Tras conocerse las dificultades por parte del Ministerio de Hacienda para girar los recursos que permitan realizar las elecciones atípicas en el municipio de Puerto Guzmán, en Putumayo, este jueves se conoció que congresistas de ese departamento instaron al Gobierno Nacional a asegurar la plata para poder realizar los comicios.
El origen del proceso fue la decisión que en noviembre pasado adoptó el Consejo de Estado, que anuló por doble militancia la elección del alcalde Miguel Muñoz Gómez. Sin embargo, hoy la elección de su sucesor está en vilo.
Lo anterior, fue confirmado por el registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez Bayona, quien envió una carta a la Gobernación del Putumayo en la que asegura que la Registraduría “no cuenta con la asignación presupuestal para la contratación de los bienes y servicios requeridos para su organización”. Lo anterior, por cuenta de decisiones del Ministerio de Hacienda.
Ante ello, los representantes de esa región, Andrés Cancimance (del propio Pacto Histórico) y Diego Alejandro Ardila (Partido Liberal), instaron al ministro de Hacienda, Diego Guevara, que disponga recursos para la realización de los comicios.
“Es fundamental insistir en que estas elecciones se realicen conforme a la fecha establecida, ya que cualquier aplazamiento podría generar incertidumbre institucional, desconfianza ciudadana y un deterioro en la percepción de la legitimidad democrática”, manifestó Ardila.
Aunque dijo entender los desafíos fiscales que enfrenta el país, el congresista declaró que la garantía de la democracia y la legitimidad institucional deben ser prioridades fundamentales en el manejo de los recursos públicos.
“Solicitamos que, con carácter urgente, se adelanten las gestiones pertinentes para la asignación presupuestal que permita superar esta situación de forma efectiva y oportuna, y asegurando la realización de las elecciones el 9 de febrero de 2025, tal como fue inicialmente establecido”, agregó.
Por su parte, Cancimance señaló que Putumayo no puede seguir hundido en la crisis institucional y democrática que implica mantener una gobernación en encargo.
“Prolongar esta situación es un golpe directo contra la democracia y una afrenta a las instituciones que sustentan nuestro sistema en este departamento históricamente saqueado y empobrecido”, indicó, exigiendo transparencia y respeto a los procesos democráticos.