Una sobra de violencia cubre a la familia Ranoque Mucutuy. Con el paso de los días y con la arena de la euforia acentándose en el fondo, los detalles de la vida de Lesly, Soleiny, Tien y Cristin muestran que haber estado perdidos 40 días en las selvas del Guaviare también pudo haber sido una pausa de una situación de violencia que vivían.
Esta penumbra que hoy tiene bajo sospecha a Manuel Ranoque –padrastro de las niñas mayores y padre de los niños menores– es la violencia de género. Los abuelos maternos de los menores (suegros de Ranoque) han expresado que, presuntamente, había intentado abusar sexualmente de la hermana mayor y que maltrataba a su esposa Magdalena Mucutuy, quien murió a raíz del accidente aéreo que desencadenó esta historia.
Varios elementos dan visos de credibilidad a las denuncias de la familia de la mamá de los niños. El primero es la palabra de Ranoque, quien reconoció –como lo más normal del mundo– que agredía a Magdalena físicamente; así como la acción que ha tomado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quien puso en marcha un proceso administrativo a cargo de un defensor de familia para el esclarecimiento de los hechos.
En palabras de Manuel Ranoque, reconoció que tenían discusiones, pero que “los problemas de hogares, los problemas familiares, son entre marido y mujer, no es un chisme para el mundo”. Una afirmación que más parece sugerir que “los trapos sucios se lavan en la casa” y también que la violencia intrafamiliar es un asunto “privado”.
Pero fue más allá y, casi a modo de confesión, dijo que las agresiones a Magdalenos fueron “físicamente muy poco, porque nosotros teníamos más problemas de palabra”. Incluso, en una entrevista con La FM, indicó que para el “pegar” significa “eso de dejar(la) 15 o 20 días en cama”.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el hombre señaló que los abuelos de los niños están difamándolo “porque quieren ayuda económica, ellos piensan que con esto (de los niños) yo tendré muchos recursos, pero para mí es una situación que se podía manejar internamente”.
Así mismo, expresó que “nunca le di malos tratos como ellos comentan, lo que hice fue apoyarlos, como a las dos (Lesly y Soleiny) porque el papá de ellas no respondió” y agregó que “a mí me han impedido hacer visitas a ellas”.
Desde el Bienestar le contestaron a este diario que Ranoque solo tiene acceso a los dos niños menores, porque son sus hijos biológicos, a diferencia de las dos mayores.
Y es que Narciso Mucutuy, padre de Magdalena (q.e.p.d), declaró este fin de semana que –en medio de la búsqueda por parte del Ejército y comunidades indígenas– “cuando sonaba el helicóptero ellos se metían debajo de una palizada y de los palos grandes por el miedo”. Incluso, que Lesly le contó que cuando los rescatistas “pasaban a 10 metros (...) se quedaba quieta y le tapaba la boca al pequeñito para que no llorara”. Un miedo que cobra sentido cuando don Narciso recordó que “cuando los indígenas los buscaban en la región donde vivían nunca contestaban porque pensaban que si los encontraban les iban a dar juete por esconderse”.
Entre tanto, la Procuraduría General asignó a un procurador judicial para intervenir en los trámites para restablecer los derechos de los menores; mientras que el ICBF asegura que las denuncias de maltrato y abuso quedó en manos de “la autoridad administrativa, que en este caso es un defensor de familia”.
El hombre señalado de abuso y maltrato dice que todo es una mentira de sus suegros “locos” que se quedaron en Villavicencio “durmiendo y comiendo como marranos” cuando él estaba en la selva buscándolos, pide que le den la custodia de ellas y de sus hijos.
Y mientras eso ocurre, los menores están en acompañamiento del Bienestar, entidad que, según conoció EL COLOMBIANO, está haciendo una mesa de conertación con las comunidades indígenas bajo la instrucción de la defensoría de familia para definir quién se queda con su custodia, pues es un proceso administrativo que aún no se ha surtido.
Procuraduría interviene para protegerlos
El Ministerio Público asignó a Pablo Sergio Badillo García, procurador 246 judicial, para que ejerza intervención administrativa en los trámites que se llevarán a cabo para el restablecimiento de los derechos de los cuatro menores.
El trámite se adelante actualmente ante la Defensoría de Familia de la Dirección de Protección de la Regional Bogotá del Bienestar. El ente de control precisó la reserva de las diligencias que se desarrollen con el fin de proteger el derecho a la intimidad a la adolescente, las niñas y el niño de la comunidad indígena y priorizar la atención integral en salud que requieren.
Entre tanto, el Hospital Militar comunicó que los menores se encuentran bajo asistencia profesional interdisciplinaria y bajo un manejo articulado por diferentes especialidades clínicas.
