Puestos, sobornos, contratos, favores. La corrupción tiene múltiples formas y el Estado es actor principal en ella. Así se desprende del Monitor Ciudadano de la Corrupción de la ONG Transparencia por Colombia.
El tercer informe de la plataforma, que se dio a conocer ayer, presenta una radiografía de la corrupción en el país, partiendo del cubrimiento de los medios de comunicación sobre este tema entre 2016 y 2018. Los 46 medios consultados, entre los que se encuentra EL COLOMBIANO, reportaron 327 hechos. El 6 % de ellos ocurrieron en Antioquia.
Contratos por doquier
El informe advierte que uno de los principales limitantes para dimensionar la corrupción como fenómeno es la escasez de información con la que se cuenta. No obstante, el análisis da cuenta de que en su mayoría, la corrupción administrativa es en la que incurren más los colombianos, con el 73 % de los casos.
De ellos, los problemas asociados con contratación pública son los más recurrentes, con un 46 % de hechos registrados. Y es que, indica el informe, los dineros públicos se ha convertido en el botín más codiciado por los delincuentes. Peculado y celebración indebida de contratos fueron los delitos más cometidos. Incluso, los funcionarios (39 %) fueron los principales involucrados, además de las autoridades electas por voto popular (30 %), segmento integrado en su mayoría por concejales (41 %) y alcaldes (40 %).
Municipios, muy vulnerables
En el ámbito municipal “el flujo de decisiones y recursos públicos es cuantioso”, puesto que “los ciudadanos desarrollan allí sus actividades y construyen su bienestar”, situación que representa “una oportunidad para el interés egoísta de los corruptos”, señala el Monitor Ciudadano. Es más, indica que el 69 % de los casos de corrupción ocurre en los municipios. Administraciones “con baja capacidad de gestión, déficit de procesos de planeación y alta dependencia del clientelismo”, completan el fallido panorama. Bogotá (7 %), Barranquilla (7 %), Bucaramanga (6 %), Cartagena (6 %) y Medellín (3 %), son aquellos donde más se concentraron irregularidades.
En Bucaramanga, por ejemplo, Luis Francisco Bohórquez fue elegido alcalde en 2011, sin embargo, “poco antes de posesionarse en su cargo, familiares cercanos suscribieron sociedades para obtener numerosos contratos de la Alcaldía”. De acuerdo con el reporte, las propuestas de contratación iban con sobrecostos de hasta el 30 %. El alcalde fue enviado a prisión en 2017.
La justicia tarda
De otro lado, teniendo en cuenta la fecha del hecho registrado y la fecha en que los involucrados fueron sancionados fiscal, penal o disciplinariamente, el informe pudo calcular los tiempos de actuación de la justicia.
Mientras la sanción fiscal tardó un promedio de 4,4 años en llegar, la condena penal se demoró unos 4,3 años y la sanción disciplinaria tardó cerca de 3,3 años en ser emitida. Además, la justicia abrió entre 2016 y 2018 un total de 920 investigaciones y procesos, de los cuales solo el 23 % llegó a una condena, sanción o multa.
Ciudadanía a la espera
Reseña el informe que “11.671.420 ciudadanos votaron a favor de la Consulta Anticorrupción en 2018” y aunque el proyecto no alcanzó el umbral electoral, “el actual gobierno se comprometió a sacar adelante las iniciativas”. Pero según reporta la Veeduría al Mandato Anticorrupción, veeduría a la consulta, “a la fecha, ninguna de ellas se ha convertido en ley” .
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es el puesto de Colombia en el Índice de Percepción de Corrupción, entre 180 países.
