Aprobada ya la pensional, están en trámite la laboral y la de salud. Vigencia de los cambios dependerá
del acelerador que meta el Congreso.
Una de las propuestas más características del gobierno Petro es su promesa de adelantar reformas sociales que, en su concepto, mejoran la vida de las personas. Algunos analistas sugieren que si el Ejecutivo logra tender puentes y firmar consensos en el Congreso de la República, entonces podrían aprobarse y pasar del papel a la realidad, pero de lograrse eso, ¿qué cambiaría para las personas en Colombia?
Los análisis sobre cada una de las propuestas han sido numerosos, sobre sus efectos y demás. Lo cierto es que para algunos sectores de la sociedad podrían ser beneficiosos, mientras que para otros tendrían consecuencias negativas. La tarea de este texto es aterrizar las propuestas de las modificaciones en el sistema pensional, laboral y de salud, y cómo contrastarán en la vida de las personas con los sistemas ya establecidos: qué cambios verá como usuario y trabajador en caso de que se materialicen. Y por supuesto, los efectos negativos que podría ver en su día a día y que han vaticinado gremios, centros de pensamiento y expertos académicos sobre las propuestas del presidente Gustavo Petro.
Hay dos puntos importantes que debe tener en cuenta: Primero, recuerde que hay amplias miradas y debates sobre las reformas sociales que pueden ser consultados en medios de comunicación, centros de estudios y universidades para forjar su opinión sobre el tema. Segundo, solo la reforma pensional ha sido aprobada en el Congreso; la laboral y la de salud todavía cumplen su respectivo trámite en el legislativo, donde pueden no ser aprobadas.
Tenga en cuenta que las reformas sociales se presentan como proyectos de ley en el Congreso de la República. Eso quiere decir que para materializarse debe cumplir un trámite en el legislativo. El proyecto es presentado por un congresista de la bancada de Gobierno, luego se asigna a una comisión especializada para su estudio y análisis, donde pueden realizarse audiencias públicas para recibir opiniones y sugerencias. Si es aprobado en la comisión, el proyecto pasa a la plenaria de la Cámara de Representantes o al Senado para un primer debate y votación. Y luego debe cumplir una segunda vuelta en Cámara o Senado según corresponda. En total son dos debates en comisiones y otros dos en plenarias.
La reforma a la salud fue aprobada en primer debate de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el pasado 18 de noviembre. Se necesitaron seis sesiones de debate para discutir el proyecto. En ese orden, pasará a discusión en la plenaria de la corporación, lo cual se daría este año para cumplir con los tiempos necesarios para el proceso legislativo. Y luego pasará al Senado.
La laboral se aprobó en plenaria de Cámara el pasado octubre, ahora le restan dos debates en el Senado. La pensional ya se convirtió en ley y entrará en vigencia el próximo 1 de julio en el país.
Sin duda que la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro ha sido uno de los debates más álgidos en el Congreso de la República. Si la reforma logra aprobarse, tal y como está la ponencia hoy, supondrá diversos cambios para los trabajadores y las empresas colombianas.
El más relevante obedece a la recuperación de las jornadas nocturnas y dominicales. Veremos que un trabajador comenzará a cobrar un recargo nocturno a partir de las 7:00 p.m., y no desde las 9:00 p.m. como pasa hoy. Por ejemplo, un empleado de salario mínimo se ganará por cada hora nocturna $8.000 y si es extra nocturna $10.379.
Ni hablar de los ciudadanos que laborarán los domingos. Actualmente hoy reciben un recargo del 75%, pero si la reforma ve luz verde, entonces comenzaría a subir progresivamente: cuando entre en vigencia se incrementará a 80%, el año siguiente a 90% y el próximo a 100%. Hoy un trabajador de salario mínimo se gana $83.037 en una jornada dominical o festiva (con recargo de 75%), si el recargo fuese de 100%, como se pretende subir con la reforma, entonces esa remuneración sería de $94.896.
Los trabajadores hombres tendrán más tiempo con sus hijos recién nacidos, pues contarán con una semana más de licencia de paternidad. El padre tiene derecho a dos semana remuneradas tras el nacimiento de su hijo, pero con la reforma en vigencia, ese benefició subirá a tres semanas y hasta a cuatro para 2026.
