Aún no se conoce el decreto presidencial que nombrará al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz y la noticia ya ha revolucionado a medio país. ¿Cómo es que un exparamilitar que no tiene ninguna tropa bajo su mando y lleva más de 15 años por fuera del país puede aportarle a la paz? ¿Cuáles son las intenciones de ese excomandante de ingresar al país con esa figura? ¿Cómo más podría beneficiar ese nombramiento al gobierno del presidente Gustavo Petro?
Esas son algunas de las preguntas que aún están en el tintero y que deberá responder el Ejecutivo para no llenar de más sombras el programa de la paz total: principal bandera política de Petro.
Sobre el anuncio del jefe de Estado se sabe poco, pero es un hecho que a Mancuso no lo tomó por sorpresa el ofrecimiento. Desde hace varias semanas, emisarios de la oficina de Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, se habían venido comunicando con el equipo de abogados del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para informarle sobre la posibilidad de nombrarlo como “gestor”. Mancuso –que ha sabido aprovechar bien el discurso de la paz y los beneficios que tiene colaborar con la justicia– aceptó inmediatamente y esperó paciente hasta que el anuncio se hiciera oficial.
Finalmente, fue el mismo presidente el que lo confirmó a través de su cuenta de Twitter. Según dijo, “el proceso de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe y los paramilitares no ha terminado y aún no se sabe toda la verdad”, por lo que aseguró que para “terminar el proceso y lograr la completa paz”, decidió otorgarle a Mancuso esa figura que, hasta ahora, solo había sido entregada a miembros de las disidencias de las Farc y grupos con carácter político.
De hecho, ese es otro de los interrogantes claves. Normalmente los gestores de paz son personajes que pertenecen a los grupos armados con lo que quiere negociar el Estado y que, de una manera u otra, tienen cierto poder o injerencia sobre los comandantes.
Bajo esa lógica, Mancuso no serviría para ninguna de esas dos labores básicamente porque ha permanecido incomunicado y lejos de los grupos armados desde mayo de 2008, año en que fue extraditado a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico.
Es más, pareciera que la intención de Petro y sus alfiles más cercanos es otra: llevarlo a “decir toda la verdad” sobre la parapolítica y los principales financiadores de esos grupos paramilitares.
El canciller Álvaro Leyva lo dijo textual refiriéndose al exjefe paramilitar: “la verdad es el cimiento sólido del necesario acuerdo nacional. La verdad es un derecho fundamental de la sociedad. La verdad conduce a la no repetición. La verdad es el camino hacia la verdadera paz. Llegó la hora de la paz con la historia. El momento de nuestra reconciliación”, dijo.
Y no es una convicción nueva. Durante sus años como senador, el presidente Petro lideró varios debates políticos en los que hablaba de Mancuso y lo relacionaba directamente con Uribe y otros políticos de derecha que, según Petro, se aliaron estrechamente con el paramilitarismo para crear nuevos bloques en todo el país.
“Esperemos que lo que se cree de que quieren que Mancuso venga a declarar en contra de la oposición sea un señalamiento erróneo y falso, pero lo que sí hay que decirle al Gobierno es que tiene que ser más claro de cuáles son las verdaderas intenciones que tiene el gobierno nombrando gestores de paz como Mancuso, porque desafortunadamente la intención de la paz total del Gobierno actual no está saliendo de manera adecuada y puede fracasar”, dijo el vicepresidente segundo de la Cámara de Representantes y miembro del Centro Democrático, Juan Espinal.
En contexto: Esto dijeron el expresidente Uribe y otros políticos sobre el nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz
Pero, yendo al reclamo puntual de “conocer toda la verdad”, también hay que decir que hasta el mismo excomandante de las AUC ha reconocido que viene colaborando con la justicia y entregando su verdad durante las últimas dos décadas. ¿Qué sería lo nuevo que diría, que haya dicho ya ante los tribunales estadounidenses, los de Justicia y Paz y los de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP?
Los mismos tribunales de Justicia y Paz se lo dijeron a la JEP en un auto que ratificó las órdenes de captura contra Mancuso: “algunos de los hechos presentados mediáticamente como novedosos, respecto de las delaciones del postulado Salvatore Mancuso en ese sistema de justicia, fueron conocidos por esta jurisdicción e incorporados en las decisiones del 31 de octubre del 2014 y del 11 de agosto de 2020”, lo que significa, según este tribunal, que el excomandante no ha dicho mucho nuevo desde ese entonces.
“Pareciera, entonces, que le ofrecen a Mancuso venir a cantar aquí cosas acomodadas y de las que no tiene pruebas a cambio de menos cárcel o, peor aún, de la libertad”, dijo otro miembro de la oposición que prefirió no ser citado.
Petro no puede pedir libertad
Pero, si ese fuera el escenario y el Gobierno buscara de algún modo ayudarle a Mancuso en su libertad, Petro tendría un camino jurídico inviable tal como está la Ley ahora.
Tal como explicó el fiscal general Francisco Barbosa, actualmente no hay un marco jurídico que permita levantar órdenes de captura a grupos paramilitares.
