Cumpliendo con una petición del presidente Gustavo Petro para avanzar en su proyecto de “paz total”, la Fiscalía General de la Nación suspendió “todas y cada una de las órdenes de captura” que estaban vigentes contra tres disidentes de las Farc que fueron reconocidos por el Gobierno como representantes del Estado Mayor Central de las Farc-EP.
Mientras eso ocurría, al interior de la Casa de Nariño también se estaban ultimando los detalles para el segundo ciclo de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Pese a que el Gobierno había anunciado que las conversaciones se retomarían en México, este domingo se filtró a la prensa que esa posibilidad quedó aplazada y que los negociadores llegarían a Venezuela de nuevo para continuar con las mesas de trabajo. (Ver: Radiografía)
¿Negociar con las disidencias?
Pero, volviendo al anuncio de la Fiscalía, lo que se sabe hasta ahora es que son tres delegados de esa guerrilla los llamados a conversar con el Gobierno: Willinton Henao Gutiérrez, alias Olmedo, Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrei, y Sandra Milena Niño Guerrero.
Según la resolución 00003 del 4 de enero de 2023, ninguno de ellos será buscado con fines de captura dentro y fuera del país hasta dentro de 15 días, fecha en que perderá vigencia el documento.
Con esta acción, lo que asegura el gobierno Petro es la posibilidad de escuchar a las disidencias lideradas por Iván Mordisco y Gentil Duarte, un grupo armado que todavía podría alegar tratamiento político por tratarse de tropas que no firmaron el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc.
Un caso bien distinto a lo que ocurre actualmente con las disidencias de Iván Márquez, cuyos hombres traicionaron el Acuerdo y retomaron las armas.
La suspensión también aplica para las capturas “que tienen fines de extradición que se hayan dictado o que se dicten” contra las tres personas, un proceso que había sido adelantado por el Gobierno desde el pasado 2 de enero, cuando la Presidencia remitió al fiscal general, Francisco Barbosa, la solicitud de suspensión de las órdenes de captura en contra de dichas personas.
Este paso se entiende casi como un inicio de negociaciones entre el Gobierno y las disidencias. De hecho, el mismo ministro del Interior, Alfonso Prada, había insinuado que así sería.
La semana pasada, Prada aseguró que el Estado Mayor Central de las Farc-EP había aceptado el cese bilateral decretado por el Gobierno y que avanzarían “en la definición del protocolo para el inicio de las conversaciones en los próximos días”.
Con esta guerrilla en específico, se cree que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz optará por un acuerdo de paz similar al que se está negociando con el ELN, pues en el decreto del cese al fuego así quedó estipulado.
Esto último no ocurrió con grupos armados como el Clan del Golfo o las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para ellos, el decreto fue claro con que se someterían a la justicia.