Los aprendices del Sena contarán con más dinero en sus bolsillos por ser mejor remunerados en sus prácticas laborales. Su contrato de aprendizaje se transformará a uno fijo y con derecho a prestaciones sociales. Los estudiantes pasarán de recibir el 50% de un salario mínimo al 60% en fase lectiva. Y en la etapa productiva pasará del 75% al 100%.
Aunque los derechos laborales mejorarían en más aspectos, el desempleo y la informalidad podrían aumentar de forma importante en los primeros años de aplicación. Así lo vaticinan gremios empresariales y analistas económicos, pues el mayor pago por las horas nocturnas, festivas, dominicales y demás beneficios, se traducen en mayores costos para las compañías.
En total, 450.000 ciudadanos perderían sus empleos formales entre los primeros tres y cuatro años de operación con la reforma. La proyección pertenece al Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República. Los sectores más golpeados serían las pequeñas y medianas empresas que cuentan con entre 50 y 200 empleados.
Analistas creen que algunos restaurantes, sobre todo los más pequeños, no soportarían el golpe. Y es que de hecho el gremio restaurantero ya atraviesa por un duro momento que desató en un lapso la alta inflación y el bajo consumo de las personas. Según la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica (Acodres), entre agosto de 2023 y septiembre de 2024 unos 1.600 locales de comidas cerraron sus puertas, es decir, un balance de 4,3 por día.
Tras la entrada en vigencia de la laboral, Acodres estima que los costos para el funcionamiento de los restaurantes crecerían un 16%.
Los colombianos encontrarían un aumento en el precio de bienes y servicios. Analistas creen que tras el aumento en los costos laborales que supondría la reforma, las empresas tendrán que subir sus precios para los consumidores finales y así equilibrar sus cuentas y evitar pérdidas importantes.
Si la reforma a la salud se aprobará en el Congreso de la República habría una transformación grande frente al sistema que conocemos. Los colombianos contarían con un sistema donde las Empresas Promotoras de Salud (EPS) ya no serían las protagonistas. Ahora los pacientes acudirían a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que serán públicos en su gran mayoría, algunos mixtos y otros privados. Esos sitios contarán con la base se servicios de salud, con los profesionales necesarios y con la infraestructura para atender a los ciudadanos.
Estos funcionarán donde ya lo hacen muchas entidades de salud actualmente, pero también se emprendería la expansión y construcción en zonas rurales y dispersas, donde se carece de atención y en muchas ocasiones las personas deben viajar para recibir atención médica o solo hay un hospital colapsado, así lo ha explicado el Ministerio de Salud.
En otras palabras, cuando las personas necesiten pedir una cita, acudir a atención o una revisión médica, deberá acudir a los CAPS. La estimación es que haya un sitio de esos por cada 25.000 personas en Colombia. Los ciudadanos podrían registrarse en el centro más cercano a su casa y para los pacientes que acudan a ellos, pero necesiten atención especializada, serán remitidos a los centros hospitalarios de mediana y alta complejidad públicos, privados y mixtos que estén vinculados a su red.
La intención del MinSalud será fortalecer la red pública de atención en salud. Por lo que se verían centros de salud comunitarios y toda una red hospitalaria pública para las personas.
Aún así, la gente no dejará de tener contacto con las Entidades Promotoras de Salud — las EPS como Sanitas, Famisanar, Salud Total y demás—, que tendrían la posibilidad de convertirse en gestoras de servicios de salud y tendrán tareas como la gestión del riesgo en salud y la organización de redes de servicios en territorios asignados. Operarán en conjunto con los CAPS para asegurar una atención más eficiente y accesible.
El sistema se financiaría a través de recursos públicos, eliminando la intermediación de las EPS. El Estado sería responsable de asignar los recursos directamente a los hospitales y centros de atención. La gente accedería a un sistema enfocado a la prevención y la atención primaria, para evitar que las personas lleguen a necesitar atención hospitalaria compleja.
