En busca de una justificación a sus presiones a la rama judicial, el presidente Gustavo Petro publicó el artículo de un supuesto exmagistrado del Consejo de Estado, pero el texto resultó ser de la autoría de un homónimo; el presidente de la Corte Constitucional dijo que, si continúan las presiones, la Corte Suprema deberá mantener la espera para elegir fiscal; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “alentó” a la misma para que elija pronto a la sucesora en propiedad de Francisco Barbosa.
La novela entre la Corte Suprema y el presidente parece de final prolongando. A pesar de que EL COLOMBIANO (y otros medios) estuvo frente a la puerta de la Corte el jueves pasado y vio cómo algunos manifestantes arrojaron piedras a las camionetas de los esquemas de seguridad de los magistrados en varias oportunidades, el presidente Gustavo Petro se ha limitado a negar los acontecimientos que fueron denunciados y rechazados por los presidentes de las tres altas cortes del país.
De hecho, Petro repitió su discurso de la Federación Nacional de Departamentos en el horario prime de televisión el domingo en la noche. Allí dijo que las publicaciones de lo que pasó en la Corte eran parte de un discurso generado por los medios de comunicación y el establecimiento. Esto a pesar de que el propio presidente de la Corte, Gerson Chaverra, fue quien le dio la categoría de “asedio” a las agresiones en las que algunos manifestantes intentaron forzar la puerta del parqueadero del Palacio de Justicia.
Cinco días después de la negación permanente del presidente, Chaverra volvió a describir cómo los magistrados sí quedaron restringidos en su movilidad y pidió de nuevo respeto frente al Estado de Derecho y la independencia judicial.
La falsa publicación
El mandatario publicó en su cuenta de X un artículo de un supuesto exmagistrado del Consejo de Estado que justificó las protestas violentas en la vía de una supuesta presión legítima por el uso de “artilugios como el voto en blanco”, para extender la elección de fiscal general. Rápidamente, líderes de opinión le hicieron saber al presidente que ese artículo no era del exmagistrado Alberto Yepes Barreiro, sino de un ciudadano llamado Alberto Yepes Palacio. El presidente borró el trino sin ninguna rectificación, pero quedó clara su opinión favorable a que la Corte Suprema sea objeto de presiones como la del jueves anterior.
El artículo de Yepes Palacio, reproducido por el mandatario, dice enfáticamente que los ciudadanos tienen derecho a presionar a la Corte. “Que la Corte exija que no se presione mediante la movilización, no me parece coherente con el hecho de que la voluntad, es decir el constituyente primario, tiene derecho a exigir a los poderes constituidos que cumplan los mandatos constitucionales y presionarlos cuando los incumplen”, puntualiza la publicación.
Corte Constitucional se une al rechazo
Quien sorprendió durante las últimas horas fue el recién nombrado presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas. Este entregó declaraciones a varios medios asegurando que él incluso recomendaría que, ante nuevas posibles presiones, los magistrados no elijan fiscal aún.
Reyes dijo que tampoco convienen lo que parecen “retaliaciones” por parte del ejecutivo en su respuesta de reducir el presupuesto de la rama, cuando la Corte declara inexequibles algunas leyes del Gobierno aprobadas en el Congreso. Y, sobre los hechos de la semana pasada, fue contundente. “¿Necesitan que maten un magistrado para entender la gravedad de lo ocurrido?”, concluyó.
Una alerta de esa magnitud no se veía en Colombia en las relaciones institucionales desde hace décadas. Y no solo fue el presidente de la Corte.
La magistrada Diana Fajardo le dijo a EL COLOMBIANO que debe haber una insistencia en el camino institucional para resolver las diferencias. “Creo que las personas tienen todo el derecho a manifestar su inconformidad, siempre y cuando no recurran a la violencia, y creo que los funcionarios públicos deben utilizar los mecanismos institucionales para tramitar sus diferencias, al fin y al cabo compartimos la misma Constitución y estamos obligados a trabajar de manera armónica”, afirmó.
En toda esta novela de poder, a varios togados les preocupa que un escenario similar vuelva a ocurrir el próximo 22 de febrero cuando los magistrados se reúnan una vez más para votar si alguna de las candidatas del presidente tiene la mayoría para ser fiscal. Lo que es evidente es que las calles están en tensión, igual que el poder judicial y el Ejecutivo.
