En una carta dirigida a Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares Prieto, presidenta de esta entidad, le solicitó “la desvinculación del funcionario capturado, en el marco de la evaluación jurídica y ética que corresponda”.
Linares calificó como “indignante” el episodio del viernes primero de marzo, en el que el excongresista Luis Alberto Gil, y el fiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo, recibían 40.000 dólares para frenar la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrch.
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La presidenta de la JEP también le pidió a Álvarez “la revisión exhaustiva y detallada de las hojas de vida y los perfiles de sus directos colaboradores, pues como lo he manifestado en reiteradas oportunidades, no basta con la verificación de los requisitos de ley sino, lo que es más importante, con la comprobación de las calidades éticas y morales”.
Linares aclara en la misiva que esta solicitud no interfiere en su independencia como director de la Unidad de Investigación y Acusación, pero que era necesario construir confianza entre la magistratura y su componente de investigación.
Y sobre el final, agregó unas disculpas a las víctimas, a la comunidad internacional y al país por este hecho de corrupción.
Las capturas del funcionario de la JEP y del excongresista fueron legalizadas hoy por un juez de Control de Garantías.
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