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Expediente de Rodolfo Hernández por presunta corrupción en caso Vitalogic pasará a Corte Suprema

El juicio oral programado para este jueves tuvo que ser suspendido porque el fiscal encargado se contagió de covid-19. El caso de Hernández pasará a la Corte Suprema para continuar el juicio.

  • El senador y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, está acusado por corrupción en el caso Vitalogic. FOTO: COLPRENSA
    El senador y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, está acusado por corrupción en el caso Vitalogic. FOTO: COLPRENSA
21 de julio de 2022
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El famoso caso Vitalogic por presunta corrupción tuvo un nuevo pare en el camino. Tras aceptar su curul en el senado, el excandidato Rodolfo Hernández adquirió un fuero constitucional que obliga a que su caso salga de la Fiscalía y pase directo a la Corte Suprema de Justicia.

El caso de Hernández –quien quedó en segundo lugar en las pasadas elecciones presidenciales– había avanzado hasta la etapa de juicio en la Fiscalía, un paso que se da luego de la acusación formal.

De hecho, el fiscal delegado del caso, Jorge Villamizar, programó una audiencia de juicio oral para este jueves 21 de julio en la que Rodolfo Hernández asistiría para declarar sobre su presunta responsabilidad en hechos de corrupción durante su administración como alcalde de Bucaramanga.

A dicha audiencia estaban citados Hernández y tres personas más acusadas en el caso. Pese a eso, el excandidato no asistió porque su caso ya inició el proceso de traslado hacia la Corte Suprema.

Los otros tres implicados tampoco se enfrentaron al juicio porque el fiscal Villamizar se contagió de covid-19 y alegó que no ha tenido tiempo para leer todo lo necesario para dicha etapa.

Una vez llegue a la Corte Suprema, la entidad deberá abrir una investigación formal y retomar el proceso en la etapa que iba. Es decir, no inicia una averiguación de cero, sino que llega al punto de juicio.

El caso Vitalogic fue uno de los escándalos más fuertes de Hernández durante su campaña, pues su máxima bandera política era la lucha contra la corrupción y, al mismo tiempo, se enfrentaba a un juicio por tres delitos: falsedad ideológica, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

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