Por un vencimiento en los términos procesales de parte de la Fiscalía, un juez tuvo que ordenar la libertad de nueve integrantes de la organización ilegal Primera Línea, involucrados en casos de tortura en el Valle del Cauca.
De acuerdo con la información preliminar, los jóvenes estuvieron 332 días detenidos desde que se radicó el escrito de acusación en su contra, y a la fecha no habían sido presentados en el juicio oral, violando los tiempos estipulados en la ley.
Los beneficiados con la excarcelación fueron: Karina Reyes Varela, Brenlly Daniela Hidrobo, Carlos Calero Suescún, Miguel González Vélez, Jorge Gordillo Coronado, Epifanio Domínguez Ríos, Victor Tascón González, Jhon Castillo Murillo y Cristian Granada Sánchez, quienes estaban repartidos en cárceles de Jamundí, Palmira, Popayán y Pereira.
Según el expediente, estas personas están presuntamente involucradas en incidentes de vandalismo, alteración del orden público, saqueos, asonada, secuestro y tortura, perpetrados durante las marchas sociales de abril y mayo de 2021, en el llamado “Estallido social” contra el Gobierno.
Entre los hechos más graves estuvo el secuestro de tres policías de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), los cuales fueron interceptados y bajados de un vehículo en una carretera de Bugalagrande (Valle).
Los funcionarios fueron sometidos a un violento interrogatorio, que fue grabado y difundido por las redes sociales. Los miembros de la Primera Línea, que cubrían sus rostros con capuchas, los torturaron posteriormente y les rociaron gasolina para quemarlos.
Debido al vencimiento de términos, que no ha sido explicado de momento por la Fiscalía, los acusados continuarán vinculados al caso, pero asistiendo a las audiencias en libertad.
La Primera Línea surgió como un movimiento civil durante las marchas de 2019 contra el gobierno de Iván Duque. Su propósito era defender a los protestantes, usando escudos para repeler a los agentes antimotines.
Tuvo varias ramificaciones, formando células en Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Pasto, Bello, Itagüí, Palmira y otras ciudades.
Sin embargo, tal cual ha sido demostrado en varios procesos judiciales, el grupo fue infiltrado por miembros de las disidencias de las FARC y de la guerrilla del ELN, que suministraron financiación, armamento y entrenamiento en tácticas terroristas.
Su expresión más violenta se dio durante el “Estallido social”, cuando irrumpieron en las marchas convocadas pacíficamente por varios sectores de la sociedad, para convertirlas en asonadas contra la Fuerza Pública, el comercio y los sistemas de transporte masivo.
A pesar de estos antecedentes, el presidente Gustavo Petro ha postulado a varios de ellos como gestores de paz, en el marco de su proyecto político de “paz total”.
