Hacia las 10:30 p.m. de este primero de agosto terminó la audiencia pública que pretendía legalizar la captura de Carolina Galván Cuesta y Nilson Bladimir Díaz Valenzuela, madre y padrastro de Sara Sofía: la niña de dos años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 28 de enero.
Galván y Díaz han sido señalados por la Fiscalía como los principales sospechosos de dicho delito y este 1 de agosto la juez quinta de control de garantías de Bogotá ordenó sus libertades. Para ella la captura fue ilegal.
Esta es la segunda libertad que ordena un juez para estos sospechosos.
La primera se dio este viernes 30 de julio. Bladimir y Carolina llegaron hasta el juzgado segundo especializado de Bogotá para la audiencia de acusación, allí la juez del caso consideró que la Fiscalía había cometido errores al momento de imputar los cargos a estos señalados. Por lo que Carolina y Nilson recobraron la libertad después de estar detenidos desde el 24 de marzo.
La Juez indicó que la Fiscalía no los argumentó, sino que solamente se “limitó a la lectura de varios medios de prueba, afectando los derechos de los procesados en su labor defensiva” y agregó que, durante la imputación, se confundieron hechos jurídicamente relevantes con “hechos indicadores y medios de prueba, tales como la denuncia, las entrevistas o los informes”, y que con relación a Nilson Díaz “la Fiscalía no indicó qué participación tuvo, además de ser la pareja sentimental de la mujer y de cobrar un subsidio”.
En ese punto, la Fiscalía indicó que no compartía desde ningún punto de vista la decisión de la juez y agregó que solicitaría nuevamente las órdenes de captura contra Galván y Díaz para “lograr el total esclarecimiento de este caso que ha conmocionado al país”.
En efecto, hacia las 8:45 del día siguiente, 31 de julio, se dio la captura de Carolina Galván. La de Nilson Díaz se dio hacia las 10:15 p.m. en el barrio La Vega del Bosque de Bogotá, en cuya cercanía se encuentra la cárcel La Picota, donde estaba recluido.
El caso fue remitido al juzgado quinto de Garantías de Bogotá. Allí la juez consideró que las capturas fueron ilegales en tanto la Fiscalía incumplió con el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal.
“El Estado debe ser respetuosos de los derechos de las personas a las que le asisten investigaciones penales, por más exacerbarles que nos parezcan esas conductas. Por grave que sea un delito, no se puede pasar por hecho esas garantías y derechos consagrados en la Constitución”, dijo la juez durante la audiencia donde explicó que la Fiscalía había tardado en pedir a la Defensoría los abogados para Díaz y Galván, lo que para ella constituyó en una violación al derecho a la defensa y al debido proceso.
La profesora en Derecho Penal de la Universidad de Antioquia, Yurany Machado Henao, analizó que en este caso “el abogado no tuvo la oportunidad de entrevistarse con sus defendidos, solo hasta quince minutos antes del inicio de la audiencia. La defensa técnica no se le garantizó de manera idónea a los capturados y el tiempo destinado fue muy corto y no es posible plantear un análisis jurídico penal de cara a las audiencias preliminares que se llevarían a cabo ese día”.
Punto con el que coincide Jhon Fredy Ríos Agudelo, porfesor en Derecho Penal de la U.deA., al afirmar que el actuar de la Fiscalía es irregular en dos aspectos: en la forma en que se capturaron, porque presume un desacato a la orden judicial del viernes 30 de julio donde se les otorgaba la libertad y la también violación a una defensa plena.
Mientras que la Fiscalía aseguró, a través de un comunicado, que “el procedimiento se realizó dentro de los términos de la ley”.
Para el profesor Ríos estos errores de la Fiscalía son constantes y se deben, en parte, a la falta de formación del cuerpo fiscal y la carga de trabajo del personal de esta institución.
Ambas decisiones de la justicia han molestado a la Fiscalía, incluso, luego de conocerse la primera libertad para Galván y Díaz, el pasado 30 de julio, este ente acusador manifestó que compulsaría copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que investigue a la juez del caso, pues, para ellos, con la decisión tomada se vulneran los derechos de la niña.
Dicha queja llegó este lunes 2 de agosto a la oficina del presidente de la Comisión Nacional de Disciplina: Jorge Eliécer Gaitán Peña. El remitente era Arcenio Velandia Sánchez, fiscal 71 especializado de Bogotá.
La profesora Machado afirmó que las quejas de este ente acusador ante la Comisión de Disciplina atentan contra la correcta administración de justicia porque “la Fiscalía no debe señalar ni estigmatizar a los jueces por los errores cometidos por sus delegados en los procesos” y puntualizó en que estos errores también son una forma de revictimizar a la familia que padeció este lamentable hecho.
¿Hacia dónde va el caso ahora?
Los penalistas consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que el caso retrocedió porque se anuló la imputación de cargos y se deberá realizar de nuevo todo el proceso.
Esto quiere decir que se debe realizar una orden de captura y leerles nuevamente los cargos, de una manera más clara, para que Galván y Díaz, presuntos responsables de esta desaparición, queden vinculados nuevamente al proceso penal.
¿Cómo será la nueva audiencia?
De acuerdo con información recibida a través de Colprensa, Nilson y Carolina serán imputados de la misma manera y con las mismas pruebas con las que acudieron a la Juez Segunda Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
Es decir, llegarán ante un nuevo juez con el mismo material que presentaron ante la Juez que decretó la nulidad del proceso luego de considerar que la Fiscalía no indicó cuáles eran los hechos jurídicamente relevantes por los que se les estaba imputando el delito. Describirán igual “las condiciones modales en las que ocurrieron los hechos y la forma en que los procesados intervinieron”.
Lo que presentará la Fiscalía se lee así:
“El día 24 de febrero de 2021 la señora Xiomara Galván Cuesta, interpone denuncia por la desaparición de la menor Sara Sofia Galván, de 22 meses de edad, indicando que para el día 15 de enero de 2021, su progenitora, Carolina Galván Cuesta, se llevó a la menor para pasar con ella un fin de semana, pero desde esa fecha no se tiene conocimiento de su paradero, dando cuenta de la comunicación sostenida con una señora Maricela, quien trabaja en Corabastos, quien le indicó que Carolina le comentó que tenía una menor de edad que se le murió en la casa, por lo que se asustó y con su compañero sentimental la arrojaron en una bolsa al caño de Tunjuelito”.
Esa descripción valió para que el pasado 30 de julio la Juez considerara que la Fiscalía no argumentó y que además afectó la labor defensiva de los procesados. Valiéndose así para otorgar la libertad de Nilson y Carolina.
Este será el tercer intento de la Fiscalía para imputar a Carolina Galván y Nilson Díaz el delito de desaparición forzosa agravada.
