El próximo 15 de enero, Margarita Cabello Blanco concluirá su periodo como procuradora general de la Nación, cediendo el cargo a Gregorio Eljach, quien fue elegido por mayoría en el Senado de la República y posesionado el pasado 20 de diciembre por el presidente Gustavo Petro.
Desde su designación en enero de 2021, Cabello Blanco se destacó por liderar una Procuraduría activa en la apertura de investigaciones disciplinarias, la imposición de sanciones, y la toma de decisiones que, en varios casos, contravinieron los intereses del Gobierno Nacional.
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Su gestión se convirtió en un símbolo de resistencia institucional, particularmente desde 2024, cuando el presidente Petro intensificó sus críticas hacia los órganos judiciales y de control, cuestionando sus decisiones y competencias.
A pocos días de finalizar su mandato, la procuradora saliente, que ha preferido estar alejada de las polémicas, rompió su silencio en una entrevista con El Tiempo. Habló de bloqueos sistemáticos del Gobierno hacia las investigaciones adelantadas por la Procuraduría, los cuales incluyeron demoras en la entrega de recursos económicos y recortes presupuestales que, según ella, configuraron una estrategia de presión y represalia.
Cabello Blanco señaló que dichas acciones dificultaron la labor del órgano de control, en un contexto que describe como adverso para la defensa de la institucionalidad.
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“El Gobierno siempre ha bloqueado a la Procuraduría. De hecho, varias veces no nos han entregado el PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) completo, como una retaliación por las investigaciones que hacemos. Pero el PAC hay que pagarlo, porque son obligaciones pendientes que se les giran todos los meses a las entidades. Nos retrasaron el PAC de octubre y el de noviembre, y al momento de hacer esta entrevista, no nos habían girado el de diciembre”, dijo la funcionaria a El Tiempo.
Aclaró que esa “es una manera de presionarnos para que no los investiguemos. Eso viene desde que empezó este gobierno: a la Procuraduría no le giren a tiempo; no le den respuestas ni información; demórenle las cosas... Pero, además de eso, para el presupuesto de inversión del año entrante, que era de unos 90.000 millones de pesos, nada. Lo redujeron a 10.000 millones de pesos... Cuando el de la Contraloría es de 400.000, 500.000 millones al año”, dijo a El Tiempo.
En una detallada conversación, la funcionaria reveló que su sucesor, Gregorio Eljach, la contactó antes de su posesión para informarle sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de adelantar su nombramiento, a pesar de que el actual periodo aún no había concluido.
“Gregorio Eljach me llamó para contarme que el Presidente estaba insistiendo en que quería posesionarlo antes, porque en enero no podría hacerlo; y que él no sabía cómo proceder... Le dije: Gregorio, yo no puedo ponerme a pelear con el Presidente, haga lo que él quiera. Entonces el Presidente terminó posesionándolo ese 20 de diciembre en Riohacha”, dijo.
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Reconoció que sus actuaciones en la vigilancia de las acciones del Gobierno, orientadas a garantizar los derechos de los ciudadanos, se han convertido en un motivo para que el Ejecutivo emprenda no solo medidas de presión financiera, sino también acciones de carácter jurídico en su contra.
“Nosotros hemos estado apretando, por ejemplo, en los temas de salud. Como no presentaban el valor actualizado de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para las IPS, el 18 de diciembre le enviamos un oficio al ministro diciéndole que nos informara si estaba siguiendo los procedimientos adecuados para poder sacar bien el cálculo de la UPC. Presumo que se molestaron y que por eso me recusaron, que porque nosotros estábamos persiguiendo al ministro y diciendo que la salud está mal porque está desfinanciada”, afirmó.
