Era una decisión que se veía venir, luego de darle muchas largas a la discusión del proyecto de ley anticorrupción este fue hundido en el Congreso de la República. Lo que más llama la atención fue la forma cómo esta iniciativa fue llevada al fracaso en la conciliación, una etapa que por lo general es de simple trámite.
El asunto es así: luego de cumplir los cuatro debates en Senado y Cámara era necesario que se unificara el texto de las dos corporaciones. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, dilató el nombramiento de conciliadores hasta que, en la tarde de ayer, fue asignado Jairo Humberto Cristo.
Lo que resulta sorprendente es que al preguntarle por su labor como conciliador, el representante Cristo aseguró que recibió un email en el que le asignaban esta responsabilidad a las 3:43 de la tarde y “no revisó a tiempo su correo”.
Pero hay más talanqueras que permiten plantear que el Congreso no estaba interesado en que este trámite terminara con éxito. El mismo representante Cristo sostiene que una vez supo de su responsabilidad como ponente buscó al presidente del Senado, Ernesto Macías, para que le dijera quién iba a ejercer ese rol en el Senado. La respuesta nunca llegó. Así las cosas, no fue agendada para hoy (último día de sesiones del Congreso) y tuvo un entierro de tercera.
¿Hay culpables?
Ahora, quien es el responsable del hundimiento: ¿Chacón? ¿Macías? ¿Cristo?. A juicio del ponente y coautor de la iniciativa, el senador Germán Varón Cotrino, “era evidente que, más allá de los nombres, no lo querían aprobar”. En diálogo con EL COLOMBIANO recordó que “las causas que llevaron al hundimiento fueron las largas sesiones de impedimentos, a lo que se suma que la reforma que no les gustaba a muchos”.
Prueba de ello, a juicio de Varón Cotrino, es que “seis sesiones se tardó solo en discusiones de los impedimentos”. Es esta una de las estrategias habituales de dilación en el Congreso.
Así las cosas, no fue suficiente el mandato ciudadano que, vía consulta popular con más de 11 millones de votos, reclamaba una profunda reforma para enfrentar la corrupción. En su momento, el presidente Iván Duque, recién posesionado, se comprometió con el tema. Lo propio hizo el Congreso, pero, al finalizar la legislatura, el balance es pálido. De las siete iniciativas planteadas solo una fue aprobada.
Incómoda propuesta
Para el senador Varón Cotrino, en la extensa reforma (más de 56 artículos) había un tema que resultaba espinoso: el que obligaba a los funcionarios públicos a pagar con prisión si eran declarados culpables de delitos relacionados con corrupción, atrás quedaba la casa por cárcel o los establecimientos penitenciarios especiales como batallones o escuelas de policía, la detención se planteaba como la de cualquier ciudadano de a pie.
Cuando el país y hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) esperan medidas ciertas contra la corrupción, todos quedaron mal. A juicio del director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, John Freddy Bedoya, “esto va a generar más mala imagen, el proyecto anticorrupción es un asunto que las personas necesitan, que quieren. La frase seguirá siendo: los mismos corruptos de siempre seguirán robando la plata” .
