El presidente Gustavo Petro sigue desatando polémicas en su afán de darle un giro al enfoque del país en la lucha contra las drogas. Esta vez, el mandatario abrió una agitada discusión al denunciar supuestos hechos de corrupción en la política de sustitución de cultivos de uso ilícito del gobierno de Juan Manuel Santos, que terminó salpicando al gobierno de Iván Duque.
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Sin ventilar las pruebas, Petro aseguró que esa política del gobierno Santos fue un “antro de corrupción”. Al respecto, acusó a supuestos intermediarios de robarse los recursos públicos que iban dirigidos a los campesinos que aceptaron unirse al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
En diálogo con este diario, Eduardo Díaz Uribe, exdirector del PNIS, negó las acusaciones y aseguró que el mandatario tendrá que rectificar sus afirmaciones porque, según él, está mal informado. El propio Santos lo respaldó y le lanzó una pulla a Petro: “Los jefes de Estado tienen la obligación de ser especialmente rigurosos con la veracidad de lo que dicen”, dijo el expresidente en X.
“No hicimos ningún contrato con fiducias ni operadores. La entrega de los recursos a los campesinos se hizo directamente, y sin intermediarios, a través del Banco Agrario”, afirmó el exfuncionario que apuntó que los problemas del programa aparecieron durante el gobierno de Duque.
Ninguno asumió la acusación
Por medio de una carta, Díaz Uribe y Rafael Pardo, ex alto consejero para el Postconflicto, defendieron que el gobierno de Santos hizo transferencias de 1 millón de pesos mensuales durante un año a 67.665 familias campesinas que hacían parte del PNIS y señalaron al gobierno de Duque de contratar a intermediarios.
“Durante el gobierno Duque la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) fue retirada del programa y sustituida por múltiples operadores y fiducias. Así mismo, las instancias de participación y control de los campesinos dejaron de ser convocadas y fue suspendido el acompañamiento en terreno que hacían los firmantes de paz”, dice el documento.
A estos señalamientos y a los del presidente Petro respondió Emilio José Archila, exconsejero para la Estabilización y la Consolidación, quien le aseguró a este diario que el gobierno de Duque recibió el PNIS en 2018 con un alto costo, sin apoyo financiero y “lleno de promesas” para 100.000 familias de 56 municipios.
Archila detalló que el gobierno Duque comprometió 1,7 billones de pesos para el programa a través del fondo Colombia en Paz y defendió que se hizo una correcta administración de los recursos. “Si el presidente tiene evidencia de que parte de esa plata no llegó a sus destinatarios, que diga quién fue para que se descubra y lo metan a la cárcel”, señaló el exconsejero.
¿Y dónde están las pruebas?
Al denunciar este supuesto caso de corrupción, Petro planteó que el modelo que creó el gobierno del expresidente Santos para la sustitución de cultivos de uso ilícito “es individual y pagó una plata cada mes. Era la idea, te pago una plata cada mes y tú rompes la hoja de coca y empiezas a sembrar otra vaina, por ejemplo, café robusto”, y apuntó que se corre el riesgo de que la corrupción “nos va a ahogar a nosotros mismos”.
En esa línea, el jefe de Estado apuntó que las administraciones anteriores “contrataron unos intermediarios, que llaman operadores, metieron la plata en fiducias y los operadores se tumbaron la plata de los campesinos”.
Para conocer las pruebas que sustentan esta acusación, este diario consultó a la secretaria de prensa de la Presidencia, María Paula Fonseca, quien difundió la denuncia de Petro en sus redes sociales, pero al cierre de esta edición la funcionaria no facilitó ningún documento al respecto.
Lo que sí está claro es que Petro ordenó la puesta en marcha del “modelo de sustitución de economías ilegalizadas” –que reemplazará gradualmente al PNIS–, cuya prueba piloto arrancó la semana pasada en el Cauca.
¿Qué cambiará? Durante el lanzamiento de la política de drogas del gobierno Petro, en El Tambo, Cauca, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aclaró que el nuevo modelo de sustitución de cultivos de uso ilegal tiene cuatro focos.
El primero le apunta a que los campesinos sean beneficiarios de predios de la reforma agraria; el segundo les dará la posibilidad de sembrar plantas para recuperar los parques naturales donde tengan cultivos de coca; el tercero les permitirá permanecer en los territorios y sustituir la hoja de coca por algún otro producto agrícola; y el cuarto le apunta a que sigan cultivando la coca, pero para usos lícitos.
Lo cierto es que mientras los gobiernos se chutan la pelota sobre este supuesto caso de corrupción en la política de sustitución, el problema de fondo sigue siendo que el país cada día está más inundado de coca (ver Infografía).
Según el más reciente informe de UNODC, Colombia pasó de tener 204.000 hectáreas sembradas con coca en 2021 a 230.000 hectáreas en 2022. Y la cifra incrementará este año porque Petro ordenó cesar la erradicación forzada y enfocarse en la interdicción.