“Una cosa es levantarle órdenes a disidentes o guerrilleros que sí tienen un estatus político y que lo permite la Constitución, y otra muy diferente es querer aplicar ese mismo proceso a personajes del Clan del Golfo o Los Rastrojos, como en su momento quiso el presidente (...) El escenario es exactamente igual, Gustavo Petro está en toda su facultad de nombrar gestores de paz, es una decisión administrativa que le compete al presidente, pero que tiene unos límites judiciales de los que estaremos muy pendientes”, aseveró Barbosa.
Sumado a eso, también se supo que Mancuso le pidió a Estados Unidos brindarle asilo o enviarlo a Italia una vez sea liberado de la cárcel. Si cualquiera de esos dos caminos se da, es posible que el exjefe paramilitar se aleje de los procesos restaurativos y se dedique a responder netamente por su expediente judicial en el que, según Barbosa, acumula 38.626 hechos delictivos desde 2006.
Así las cosas, Mancuso llegaría a Colombia con una orden de captura vigente que ratificó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá el pasado 19 de julio, y tendría que continuar sus procesos ante la justicia para seguir pagando los años que le quedan de cárcel por sus crímenes como uno de los comandantes paramilitares más reconocidos del país.
Si el Gobierno quiere algo distinto, “tendría que tramitarlo por medio de un proyecto de Ley” que tendría, sí o sí, que pasar por el Congreso.
Someter herederos de los paras
Y, de hecho, esa no es una idea muy lejana para Petro. Según conoció EL COLOMBIANO, el comisionado Danilo Rueda se ha estado moviendo en sus círculos para definir qué funciona más: si una ley de sujeción parecida a la que se hundió en el Congreso o una prórroga a la Ley de Justicia y Paz que impulsó el Gobierno Uribe y que desmovilizó en esa época a más de 35.000 paramilitares.
“Si eso ocurre, lo que buscaría el Gobierno Petro sería darle un fin a Justicia y Paz, porque actualmente no tiene una fecha de cierre como sí la tienen la JEP, la Comisión de la Verdad y el Acuerdo de Paz, y añadirle competencia sobre los sucesos y herederos del paramilitarismo como el Clan del Golfo y otros grupos armados”, dijo el representante del Polo Democrático Alirio Uribe, quien ha sido cercano a las iniciativas de paz total del Gobierno.
Justo en ese punto entraría Mancuso. Tal como le dijo una fuente de la Casa de Nariño a este diario, lo que buscan con Mancuso es que él convenza a varios grupos de paramilitares que continuaron en armas de unirse a las iniciativas de paz del Gobierno.
“Sí, es cierto que el hombre lleva mucho tiempo fuera del país y que no es líder de ningún grupo, pero no hay duda de su capacidad de interlocución con algunos exparas que siguen en armas y que confían en él por venir de ahí mismo”, dijo esa fuente.
Pero, ¿qué gana Mancuso?
Bajo esa lógica, el exjefe de las AUC llegaría a Colombia después de 15 años fuera del país a cantar verdades y convencer a antiguos compañeros de unirse a la paz, ¿qué ganaría él entonces?
La respuesta es fácil. Mancuso ganaría beneficios jurídicos y, según se ha dicho, hasta la excarcelación.
Incluso, esa ha sido su intención con la JEP, ingresar a un sistema que ofrece penas mucho más cortas a cambio de decir la verdad y cooperar con la justicia restaurativa.
Por eso, y más allá de su intención de ayudar a las víctimas y contribuir con la paz del país -que también puede ser cierto- están sus ganas de pagar menos cárcel y quedar libre. Para entender ese punto también es clave entender en qué va la situación jurídica de Mancuso.
El exjefe paramilitar se desmovilizó en 2004 y fue extraditado cuatro años más tarde para que pagara por sus delitos de narcotráfico en los Estados Unidos. Estando allá terminó de pagar su condena hace casi 3 años, pero continúa bajo su custodia mientras tramita las solicitudes de Mancuso de ser enviado a un país que no sea Colombia.
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En cuanto a sus procesos internos, Mancuso tiene todo un expediente en Justicia y Paz, que es una dependencia de la Fiscalía que se creó durante el proceso de desmovilización de Uribe, y una solicitud activa para ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz.
En cuanto a este último punto, el presidente de la JEP, Carlos Vidal, ha sido claro con que Mancuso tiene que aportar detalles inéditos de su accionar como paramilitar y demostrar su papel como “bisagra” entre los grupos armados y la Fuerza Pública si pretende ingresar bajo esa figura a la Jurisdicción.
Para ese propósito, el excomandante tenía una última oportunidad, a la que la JEP bautizó “audiencia única de verdad”. Allí, Mancuso tuvo que responder a todas las preguntas de los magistrados y entregar pruebas de que todo lo que dijo ocurrió así.
Por ahora, la JEP evalúa si los aportes que hizo Mancuso son novedosos –punto en el que Justicia y Paz ya dijo que no– y si valen la pena como para recibirlo en la Jurisdicción aún con el golpe mediático que eso significaría para la entidad.
El país está a la expectativa de esa resolución presidencial que deberá explicar a detalle cuáles son los alcances y límites de ese rol de gestor de paz de Mancuso y cómo su gestión podría beneficiar a la paz del país.
