Por esta época del año los colombianos que tenemos que declarar renta andamos buscando dinero, a veces prestado, para cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Para eso, cortamos o priorizamos algunos gastos y en muchos casos nos endeudamos. Algo parecido, pero a escala nacional, está sucediendo con el Gobierno: tienen que seguir cumpliendo con sus obligaciones, pero el dinero que tienen no está alcanzando y esto se ve reflejado en la demora en los pagos a varias entidades del Estado, ya no solo del Ejecutivo, sino de otros poderes públicos como el Legislativo.
Desde principios de junio de este año hasta la semana pasada, algunas entidades han compartido comunicados en los que exponen que no les han llegado los recursos que les gira el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por eso no han podido pagar nóminas, gastos de funcionamiento o girar recursos a los partidos políticos.
“(...) debido a causas ajenas a nuestra voluntad, aún no hemos recibido los recursos necesarios para efectuar los pagos a nuestros contratistas y proveedores. Estamos realizando las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Hacienda para solucionar esta situación”, comunicó la Secretaría General del MinCultura hace pocas semanas. En el mismo sentido, lo hicieron Parques Nacionales, el sector Salud, la Dian, el CNE y el Congreso.
“El Senado de la República, una rama importante del poder público, está paralizado (...) Yo le pido al Ministerio de Hacienda que no nos trate como una entidad del Gobierno, sino como una rama independiente del poder público que hoy está paralizada por falta de recursos”, dijo el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda. Ante el llamado de urgencia, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se reunió con Cepeda y lograron resolver la “
parálisis administrativa”. Sin embargo, 15 congresistas citaron a Bonilla a un debate de moción de censura para exigir explicaciones sobre los retrasos en los pagos, ya no solo al Congreso sino a varias entidades del Estado.
Pero, ¿qué hay detrás de este problema? ¿El Gobierno llegó a este escenario sólo por falta de caja? EL COLOMBIANO buscó una respuesta del Ministerio de Hacienda y del director de presupuesto, Jairo Alfonso Buitrago, pero señalaron que no harán pronunciamientos. Sin embargo, extraoficialmente, varios funcionarios de esa cartera le dijeron a este diario que el Gobierno ha hecho un recorte importante del presupuesto para cumplir con sus obligaciones y que aplazó gastos “por 20 billones de pesos para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal (...) se trata de una medida preventiva dirigida a garantizar que el gasto se ajuste a la disponibilidad real de ingresos, frente a la eventualidad de que, al final del año, el recaudo tributario resulte inferior al proyectado”.
¿Presupuesto inflado?
En ese último aspecto radicaría uno de los problemas que generan los retrasos en los pagos. Así lo explica el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, a EL COLOMBIANO: “Es una situación delicada y es por culpa de haber aprobado un presupuesto más alto de lo que realmente se iba a recaudar. Hoy están teniendo que tapar un hueco, por un lado, y abrirlo del otro lado porque no tienen la caja suficiente para pagar los recursos que se han comprometido. Tenemos un problema de caja que les va a tocar solucionar con más crédito y con eso van a violar la regla fiscal o hacer un nuevo recorte del presupuesto”, señala Londoño.
El Gobierno Petro confía, en efecto, que el recaudo tributario ayude a cuadrar caja, pero es un círculo “vicioso” que está sujeto al crecimiento de la economía: “Como nuestra economía no creció porque el 0,6 es lo mismo que no crecer, pues no se generaron los ingresos que la Dian necesitaba”, agrega el exviceministro del Gobierno Duque.
En la práctica, como todo está conectado, se han conocido cientos de testimonios en los últimos días de personas que tienen que acudir a los bancos para poder pagar su declaración de renta, por lo que en términos de consumo se vería una reducción con cierto impacto en la economía, según varios expertos. ¿Qué solución queda? El Ejecutivo se enfrenta a una nueva discusión en el Congreso sobre el Presupuesto General de 2025 que tampoco corrige la desfinanciación.
¿Qué sigue?
En el Legislativo, según consultó este diario, hay escepticismo sobre la propuesta del Gobierno. El presupuesto para el próximo año sería de 523 billones de pesos, pero el MinHacienda presentará una Ley de Financiamiento —que en la práctica es otra reforma tributaria— por 12 billones de pesos para inyectarle oxígeno a las finanzas públicas que han generado los retrasos en varias entidades. Pero hay algunos congresistas de distintas orillas que le sugieren al Gobierno devolver o recortar el presupuesto: “Lo responsable con el país es devolver el presupuesto porque los ajustes no se tienen”, dijo Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde.
Casi al mismo tiempo, mandatarios como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, han señalado que el Gobierno Nacional no ha destinado recursos adicionales en proyectos de inversión en algunas regiones por razones ideológicas. “Yo sí veo en este momento un castigo que el Gobierno está haciendo a ciertas regiones del país porque no las considera fines, está haciendo política con el presupuesto público y está privilegiando a sus amigos”, señaló el exviceministro Londoño. Sin embargo, otros expertos aseguran que eso lo han hecho la mayoría de gobiernos, quienes priorizan ciertas regiones donde devuelven favores políticos. Pero lo que no puede suceder, según la norma, es que el Gobierno deje de pagar sus obligaciones y cientos de funcionarios, contratistas y proveedores estén a la expectativa si les van a cumplir o no con sus pagos.
523
billones de pesos sería el presupuesto general para el 2025.
