Los presidentes del Congreso de la República, el conservador Juan Diego Gómez y la representante por el Centro Democrático, Jennifer Arias, enviaron una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en rechazo a una supuesta intromisión de ese tribunal en los asuntos del Estado respecto al fallo de Gustavo Petro.
“El pronunciamiento de la Corte, en su resolución de seguimiento, de alguna manera intenta repercutir en el poder soberano que tiene todo Estado de crear sus propias leyes, o de diseñar sus instituciones en los términos que lo designen sus representantes electos”, dice la comunicación de las cabezas del poder legislativo en rechazo a las posturas de este tribunal internacional.
La génesis de esta discrepancia vienen desde el 25 de noviembre del 2021. Ese día la Corte IDH publicó una resolución de seguimiento al Estado colombiano en relación con el cumplimiento del fallo que profirió ese tribunal y que le devolvió los derechos políticos al Senador y precandidato presidencial, Gustavo Petro.
En la misiva de la Corte IDH se dice que Colombia, y en particular la Procuraduría, no cumplen con las disposiciones contempladas en el fallo que condenó al Estado Colombiano por la destitución del entonces alcalde de Bogotá, Petro.
“La Procuraduría continúa reteniendo la facultad de imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, contraviniendo lo previsto en dos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos”, expresa el documento que fue emitido el pasado 25 de noviembre por la CIDH.
