Una ponencia que pide tumbar la paz total de Petro fue repartida este lunes a los magistrados de la Sala Plena y se discutirá con urgencia. La ley que se quiere tumbar es la 2272 de 2022, que le permite al Gobierno tener acercamientos de paz con organizaciones como disidencias, grupos de narcos y el Clan del Golfo.
La ponencia en cabeza del magistrado Jorge Enrique Ibáñez busca tumbar esa ley por vicios de trámite en el Congreso. Entre las razones que resaltan es que no existió un concepto del Consejo de Política Criminal.
Por eso, al tratarse de un tema de urgencia nacional, será de los primeros en el orden del día y para que se apruebe la ponencia se necesitan cinco de los nueve votos.
Lo que estudia la Corte es una demanda presentada por el abogado Javier Pava, específicamente el artículo 2 de esa ley que reformó la Ley de Orden Público. Según Pava, la modificación de las leyes para crear la “política de paz de Estado, se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones”, es inconstitucional.
La demanda también se fue en contra de la creación de una instancia de Alto nivel para caracterizar esas organizaciones ilegales. En su momento, la Procuraduría ya había solicitado a la Corte que tumbara esa ley de paz total que defiende Petro porque no hubo concepto en el Consejo de Política Criminal.
“Las deliberaciones no fueron ilustradas con el concepto del Consejo de Política Criminal pues no se remitió el dictamen sobre el impacto de las disposiciones propuestas en el sistema de justicia penal, aunque algunos congresistas manifestaron sus inquietudes en torno al contenido de la iniciativa y solicitaron la suspensión de las deliberaciones mientras el mismo era allegado”, explicó el Ministerio Público.
Además, el concepto de la Procuraduría resalta que las normas también son inconstitucionales porque, al hablar de estructuras criminales, los conceptos son amplios y con contenido indeterminado, lo que genera malentendidos en cuanto al sometimiento y los beneficios de justicia transicional.
“Para la Procuraduría es claro que, en virtud de la noción amplia de unidad normativa desarrollada en la jurisprudencia, la Corte Constitucional deberá declarar la inexequibilidad de la totalidad de la Ley 2272 de 2022 para asegurar la supremacía de la Carta Política y el cumplimiento de sus fallos (...)”, reza el documento en poder de EL COLOMBIANO.
Pero esta petición de la Procuraduría tiene un antecedente aún más delicado. Meses atrás, la Corte Constitucional emitió un fallo con el que, por primera vez en su historia, decidió que podrá suspender leyes demandadas que estén en marcha como una medida cautelar, mientras estudian si existe un riesgo inminente que afecte la Constitución.
Dicha advertencia, que se tomó precisamente evaluando la Ley de paz total, también incluyó un punto en el que decretó “urgencia nacional” para estudiar en el menor tiempo posible si esa Ley de paz total va en contra de la Constitución y, por ende, debe ser derogada.
Si eso ocurre, el presidente Petro recibiría uno de los golpes más duros que ha tenido que sortear en su Gobierno, pues esa ha sido una de sus principales banderas políticas dentro y fuera del país. De hecho, fue con esa iniciativa que el Gobierno probó a su nutrida coalición que, para ese entonces, logró pasar el proyecto sin mayores cambios y en poco tiempo.
