El documento, que sería firmado en las próximas horas, indica que una vez iniciado un proceso de paz o acercamiento con una organización, la Fiscalía deberá suspender las órdenes de captura.
En el marco de su política de paz total, y en un esfuerzo por lograr acercamientos con grupos armados organizados y estructuras de crimen de alto impacto, el gobierno de Gustavo Petro prepara un decreto que suspendería las órdenes de captura que pesan contra los representantes o voceros de esas organizaciones.
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El documento, que sería firmado en las próximas horas y que estuvo sujeto a comentarios de la ciudadanía, señala que una vez arranque un proceso de diálogo, acercamiento o conversación con un grupo armado, se podrán suspender las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los representantes y voceros de las organizaciones armadas.
Según el decreto, el Gobierno nacional notificará a las autoridades judiciales competentes el inicio, terminación o suspensión de los diálogos y la firma de acuerdos. Adicionalmente, certificará la participación de las personas que actúan como representantes o voceros.
Frente a la labor del fiscal General de la Nación, únicamente se indica que está llamado a suspender “de plano” las órdenes de captura que se hayan dictado o que se dicten en contra de los miembros de las organizaciones armadas o de las estructuras de crimen de alto impacto.
Inclusive, el decreto da vía libre a que los representantes de las organizaciones puedan salir del país, pues la resolución que reconoce su calidad de integrante o vocero “será documento suficiente para efectos de la salida del país”.
Apenas este lunes, el presidente Gustavo Petro firmó una resolución en la que extiende el reconocimiento a cinco miembros de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc, con quienes el Ejecutivo adelanta acercamientos de paz. Se trata de Luis Carlos Pinilla Cortez, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz Montaño.
La política de paz total le permite al Gobierno nacional adelantar negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley. Se trata de diálogos de carácter político en los que se llegarían a pactar acuerdos de paz. Sin embargo, también está facultado para realizar acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento.
Se establece que, una vez iniciado un proceso de diálogo, acercamiento, conversación, firma de acuerdos o suscripción de términos de sometimiento a la justicia, la Fiscalía deberá suspender las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten contra representantes o voceros de las organizaciones.
