Pocas cosas unen tanto a una sociedad, o a una nación, como el dolor por los crímenes contra sus niños. La zozobra por los asesinatos de Marlon Andrés Cuesta (6 años) y Sindy Johanna Toro (12 años), la semana pasada en Medellín, no se va y es símbolo de injusticia y desesperanza.
Por eso, cada vez que aparecen casos similares a lo largo del país, la voces que piden endurecer las penas contra los victimarios se hacen sentir. El presidente Iván Duque ha sido un abanderado para que el abuso o violación contra los menores de edad sea un delito imprescriptible.
La Cámara de Representantes retoma hoy el polémico proyecto que ha sido presentado una y otra vez sin lograr hasta ahora ningún resultado. Su efectividad para combatir la violencia contra los niños está en entredicho, así como las intenciones de los defensores de la iniciativa, sobre todo en época electoral.
El proyecto ha sido catalogado como “populismo punitivo” –agradarle a las masas prometiendo penas más severas por delitos de este tipo– lo cual ha sido desmentido por el jefe de Estado.
Se queda en nada
Hoy la ley prohíbe esa medida y establece una pena de 60 años sin beneficios para quienes incurran en este delito.
Dos propuestas para modificar el artículo 34 de la Constitución, y que los culpables vayan a la cárcel por el resto de su vida, se han tramitado desde hace más de una década.
Primero, la senadora fallecida, Gilma Jiménez, lideró un referendo para hacer el cambio en la Carta Magna, pero fue hundido en la Cámara de Representantes en 2011.
Luego, su hija Johana Jiménez tomó las banderas de su mamá y trató de impulsar de nuevo la iniciativa, consciente de que no sería la solución definitiva al problema, pero sí, “darle un mensaje contundente a la sociedad”, dijo el año pasado cuando la propuesta aún tenía vida. El proyecto fue archivado y completó así cinco derrotas en el Legislativo.
¿Por qué se oponen?
No ha comenzado en pleno el debate y en la Comisión Primera de la Cámara ya reposa una ponencia negativa presentada por el partido Farc y por el Polo Democrático.
Según “Marcos Calarcá” de la Farc y Germán Navas del Polo, firmantes de la ponencia, las penas vigentes son suficientes y no deben hacerse cambios.
Jorge Gómez, representante del Polo Democrático respaldó la idea de su copartidario. “Proponer la cadena perpetua apunta más a mover sentimientos que a resolver las causas del problema. En términos prácticos, en Colombia ya existe la cadena perpetua, pues está contemplada una pena de 60 años, o sea que si alguien comete ese delito, diga usted para ponerlo joven, a los 20 años, estará saliendo cuando cumpla 80 años; la expectativa de vida para los colombianos varones está en 75 años”, argumentó.
El tema es tan sensible y polémico que las voces en contra de la iniciativa no solo llegan de los partidos de oposición. Margarita Restrepo, representante del Centro Democrático, resume su rechazo en las siguientes razones.
“Primero, estaríamos violando derechos fundamentales. Segundo, el sistema penitenciario colombiano no está en capacidad de asumir ese reto por el hacinamiento y por lo que cuestan los presos al sistema. Tercero, fiscalmente tampoco tenemos capacidad de resolución y cuarto, no entiendo por qué desviamos la verdadera razón de que los niños están descuidados en Colombia y que somos el segundo país con la infancia más maltratada, porque no tenemos una justicia efectiva, el problema no es el sistema legislativo sino el judicial”.
Restrepo agregó que su bandera ha sido velar por la protección de los niños y “no hacer política con los niños”.
Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, anunció que su bancada aún no ha discutido el proyecto y por eso no tienen una posición colectiva al respecto. Sin embargo, da luces sobre su inclinación.
“El Código Penal colombiano se ha venido dotando de penas cada vez más severas contra quienes lo cometen. Pero se necesita, además de mantener penas altas, un esfuerzo de protección integral de toda la malla institucional del Estado. Hay que considerar en esta discusión el concepto de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Ministerio de Justicia, que consideró como poco eficaz ese tipo de soluciones que corresponden más bien a un enfoque de populismo penal”, dijo.
El bloque que la impulsa
El deseo de ver entre rejas para siempre a violadores y asesinos de menores de edad, logró unir a las bancadas independientes con las de gobierno. Liberales y Cambio Radical están en la misma orilla de conservadores y uribistas.
Su propósito es efectuar el cambio en la Constitución permitiendo la prisión perpetua revisable, es decir, que la pena se analice por expertos cuando se cumplan 25 años.
“Muchos colombianos tienen sus esperanzas, creemos que esas personas tienen una enfermedad y que deben estar encerrados por el resto de sus vidas. No tener este problema vivido con Garavito, que violó tantos niños y cada vez que va a salir tenemos que hacer alguna maniobra jurídica para que no salga”, opinó Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático.
Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, también apoya la medida como “mecanismo de persuasión y disuasión. Desde el partido debemos apoyar incondicionalmente esta propuesta”.
Aunque el Gobierno esta vez sí contaría con mayorías para la aprobación, el debate promete ser álgido, mientras la sociedad en pleno sigue gritando y pidiendo justicia.
