La Procuraduría le volvió a jalar las orejas al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que entregue la información relacionada con el cálculo que hizo su cartera para fijar el aumento de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC), el dinero que garantiza la atención de los usuarios, para este año. El debate fue trasladado a la Corte.
La insistencia del Ministerio Público ocurre en medio de los constantes llamados de atención de pacientes, organizaciones médicas y distintos gremios que consideran que el incremento de 5,36% no será suficiente para satisfacer las necesidades del sistema y que, por el contrario, se agudizaría la crisis del sector.
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La advertencia del órgano de control, todavía a la cabeza de Margarita Cabello, es que de ocurrir un nuevo proceso de cálculo sea bajo el sustento técnico y participativo.
“Se requiere que se incorporen elementos ajustados a los cambios demográficos y epidemiológicos, tener en cuenta las cifras de inflación y frecuencia, así como los datos suficientes y representativos de las Entidades Aseguradoras de Planes de Beneficios en Salud (EPS)”, insistió la Procuraduría.
La Procuraduría le pidió al ministro que entregue las actas de reuniones, de carácter técnico, que llevaron a cabo sus equipos para entender si ese proceso de cálculo tuvo algún mecanismo de retroalimentación y también quiere acceder a las bases de datos que contengan el análisis de la información que entregó las EPS del régimen contributivo y subsidiado.
Es que desde que se conoció la cifra de la UPC para 2025 diferentes sectores lanzaron su voz de preocupación ante lo que podría ser un complejo panorama para el sistema de salud del país.
La organización Pacientes Colombia expresó que “de múltiples formas se hizo un llamado” al Ministerio de Salud para que el incremento fuera del 16 %.
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“Ampliar la brecha entre lo que se necesita y lo que se decreta aumenta los graves riesgos para el sistema de salud colombiano y para la vida de millones de colombianos”. De igual manera, advirtió que la UPC seguirá siendo insuficiente y el aumento del gasto de bolsillo será inminente para los pacientes y usuarios del sistema.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, indicó, por su parte, que esta medida aumenta la incertidumbre para la operación del sector salud, además de representar una amenaza tangible para la garantía de los derechos fundamentales de los pacientes, especialmente aquellos con protección constitucional reforzada.
En ese sentido, expresaron que el cálculo inadecuado de la UPC en los últimos dos años han generado un déficit acumulado cercano al 1 % del producto interno bruto (PIB), poniendo al sistema en una crisis sin precedentes.
“Las IPS van a cerrar más servicios y esto va a desmejorar más el talento humano pues van a sacar a algunos médicos porque no hay plata para pagar. ¿Quién va a atender a los pacientes entonces? El perjudicado va a ser el paciente y eso es violatorio al derecho fundamental de la salud. Por eso pedimos que se revoque y que se sienten los expertos y el Gobierno para hacer consensos y buscar un valor adecuado que esté acorde con la situación actual del país”, le dijo a EL COLOMBIANO el médico Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Asocientíficas).
El debate se trasladó a la Corte. Este 13 de enero la Procuraduría le pidió al alto tribunal que declare el Estado de Cosas Inconstitucional debido a que considera que el aumento en la UPC fue establecido con presunta indebida y falsa motivación y basado en fuentes de información parciales, con un procedimiento ajeno a las normas.
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