Los enfrentamientos verbales entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, podrían llegar a su final. Desde Portugal algunos funcionarios narraron que el jefe de Estado quiere una tregua y que estaría dispuesto a sentarse a dialogar en la misma mesa con el jefe del ente acusador.
Información recopilada por Blu Radio apunta a que el presidente ya pidió una reunión con las altas cortes (Corte Constitucional, Suprema de Justicia y Consejo de Estado) para hablar sobre sus declaraciones que, para muchos, representan una violación a la separación de poderes.
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De hecho, hacia las 4:00 de la mañana de este sábado, la oficina del presidente publicó un comunicado en el que acepta que el fiscal general no es subordinado de ningún otro funcionario y reconoció la razón en el jalón de orejas que le hizo la Corte.
“Acepto el llamado de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público”, fueron las excusas del presidente.
Las disculpas del presidente se producen horas después de que la Corte le recordara que el ser jefe de Estado no lo faculta para ser jefe del fiscal General de la Nación o de los otros altos cargos de las ramas del poder.
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Lo que ha trascendido desde Portugal es que el presidente continúa preocupado por las denuncias que se han gestado en contra del fiscal Daniel Hernández –funcionario que, de acuerdo a un artículo de prensa, habría omitido información de alerta sobre el asesinato de personas a manos del Clan del Golfo– y porque el fiscal Barbosa lo ha tachado de dictador.
Por tanto, Petro estaría dispuesto a dialogar en un nuevo cara a cara con Francisco Barbosa. De ese modo, se daría fin al choque de egos que han protagonizado dos de los funcionarios que representan a las principales instituciones del Estado.
En todo caso, dicen desde presidencia, el mandatario seguirá insistiendo en solicitarle información al fiscal de casos que considere de interés nacional y de relevancia para el control del orden público.
