El mayor Yefferson Tocarruncho y el sargento Wadith Velásquez, adscritos a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional, quienes adelantaban la investigación de la denominada “Ñeñepolítica”, fueron los primeros capturados en este caso.
Los uniformados hacían parte del equipo que realizó la interceptación legal de las comunicaciones de José Guillermo Hernández, conocido como el “Ñeñe” Hernández, en la que se escucha sobre una presunta compra de votos a favor de Iván Duque en la Costa Caribe, para ganar la presidencia, asunto que investiga la Fiscalía.
De acuerdo con los argumentos de la Fiscalía, los dos policías habrían aprovechado las interceptaciones legales al “Ñeñe” Hernández para incluir en las escuchas a otras líneas de celular que nada tenían que ver con esta investigación, sin que mediara una orden judicial. Por eso tendrán que responder por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal y falsedad ideológica.
Las capturas fueron realizadas en la noche del jueves, y anoche iniciaron las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y determinación de medida de aseguramiento. Al cierre de esta edición la Fiscalía no se había pronunciado.
Giros inesperados
El primer giro en este caso se dio hace dos semanas cuando el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dijo en un noticiero nacional que la campaña de Gustavo Petro también sería investigada porque en los audios del Ñeñe aparecía un señalamiento según el cual habría recibido financiación de los mineros en La Guajira.
Dos días después el fiscal aclaró que Petro, de momento, no estaba siendo investigado, sino que su gerente de campaña sería llamado para aclarar la situación por la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral.
Y el segundo giro es la reciente captura del mayor Tocarruncho y el sargento Velásquez, cuyo abogado, Miguel Ángel del Río Malo, señaló: “este es un atentado a la decencia” y una “infamia que la Fiscalía General de la Nación juzgue con rasero diferente las condiciones de María Claudia Daza, (la asistente del expresidente Álvaro Uribe, quien se escucha en los audios conversando con el ‘Ñeñe’ sobre las presuntas actuaciones ilegales) a quien solamente citaron para un interrogatorio y no le pasó absolutamente nada”.
Esta aclaración la hace el litigante teniendo en cuenta que durante esta semana, Daza se presentó de manera virtual al interrogatorio que fue citada desde el ente acusador, y decidió, amparada en la ley y por recomendación de su apoderado Iván Cancino, guardar silencio.
La abogada Catalina Botero Marino, aseguró que “capturar a los investigadores del caso Ñeñe Hernández conduciría eventualmente a cuestionar la licitud y la legalidad de las pruebas recolectadas por ellos”.
La recusación
Precisamente el abogado Del Río Malo presentó ante la Corte Suprema de Justicia un incidente de recusación para que el fiscal Barbosa, dada la renuncia del alto funcionario para declararse impedido por su entrañable amistad con el presidente Iván Duque, también sea objeto de esta investigación.
Por lo que además solicitó a los magistrados nombrar un fiscal ad hoc para todo lo que tenga que ver con el caso de la “Ñeñepolítica”.
“La recusación contra el fiscal Barbosa no responde a la rabiosa necesidad de estrangular funcionarios sino a la imperiosa urgencia de dignificar la justicia. Barbosa no puede ser el jefe de una investigación que lastima los cimientos de la campaña que apoyó”, aseguró el abogado.
Pero no solo este abogado ha pedido que Barbosa se aparte del caso. Dejusticia y Transparencia por Colombia han pedido públicamente que se declare impedido, ya que, en la opinión de las dos ONG, la amistad entre el presidente y el fiscal minan la credibilidad de cualquier investigación en la que Duque pueda verse involucrado.
La defensa de los policías
“Esto es un montaje, esto trata de silenciar el tema de fondo que es la Ñeñepolítica, y de alguna manera mover la atención de la ciudadanía hacia aspectos accesorios. La idea que tiene la Fiscalía es dañar la prueba para que no los audios no sirvan para establecer responsabilidades detrás del fraude electoral”.
Así narró el abogado que en 2018, cuando se intercepta al Ñeñe porque se considera que existen indicios de su responsabilidad penal en el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, aparece un testigo que aporta cinco líneas telefónicas de abonados de celular supuestamente miembros de la organización criminal de Marquitos Figueroa.
Esa información fue entregada por estos policías a la fiscal, continuó Del Río Malo, para que determinara si esas personas hacían parte de dicha organización. En las escuchas se dan cuenta de que presuntamente quienes están conversando son funcionarios activos de la Policía, quienes hablaban de unos presuntos robos de unos dineros.
“Esto llamó la atención, pero como no tenía relación con el homicidio, los mismos actores de inteligencia de la Policía Nacional que hoy están capturados solicitaron el cierre de las interceptaciones”, manifestó el penalista.
Lo que queda en el ambiente es la pregunta sobre ¿por qué se involucra primero a los investigadores que a los investigados?.
