A la agenda anticorrupción se le agota el tiempo en el Congreso. A un mes de culminar con el periodo legislativo solamente dos proyectos, de los siete, han logrado tener un trámite exitoso. Los otros cinco están a puertas de hundirse.
Por el momento, las iniciativas que buscan la reducción de salarios y el máximo de tres periodos en una misma corporación están sepultados. Mientras que la propuesta que busca que los congresistas rindan cuentas aún no avanza.
Por el otro lado, los pliegos tipo y la publicación de la renta se encuentran a un debate de ser aprobados. Por su parte, la cárcel para corruptos y la realización de audiencias públicas tienen tropiezos, pero aún pueden ser salvadas.
El paquete de reformas fue presentado a mediados de septiembre del 2018, por sectores de oposición y el Gobierno en conjunto. Estas iniciativas surgieron tras negociaciones entre el Ejecutivo y los promotores de la Consulta Anticorrupción que logró cerca de 12 millones de votos, el 26 de agosto del 2018.
El no despegue de estas iniciativas se debe, en parte, a que el Gobierno en los últimos nueve meses no ha logradoconformar una coalición mayoritaria, ya que hasta ahora Duque solo cuenta con el apoyo Centro Democrático, los conservadores y los cristianos.
La senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, quien impulsó la Consulta, señaló que estos proyectos “incomodan, son iniciativas levantan ampolla, pues a algunos sectores políticos no les agradan”.
Lozano añadió que buscan rescatar puntos importantes como la cárcel para corruptos, porque “hoy los criminales de cuello blanco tienen privilegios de cárcel especial, mientras que los ciudadanos tienen condiciones severas de pérdida de libertad” dijo.
Finalmente, Lozano manifestó que las reformas tienen trabas porque el “Congreso no se ha sintonizado con el llamado de los ciudadanos”.
Para el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, las reformas son claves, pues “la corrupción no solo es económica, es un tema que vulnera Derechos Humanos de un grupo amplio de la población, este es un problema que genera víctimas”.
Cabe señalar que, según la ONG Transparencia Internacional, Colombia se encuentra ubicado en el índice en el puesto de 99, de 183 países, con alta percepción de corrupción. La misma conclusión la tiene el Barómetro Global de Corrupción 2016, el cual, afirmó que los ciudadanos perciben a las instituciones negativamente.
Hernández explicó que la importancia del paquete legislativo recae en que son “acciones concretas que al momento de tramitarse en el Congreso podrían ayudar a mejorar la imagen de la institución, incluso a mejorar el rumbo del país”.
