Expropiación. Y exprés. Ese es el mecanismo que apareció en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno de Gustavo Petro que alentó las críticas de la oposición, y hasta dentro de las filas de congresistas cercanos al Ejecutivo, como Katherine Miranda, ante el riesgo de que la reforma agraria se ejecute con tierras quitadas por la fuerza a sus propietarios.
Ese término que recuerda las políticas de Hugo Chávez en la Venezuela de la década del 2000 no llegó precisamente en el documento que está en estudio en el Legislativo –en el que ni siquiera se menciona ese formato–, sino como una proposición de un representante a la Cámara del Pacto Histórico.
El protagonista del controversial artículo es Jorge Bastidas y en las dos páginas de su propuesta –que fueron filtradas por Miranda– se lee que la Agencia Nacional de Tierras (la ANT a cargo de hacer realidad la reforma) buscará una negociación con los propietarios de los latifundios para adquirir los predios.
El problema es que, si esa interlocución no llega a buen término, podrán declarar el predio como de utilidad pública o de interés social. Una medida que abre camino a la expropiación de tierras con la excusa de democratizarla entre los campesinos que han carecido de ellas.
Es más, los parlamentarios del Pacto Histórico ya habían intentado meter ese punto en la discusión de los primeros borradores del texto, pero los ponentes se opusieron a poner un artículo que hablara de expropiación, porque podía terminar quitándole legitimidad al proyecto. La oposición de los ponentes no fue suficiente y ahora ese ítem aterriza como una de las 4.000 proposiciones para las discusiones en la plenaria.
Este diario buscó al congresista para conocer el detalle de la propuesta, pero su equipo respondió la solicitud de entrevista con una hilo de publicaciones en Twitter en el que el Bastidas puntualizó que “es legítimo el interés por modernizar y hacer eficientes los instrumentos que debe tener el Estado para garantizar la Reforma Rural Integral” (ver recuadro 1).
Fue tal el debate que la ministra de Agricultura designada, Jhenifer Mojica, tuvo que salir a aclarar que la reforma agraria plantea compras voluntarias de tierra y no expropiación. Según ella, el Ejecutivo ya le retiró el apoyo a la propuesta de incluir la “expropiación exprés” en el PND, pero esa iniciativa llegará –en todo caso– la próxima semana al Legislativo a título de quienes integran la bancada de Gobierno.
Reforma agraria, ¿a qué costo?
El debate de la reforma agraria viene alentándose desde que Petro llegó a la Presidencia y la encargada de ejecutarla era la exministra de Agricultura, Cecilia López, quien terminó saliendo del cargo en el segundo remezón ministerial después de criticar a una compañera de gabinete –la de Minas y Energía, Irene Vélez– y causar polémica en febrero por ponerle los puntos sobre las íes a la reforma a la salud de la también exministra, Carolina Corcho.
Pero López no es la única que le estaba metiendo mano a la promesa del mandatario de cumplir el punto uno del Acuerdo de Paz de La Habana de ejecutar la reforma rural integral. En esa tarea también está el antioqueño y exguerrillero del EPL, Gerardo Vega, el ahora director de la ANT que se echó al hombro la promesa de distribuir 3 millones de hectáreas entre 300.000 familias campesinas.
Vega tuvo que salir a apagar el incendio generado por la proposición del congresista del Pacto sosteniendo que “nadie va a expropiar. Es falso. Nosotros lo que vamos a hacer es la compra de tierras y a comprar tierras para darle a los campesinos que no tienen”. Las palabras del funcionario fueron insuficientes para contener el debate sobre la polémica idea.
El llamado de alerta de Katherine Miranda, quien ha sido una congresista cercana al Gobierno –al punto que estaría buscando la Presidencia de la Cámara– llegó resaltando que ese procedimiento no tendría ni garantías ni legítima defensa para los propietarios de las tierras en disputa.
Y es que el objetivo del Gobierno sería que el procedimiento se dé en cuestión de tres semanas, lapso en el que el propietario de la tierra fértil tendría que ponerse de acuerdo con el Estado sobre la oferta presentada por este porque, sino lo hacen, pues el latifundio se declararía como un terreno de interés social.
También hay riesgo de pupitrazo
La cuestión con el PND va más allá del fantasma de la expropiación. El debate parlamentario está enredado, y apretado, porque el domingo 7 de mayo vence el plazo para que ese articulado sea aprobado por el Congreso. En tiempos legislativos, la próxima semana, martes y miércoles, estará en la agenda de la discusión de las plenarias y la intención de los ponentes es tramitarlo en estas mismas fechas porque, de lo contrario, sería políticamente imposible aprobarlo.
Si no lo logran, el tiempo se acaba y el Legislativo pierde todo el poder sobre el PND, porque el presidente podría aprobar su plan de acción para estos cuatro años por decreto, como se lo permite la Constitución.
Esa advertencia la había hecho EL COLOMBIANO hace dos semanas, cuando el Legislativo tenía aún tres para agilizar el trámite. Pero entre las crisis en el Gobierno que llevó al remezón ministerial que sacó a siete jefes de carteras, el freno en seco que le dieron los partidos tradicionales a la reforma a la salud y el estancado debate de las otras reformas (laboral, pensional y el proyecto de sujeción a la justicia para criminales) el debate sobre el PND se dejó para lo último.
La senadora del Centro democrático, Paola Holguín, asegura tener una “enorme preocupación, porque el texto del Plan Nacional de Desarrollo es muy desordenado, tiene muchos artículos de facultades extraordinarias, hay muchas propuestas y muy poco tiempo, y uno siente que muchos artículos que fueron negados por inconvenientes, van a tratar de revivirlos en el debate”.
