La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aun sin identificar, por posibles irregularidades en los contratos suscritos para la atención de la de la ola invernal que afectó al país a finales de 2022.
El ente de control, luego de una denuncia presentada por un concejal de Bogotá, busca valorar presuntas irregularidades en los convenios, suscritos a través de la Previsora S.A., con cargo al fideicomiso de administración y pagos Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), para atender la emergencia.
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La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación estatal requirió a la UNGRD que entregue información sobre el número de negocios jurídicos suscritos bajo esta declaratoria de desastre, así como documentación que permita conocer en detalle la ejecución de los mismos.
“El ente disciplinario busca establecer, entre otros aspectos, el estado técnico, financiero, jurídico y económico de los contratos celebrados y conocer las acciones adelantadas por la supervisión e interventoría correspondientes”, explicó el órgano dirigido por Margarita Cabello Blanco.
Con la solicitud de pruebas, el Ministerio Público busca identificar e individualizar a las personas responsables de los hechos denunciados; establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieron ocurrencia, y determinar si hay lugar a continuar con una actuación disciplinaria que finalmente llegue a sanciones.
Irregularidades en ollas comunitarias en Córdoba
La Procuraduría, además, inició una indagación previa por posibles irregularidades que se habrían cometido en la UNGRD con relación a la ejecución del proyecto “Ollas Comunitarias”, que busca brindar alimentación a las víctimas de desastres en catorce corregimientos de Córdoba.
Según la denuncia recibida, una de las órdenes de proveeduría para la iniciativa habría sido asignada a contratistas para favorecer la campaña política del hermano del entonces subdirector de la UNGRD, Víctor Andrés Meza Galván, quien recientemente fue declarado insubsistente por presuntos actos de corrupción.
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La queja también señala que la orden de proveeduría se habría firmado en septiembre de 2023 con fundamento en un decreto que, al parecer, se expidió dos meses después. Frente a ese contexto, la Procuraduría requirió copia del proyecto y de los contratos suscritos bajo esta iniciativa.
La Unidad de Gestión del Riesgo ha estado bajo la atención de varias entidades de control a causa de múltiples irregularidades, como los millonarios sobrecostos en la compra de carrotanques para transportar agua en La Guajira, las demoras en la reconstrucción de Mocoa, entre otros casos.