Otros creen que el cambio sería malo. Al cambiar a las EPS como eje central del sistema, los pacientes enfrentarían problemas similares a los que enfrentó el viejo Instituto de Seguros Sociales (ISS), que fue conocido por su ineficiencia y falta de recursos. Expertos argumentan que la centralización del sistema de salud y la creación de una nueva entidad pública para gestionar la salud podrían llevar a una pérdida de competencia, ineficiencia operativa y demoras en la atención.
Esto, en el peor de los casos, podría traducirse en falta de recursos para contar con el personal suficiente y largas colas para recibir medicamentos. Además, se ha señalado que la falta de claridad en la asignación de recursos y la posible falta de capacidad técnica del nuevo sistema podrían afectar negativamente la calidad de los servicios de salud. Por esa razón, se prevé que muchas personas acudirían a comprar seguros de salud y a la medicina prepagada. De hecho, según Fasecolda, entre enero y septiembre del año pasado, los seguros de salud fueron los que más crecieron en demanda: 23%.
Una vez comience a regir la reforma, los colombianos se seguirán pensionando a los 57 años, las mujeres; y a los 62, los hombres, pero habrá varios cambios. Las instalaciones de Colpensiones estarán más llenas y con mayores solicitudes por atender porque tendrá más de 3 millones de afiliados nuevos al pasar de 6,8 millones a 10 millones. Los nuevos usuarios tendrán que cotizar al sistema público y por obligación hasta 2,3 millones de su salario, el restante del sueldo pasará a los fondos privados. No obstante, Colpensiones será la entidad encargada de administrar el dinero de todos los jubilados y de pagar las mesadas el primer día de cada mes.
Por supuesto que Colpensiones tendría un mayor protagonismo, pero la gente seguirá escuchando los nombres de Porvenir, Protección, Skandia y demás fondos privados. Estos no desaparecerían, sino que pasarán a trabajar en conjunto con el fondo público y posiblemente se fortalecerán en otros negocios.
Algunos sectores de la población estarán más cómodos con el nuevo sistema. Las mujeres se pensionarán más rápido: antes necesitaban 1.300 semanas, pero con la reforma el tiempo requerido disminuirá gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.
Se verán colas más grandes de adultos mayores en Colpensiones, Supergiros y Servientrega para reclamar el auxilio del Gobierno. Esto porque, a final de mes, unos 2,5 millones de personas mayores de 65 años que no lograron pensión recibirán una renta por encima de la línea de pobreza, unos $223.000. El monto es casi tres veces más frente al subsidio de Colombia Mayor.
La otra cara de la moneda es que varios ciudadanos pasarán a pagar impuestos. Ahora los pensionados que reciban más de $49,79 millones al año en mesadas, deberán declarar renta. Eso quiere decir jubilados con mesadas de $3,83 millones mensuales.
Los efectos del nuevo sistema ya se comenzaron a notar. Como se mencionó antes, los trabajadores afiliados a Colpensiones con ingresos superiores a 2,3 salarios deberán depositar sus excedentes en un fondo, o en lo que técnicamente llamarán Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI). Algo que antes no existía.
De hecho, desde ya se están haciendo llamados para que las personas seleccionen su ACCAI. A partir de este 16 de enero se espera que 350.000 afiliados a Colpensiones cumplan con esa tarea.
Los hombres con más de 900 semanas cotizadas, y las mujeres con más de 750, estarán más tranquilos, ya que la reforma no los cobija y seguirán funcionando con el viejo sistema pensional.
Se pondrán a prueba las finanzas del Estado. El Gobierno deberá desembolsar $54 billones anuales para financiar el nuevo sistema pensional, según cálculos del Ministerio de Hacienda, en medio de un panorama con problemas de caja.
Un debate que tomará mayor fuerza en los próximos años, además de la sostenibilidad fiscal, será el nacimiento de menos bebés en Colombia. Entre enero y octubre de 2024 se registraron 371.777 nacimientos en el país. El dato equivale a una caída del 14,4% frente a los 434.253 niños nacidos vivos en el mismo lapso del 2023. La preocupación no es otra que disminuya la cantidad de jóvenes que hacen aportes al sistema pensional, mientras que el número de viejos crece, lo que hace que el déficit pensional empeore.
Por esa razón, algunos analistas creen que en los próximos años crecerá la discusión alrededor de la necesidad de subir la edad de pensión.