Este diario tuvo acceso al texto propuesto para el segundo debate y en este todavía se cuentan seis facultades extraordinarias para el presidente (ver recuadro 3) y se mantiene la discutida propuesta de que todas las entidades del Estado tengan que acoger los lineamientos de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado (ver recuadro 2).
El compendio de 282 páginas –con 373 artículos– incluye poderes especiales para Petro en la ejecución de programas sociales y la construcción de vías en caminos veredales, entre otros asuntos que podrían mantenerse si no se da un debate en el que se analicen los artículos uno por uno. Y para eso, simplemente, no hay tiempo.
Esta semana que comienza apenas tiene cuatro días hábiles y una vez se cumplan esas jornadas llega el fin de semana en el que caduca el plazo para el análisis del PND. Así que al debate del articulado le quedan dos caminos, ambos con tropiezos.
El primero, que se apruebe a pupitrazo el documento votando los artículos por bloque y sin estudiar en detalle las proposiciones que lleguen; el segundo, que caduque el plazo legislativo y el mandatario termine dándole el visto bueno a su propio PND por decreto presidencial.
Pero, si Petro depende solo de sí mismo para poner a marchar el texto, la norma lo obligaría a que se eliminen las facultades extraordinarias, la creación de nuevos fondos y reestructuraciones a la arquitectura del Estado, puntos que el presidente sí está persiguiendo con este PND.
Y hay otro factor en el tablero: en la discusión se estrenará Luis Fernando Velasco como ministro del Interior, un debate que pondrá a prueba sus capacidades para convencer a los partidos tradicionales de los polémicos proyectos del Gobierno.
Coger tierras en solo 20 días para la reforma agraria
Abril de 2022, hace exactamente un año. El entonces candidato a la Presidencia y ahora jefe de Estado, Gustavo Petro, acudió a la Notaría 17 de Bogotá para dejar sobre un papel notarial su promesa de que, de llegar a la Casa de Nariño, no expropiaría los bienes de los colombianos. Y, si llegase a incumplir ese compromiso, afirmaba él, se sometería a la justicia por las implicaciones de un “falso juramento”.
El pacto firmado por Petro tuvo exactamente doce meses de vigencia, porque los congresistas de su bancada del Pacto Histórico aceptaron ante micrófonos que están buscando que ese mecanismo sí pueda aplicarse en el marco de la ejecución de la reforma agraria.
La proposición en cuestión va para el artículo 55 del PND y pretende que se cree un inventario de tierras subutilizadas que el Estado podría comprar a partir de la oferta voluntaria de los propietarios, el problema es que da escasos 20 días para que se llegue –o no– a un acuerdo entre el Estado y los propietarios.
El precio no lo pondría el dueño del terreno, sino que el avalúo estaría a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Si las partes no llegan a un acuerdo, esa proposición le da poderes al Estado para que ejecute el procedimiento “por motivos de utilidad pública o interés social con indemnización previa que requiere la reforma rural integral”.
Para calmar las preguntas, el director de la ANT, Vega, es enfático al asegurar que sí se hará una transacción de compra: “No hay expropiación exprés, lo que si queremos es compra voluntaria de predios exprés”.
Comisión de la Verdad estará por todas partes
Pese a la polémica que se destapó a comienzos de abril por el artículo del PND que buscaba que todas las entidades del Estado implementaran las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, ese ítem se mantuvo en el nuevo borrador del texto que está en estudio en el Senado.
Se trata del artículo 8 sobre la implementación de las recomendaciones del informe final de esa Comisión que plantea que todas las instituciones deben acoger los apuntes que hizo ese grupo y le pone la tarea al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) de definir los lineamientos para llevar a cabo esa tarea.
Es más, el borrador plantea crear lo que sería una suerte de nueva Comisión de la Verdad a través de la creación de un “mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica” que operará el Centro Nacional de Memoria Histórica y que tendrá como objetiv orecoger la información de los acuerdos, un tema que el Ejecutivo terminaría usando en repetidas ocasiones si consigue sus objetivos de firmar la paz con las guerrillas (ELN y disidencias) y las bandas dedicadas al narcotráfico (Clan del Golfo o las delincuenciales de Medellín con las que confirmó los acercamientos el viernes).
Si se acogen las recomendaciones de la Comisión, se abriría la puerta a que el presidente no tenga injerencia en la elección del fiscal y a que se saque a la Policía del Ministerio de Defensa.
Presidente quiere otras 6 facultades extraordinarias
El debate sobre las facultades extraordinarias que está pidiendo Petro en el PND se ha repetido desde que radicó el texto y aún en la recta final del trámite de ese articulado esas pretensiones se mantienen. La versión que está en estudio del Senado tiene seis facultades de las que cinco están concentradas en un mismo bloque y otra más quedó en un parágrafo ubicado en la parte final del documento.
La primera de ellas (artículo 325) le permitiría expedir normas con fuerza de ley para modificar los programas Familias y Jóvenes en Acción con el fin de incorporarlos al Sistema de Transferencias. El siguiente (artículo 326) lo avalaría para adelantar “las actividades necesarias” adquirir la infraestructura del Hospital San Juan de Dios y crear allí una nueva entidad de salud.
Con el artículo 327 busca crear una entidad adscrita al Ministerio de Transporte para la construcción de vías vecinales. Hay otro, el 328, que pretende “homogeneizar las disposiciones que regulan la gobernanza y los regímenes de las entidades públicas de servicios financieros” de la entidad mixta del Estado Grupo Bicentenario.
En el 329 se propone poner en marcha el servicio nacional forestal. Y, finalmente, en el artículo 353 que crea la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales hay un parágrafo en el que pide facultades especiales para definir la planta de personal y estructura de esa nueva entidad. Todas esas facultades extraordinarias tendrían una vigencia de seis meses desde el momento en el que se apruebe la norma.
