La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 17 años a Carlos Antonio Julio Arrieta, quien fue profesor de Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
La investigación del Ministerio Público da cuenta de que el exdocente se aprovechó de su autoridad para perseguir y hostigar “con fines sexuales no consentidos” a tres estudiantes de la institución entre 2016 y 2019.
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“El exfuncionario de la facultad de Ciencias y Educación accedió a sus víctimas física y verbalmente, en contra de su voluntad, mediante contactos físicos e invitaciones que no eran propias de una relación docente-estudiante”, comunicó este miércoles la Procuraduría.
De acuerdo con el ente de control, a lo largo del proceso disciplinario se reprochó al ahora sancionado “su patrón de conducta obsesivo con las mujeres, a quienes, valiéndose de su superioridad y poder como profesor, asediaba a través de medios electrónicos”.
Las intimidaciones de Julio Arrieta llegaron hasta comunicarles a las víctimas sus pretensiones, con las que buscaba, según demostró la Procuraduría, obligarlas “a realizar trabajos con él”, ofreciéndoles “ayuda a cambio de salidas”.
“El caso debe encender las alarmas, a fin de prevenir todas las violencias contra las mujeres y las niñas en Colombia, no solo en los entornos universitarios, sino a nivel de formación escolarizada, básica y básica secundaria”, aseveró la Procuraduría Delegada de Juzgamiento 3.
El hombre llevaba en la Universidad desde los noventa. Por su trayectoria se le reconoció como decano de la facultad de Matemáticas en 2001. A lo largo de los años, luego, utilizó su poder para acosar sexualmente a varias estudiantes que lo denunciaron desde 2018.
Las denuncias llegaron a varias entidades, como la Universidad, la Fiscalía, el Ministerio de Educación o la misma Procuraduría, pero en todas las denunciantes recibieron revictimización. Por ello, en 2020 decidieron presentar una acción de tutela que en 2023 revisó la Corte Constitucional.
“El deber de las universidades es garantizar que el derecho a la educación se ejerza en espacios libres de acoso, violencia y discriminación, y recomienda además el recaudo y la valoración probatoria diligente para las quejas y denuncias de las violencias basadas en género”, apuntó la Corte como respuesta.
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El número de quejas contra el exprofesor alcanzó a ser hasta de 131 estudiantes, de acuerdo con la exconcejal de Bogotá Lucía Bastidas Ubaté. La Procuraduría lo llamó a juicio disciplinario en julio de 2022, mientras que en la Fiscalía avanza un proceso penal contra el hombre.
