El viento seco de abril de 2024 soplaba con fuerza en Taganga, cuando una niña wayúu de 13 años desapareció. Mientras era buscada, un ciudadano canadiense la torturaba con dureza en la habitación de un hostal de su propiedad en ese municipio de Magdalena.
La noticia apenas se filtró más allá de la comunidad. No hubo portadas ni llamados urgentes de las autoridades. Un año después, el extranjero, identificado como Andy Asselin, fue capturado, pero el camino a la impunidad ya estaba allanado. La Fiscalía solo le imputó el delito de secuestro agravado, pese al mapa de cicatrices que dibujaba en su piel la historia del tormento y el desgarrador relato de la menor.
Acorralada por la pobreza y el miedo, la víctima y su familia se perdieron en el anonimato y ese ha sido, justamente, el mayor obstáculo para la abogada y activista wayúu Estercilia Simanca, quien decidió actuar como agente oficioso, asumiendo la representación de la familia, aún sin haberla encontrado.
Simanca se encargó de encender las alarmas una vez supo lo ocurrido. De inmediato exigió a las autoridades un seguimiento riguroso del caso. Pero su mayor frustración es haber llegado tarde: no tuvo noticias del crimen hasta diez meses después, cuando se enteró de la captura del presunto responsable.
El canadiense fue detenido el pasado 12 de enero en el aeropuerto Rafael Núñez, de Cartagena, cuando intentaba huir hacía su país. Entonces, Estercilia Simanca emprendió una lucha incansable para garantizar justicia y reparación.
En esa misión, recientemente, Simanca envió una carta a la Fiscalía General de la Nación solicitando que al extranjero se le impute el delito de tortura. En esta, afirma que la menor fue víctima de agresiones físicas y culturales y el material probatorio así lo soporta.
“Ese caso tiene 10 meses y yo recién me enteré en enero. La Corte Constitucional y el ICBF deben hacer seguimiento porque se trata de una menor wayúu y los niños y niñas indígenas son sujetos de atención especial. Empezar a entender que los niños y niñas wayúu que están por fuera del departamento hacen parte de ese estado inconstitucional de cosas. Yo estaré vigilante mediante derechos de petición. No sé si la niña tenga abogados, no sé si está protegida, no sé quienes son sus familiares, ni cuál es su comunidad, lo que sí sé es que debe ser protegida con ocasión de la sentencia de la Corte”, dijo la activista y abogada.
Simanca se refiere a la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, la cual reconoce a los niños wayúus como sujetos de atención prioritaria. Su mayor temor es que este hombre quede libre. Antes de su captura, Andy Asselin, se movía entre Santa Marta y Cartagena ofreciendo los planes turísticos con los que atraía clientes a su hostal en Taganga.
“Lo lamentable es que en Colombia no hay protección para los sujetos reconocidos como de especial protección como es el caso de los niños wayúu, pero Canadá sí protege a sus ciudadanos y ese es el temor”, añadió.
Y con razón, busca justicia. Aunque ante un juez el extranjero se declaró inocente, la Fiscalía lo señala de ser el responsable de la tortura a la que fue sometida la niña indígena el 26 de abril de 2024, tras ser acusada de haber tomado pertenencias del hostal.
El castigo fue tan brutal como inhumano. La arrastraron hasta una habitación y allí la sometieron a un tormento despiadado.
Fue golpeada. Con un machete caliente marcaron su piel. Le raparon la cabeza y las cejas. La menor fue encontrada por trabajadores del lugar atada de pies y manos a una cama en mal estado de salud.
De inmediato, la Policía inició una investigación y la búsqueda de Asselin como presunto responsable. Meses después fue capturado por la Policía de Turismo en Cartagena tras verificar que en su contra tenía circular azul y una orden de captura emitida por Interpol.
El hostal donde ocurrieron los hechos, Chill Inn Spot, está bajo investigación. Las autoridades buscan verificar si son ciertas o no las denuncias según las cuales, el extranjero usaba las instalaciones para la posible explotación sexual de menores de edad y el mal llamado turismo sexual.
En redes sociales, el hombre ofrecía diversos planes turísticos. “Tenemos muchos contactos en la ciudad para organizar tu próxima excursión en Taganga, ya sea que te interese hacer senderismo, explorar ríos y cascadas, disfrutar de cenas en restaurantes, salir de noche, practicar deportes acuáticos, bucear, alquilar una motocicleta o un bote para explorar la impresionante área de Taganga”, se lee en la página web.
En este caso, Aselin, al parecer, no actuó solo. Según informaron las autoridades, contó con la colaboración de otra persona, cuya identidad permanece bajo reserva mientras avanzan las investigaciones. De manera preliminar trascendió que se trataría de un empleado del mismo hostal. Por ahora, Simanca sigue esperando una respuesta de la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Confía en que estas entidades asuman el caso con firmeza y faciliten el contacto con la familia. La abogada, afirma, no descansará hasta que se haga justicia y este caso no quede en la impunidad.
