A la capilla de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla fueron a dar 17 personas privadas de la libertad que presentaron fiebre, y allí permanecerán hasta que lleguen los resultados de las pruebas de coronavirus.
Y es que en la cárcel que haya una mínima sospecha de virus se corre un grave riesgo de propagación, como ocurrió en Villavicencio, Cartagena, Leticia o Ibagué, producto del hacinamiento (ver gráfico).
En la última semana, por ejemplo, la prisión de Cartagena pasó de un caso a 237, y en Leticia tuvieron que aislar a los presos que dieron negativo, porque la mayoría estaban contagiados, según explicó el brigadier general Norberto Mujica Jaime, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la plenaria del Senado.
Para atender la emergencia se ha garantizado que 992 profesionales de Medicina presten sus servicios en los centros de reclusión; se adecuaron 30 unidades básicas de atención primaria, que son carpas medicalizadas que funcionan como una extensión de la unidad de sanidad, únicamente para pacientes con covid-19; y se reforzaron en más de 100 % los medicamentos para tratar los síntomas del virus como analgésicos y antipiréticos, dijo Lissette Cervantes, directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.
Hacinamiento, el problema
La problemática se da en gran parte por el hacinamiento que a inicios de la emergencia era del 52 %, lo que no permite, en palabras de Manuel Alejandro Iturralde, del grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, “garantizar las condiciones mínimas para prevenir el contagio: aislamiento y distancia social”.
Este es un problema, como lo dijo la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, “de vieja data”, que no había forma de solucionar en pocos meses, ya que desde hace muchos años se viene denunciando el estado de las cosas inconstitucional que se vive en las prisiones. Por eso, desde finales del año pasado, se formuló un plan estratégico que permitirá contar con más de 20.000 cupos nuevos en los próximos tres años.
Sin embargo, en estos dos meses el hacinamiento ha sido reducido al 40,4 %, gracias a la agilidad de los juzgados que han otorgado libertades atrasadas y a la Fiscalía que se ha abstenido de pedir detenciones intramurales innecesarias, más que por el Decreto 546 que busca sacar a prisión domiciliaria transitoria al menos a 4.000 reclusos y solo ha beneficiado a 688, confirmó Javier Augusto Sarmiento, viceministro de Política Criminal.
¿Un decreto infructuoso?
“Debemos analizar el Decreto 546 de 2020 con una mirada más holística. No solo lo podemos ver en términos cuantitativos sino mirar todas las consecuencias. Se han otorgado 688 medidas de prisión domiciliaria transitoria, pero también se han otorgado 3.707 libertades por el procedimiento ordinario y 2.791 han sido enviadas a prisión domiciliaria ya que los fiscales solicitan menos la medida intramural y los jueces lo avalan. Todo eso es gracias al decreto porque a ello instamos a los responsables”, manifestó Sarmiento.
Al respecto, Iturralde advirtió que esta normativa tiene un problema de enfoque que no se compadece con la situación generada por la emergencia. “Las decisiones tenían que tener un enfoque de salud pública y no de criterios problemáticos de política criminal. Debía resolverse cómo generar unas condiciones dentro de las cárceles que permitan el aislamiento y el distanciamiento social para mitigar la propagación del virus, la discusión era cuántos debían salir para que quienes se queden vivan en condiciones que les permitan cuidarse del virus”.
Y agregó: “parece que lo que realmente guió al Gobierno fue quiénes son las personas que por situaciones de la opinión publica deben salir de las cárceles”.
Hace algunas semanas la ministra Cabello aseguró que sería necesario otro decreto para mitigar el impacto del virus, pero no han sido anunciadas esas nuevas condiciones.
