Piedad Córdoba volvió a afirmar que tras los procesos que la comprometen con la justicia hay una persecución política. La exsenadora señaló este martes a los embajadores Juan Carlos Pinzón y Alejandro Ordóñez como presuntos responsables de intervenir para que se dé su extradición hacia los Estados Unidos.
“Denuncio que he recibido un e-mail donde se me ofrece un vídeo que involucra a los embajadores Juan Carlos Pinzón (Estados Unidos) y Alejandro Ordóñez (OEA), incidiendo por mi extradición ante el funcionario estadounidense Michael Kozak, Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental”, se lee en el pronunciamiento de la candidata al Senado por la lista del Pacto Histórico.
Según el relato de la política –con proceso abierto en la Corte por Farcpolítica– el pasado 17 de febrero entró a su correo una comunicación de un funcionario consular que se hace llamar Mario Hernández.
En la comunicación, que hizo pública la excongresista, se lee que el embajador Pinzón sostuvo una reunión de 45 minutos con Michael Kozak en la que hablaron de su caso y de la posibilidad de que la política comparezca ante la justicia americana.
“La verdad, respetable señora, por el tiempo que llevo trabajando en esta delegación diplomática eso más que una reunión bilateral de cooperación entre ambos Estados, creería, más bien, que corresponde a las insidias y cizaña política”, le dice el supuesto funcionario a Córdoba.
Para acceder al video, le dice el supuesto funcionario a Córdoba, debe pagar una “justa remuneración con pautas y garantías” para que se de “un trato anónimo y milagroso”.
Luego, dice la aspirante al Senado, recibió mensajes de WhatsApp en los que se le indica que el embajador de Colombia ante la OEA, el exprocurador Alejandro Ordóñez, haría parte de este entramado extraditador. El video y las conversaciones por la aplicación de mensajería se desconocen.
La aspirante al Congreso consideró estos mensajes como extorsivos y le pidió a la canciller, Marta Lucía Ramírez, que explique por qué este funcionario a su cargo envía estos mensajes; a la Fiscalía, que indague para que se detengan “los actos delictivos” contra la oposición y a EE. UU. que eviten que funcionarios suyos intervengan en la campaña electoral.
Entre tanto, la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, sigue recopilando testimonios en el caso que involucraría a Piedad Córdoba con las Farc. Este martes escuchó al expresidente Andrés Pastrana y a la mamá de Íngrid Betancourt, Yolanda Pulecio. El turno este miércoles 23 de febrero será para el expresidente Álvaro Uribe Vélez
