Con la radicación en el Congreso del Plan Nacional de Desarrollo se ventilaron las pretensiones del presidente Gustavo Petro por acaparar más poder a través de facultades extraordinarias para los 4 años de su mandato. Y dentro de este paquete de poderes adicionales llamó la atención que el mandatario quiere reforzar su capacidad de decisión en lo relacionado con temas de coca y cannabis.
Así quedó en evidencia en ese documento, en el que se establecen los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Jefe de Estado, ya que en su artículo 298 se planteó que el presidente Petro requiere facultades para regular los usos alternativos de la planta de coca, los usos alternativos del cannabis y los fines medicinales, terapéuticos y científicos de las sustancias psicoactivas.
Pese a que los asuntos relacionados con estas sustancias recaen sobre el Ministerio de Justicia, en materia criminal, y en el Ministerio de Salud, en asuntos terapéuticos y científicos, en este caso Petro develó su interés por manejar él mismo los usos alternativos de la coca después de insistir en eventos nacionales e internacionales que se debería repensar la política antidrogas que ha llamado “fracasada” para Colombia y Estados Unidos.
El interés del Presidente por controlar la política de coca se da cuando el país tiene confirmadas 204.000 hectáreas de narcocultivos que se espera que aumenten aún más en el reporte de 2022. Incluso, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, señaló que en el reenfoque de la política de drogas podría replantearse la importancia de esa medición.
Petro permitió cultivar coca
Antes de llegar al poder, Petro ya afirmaba que la guerra contra las drogas había fracasado y planteaba la necesidad de un “cambio de paradigma” en esa lucha. Ahora ha dejado claro que tiene el propósito de implementar esta reconfiguración empezando por dejar de perseguir a los cultivadores de coca.
En ese sentido, el 16 de diciembre pasado durante el segundo día del Encuentro Cocalero del Catatumbo, en El Tarra, Norte de Santander, el Presidente anunció que permitiría que los cocaleros sigan sembrando mientras se adelantaba la implementación de la política pública de sustitución de siembras ilícitas.
Al respecto, en ese evento Petro señaló que le diría “a los funcionarios que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar aún hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona. Y si funciona, ya no hay necesidad de lo otro”.
En plata blanca, el Mandatario le dio vía libre a los cocaleros para que sigan sembrando sin ninguna consecuencia legal y con la ilusión de que a su vez se sustituyan sus cultivos sin un programa claro, lo que generó escepticismo en Estados Unidos, cuyo gobierno advirtió que esto podría desencadenar problemas de ilegalidad mayores.
“Advertimos que sigue siendo importante contar con un programa de sustitución totalmente financiado y bien diseñado antes de pasar a la sustitución como medio principal de control de cultivos”, planteó el Departamento de Estado de Estados Unidos el pasado 20 de diciembre.
Gobierno industrializaría la coca
Pese a que la Casa de Nariño no ha entrado en detalles sobre los ‘superpoderes’ que el Presidente le pidió al Congreso para manejar –sin mayor impedimento– las políticas relacionadas con los usos alternativos de la coca y el cannabis, desde el Gobierno se habían dado luces hace más de un mes sobre el foco que tiene en esta materia.
Lo poco que de sabe hasta ahora de este asunto para el que Petro pide facultades lo ha detallado el director de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Felipe Tascón, aseguró el 29 de diciembre que se está valorando la idea de comprarle a los cocaleros el cultivo de la hoja de coca con la finalidad de “industrializar los cultivos ilícitos” y crear planes alternativos para sacar otros productos con la hoja de coca y aprovechar así los usos legales de sus 14 principios activos.
“No puede ser la sustitución de una mata por otra. En términos prácticos, la hoja de coca tiene una ventaja enorme sobre otros productos del agro colombiano”, dijo Tascón.
Habrá que esperar a que el Gobierno explique en el Congreso las razones por las que busca que el Jefe de Estado tenga estas facultades relacionadas con sustancias psicoactivas, pero desde ya está clara su intención de establecer una “industria legal”, pese a la ilegalidad de los cultivos y a las dudas que tiene EE.UU.
