivos médicos, planeación epidemiológica, prevención para poblaciones vulnerables, entre otros programas.
Por eso también se le solicita al ministro Jaramillo una explicación en detalle sobre “cada uno de los planes, programas o proyectos presentados, su fundamento jurídico, la planeación de ejecución del rubro desagregado por territorios y por entidad o institución beneficiada (ESE)”.
La procuradora Ojeda también le pide al ministro “informar si existen otros rubros con los cuales se tenga presupuestado financiar o cofinanciar proyectos remitidos por las entidades territoriales y/o las ESE relacionado con transporte asistencias, dotación hospitalaria e infraestructura en salud, conformación y operación de equipos básicos de salud y pago de acreencias (obligaciones laborales, honorarios, créditos judiciales entre otros)”.
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Así las cosas, el ministro Jaramillo tendrá un plazo de diez días hábiles para entregar la información al Ministerio Público para que allí se evalúe la asignación de los recursos para el sector salud durante el año en curso.
