De cada $1.000 que el gobierno de Gustavo Petro comprometió en el presupuesto de 2023, apenas $479 han sido ejecutados. Es decir, menos de la mitad y a solo 4 meses de que termine el año. Si bien de dientes para afuera el mandatario dijo que la ejecución presupuestal es “levemente superior” al promedio de los últimos cinco años, internamente hay molestia –con dejo de rabia–, por la lentitud e incluso negligencia de algunos ministros y directores a la hora de gastar e invertir la plata. ¿Qué pasa?
El enojo se hizo visible en la noche de este lunes durante el habitual consejo de ministros. Con datos en mano, Petro cuestionó a varias carteras por la pobre ejecución del presupuesto, lo que se traduce en que los planes, iniciativas y proyectos de “cambio” estén estancados o sin avances, y que –cumplido 1 año de gobierno–, sea poco lo que se pueda mostrar.
Lo anterior, pese a contar con un presupuesto superior a los $422 billones –incluida una adición presupuestal–, de los cuales $83,2 billones son para inversión, es decir, el rubro para hacer realidad sus programas. El restante se distribuye en funcionamiento del Estado ($260 billones) y deudas ($78,4 billones). No obstante, del total, se ha denunciado que hace falta por ejecutar para el resto de la vigencia cerca de $220 billones.
De tal calibre es el descontento del mandatario que arreció en sus advertencias y puso un ultimátum: si no hay ejecución y resultados en lo que resta de mes, en septiembre próximo habrá un nuevo remezón ministerial –el tercero en 1 año de mandato–. Esa idea de darle un revolcón a su gabinete por falta de ejecución no es nueva y, de hecho, el presidente tenía todo preparado para la salida de algunos ministros a principios de agosto, coincidiendo con su primer aniversario en la Casa de Nariño.
Sin embargo, sus planes se estrellaron con el escándalo alrededor de Nicolás Petro Burgos y su imputación de cargos por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, lo que dejó en pausa la determinación para dar un mensaje de unidad y estabilidad institucional.
Con todo, al conocerse que el PIB (Producto Interno Bruto) sigue estancado y que la economía creció un tímido 0,3% en el segundo trimestre del año, Petro volvió a jalar las orejas. No es gratuito.
Es bien sabido que la inversión pública y la generación de empleo que impulsan los gobiernos a través de obras, contratos y proyectos favorecen el crecimiento de la economía. Petro –economista de profesión– lo reconoció este martes y de allí su molestia pues, mientras sus reformas en el Congreso siguen haciendo agua, sus programas –esos que sí dependen del Gobierno– parecen tener el mismo destino: “El jalonador económico hoy por hoy ha resultado ser el gobierno y sobre todo su política social en salud y educación pública”, defendió el mandatario este martes.
Un dato conocido semanas atrás ejemplifica con creces la molestia del mandatario. Con corte al 30 de junio –es decir, durante los primeros 6 meses del año–, el Gobierno apenas había ejecutado el 15,7 % del presupuesto. El dramático balance se conoció durante un debate de control político en el Congreso y si bien la alerta sirvió –el 4 de agosto ese indicador ya era del 47,9 %–, aún hay rezagos.
“He estudiado 31 presupuestos generales de la Nación. He sido ponente como de 27 o 28. Jamás había visto una ejecución tan crítica”, manifestó desde la preocupación, más que desde la oposición el veterano senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador.
Justo allí en el Congreso –en particular, en las comisiones terceras, encargadas de hacienda y crédito público–, es donde hay mayor descontento, pues recién en junio al Gobierno se le aprobó una adición presupuestal por $16,9 billones (casi una reforma tributaria). “¿Para qué pidieron esta adición si no iban a saber ejecutarla?”, cuestionó el senador David Luna (Cambio Radical).
En la mira
Aunque hay preocupación en la mayoría de ministerios, hay unos que están más colgados que otros, según quedó evidenciado durante un debate de control político en la semana pasada. Entre los pocos que pueden sacar pecho en materia de ejecución se cuentan Salud (61,7 %), Educación (58 %) y Minas (54 %). No obstante, hay otras carteras que ni llegan a la mitad. Se trata del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), con 11,3 %; Planeación Nacional, 12,6 %; Deporte, 19,1 %; Agricultura, 19,9 % y Ambiente, 21,6 %.
Estas dos últimas carteras, por ejemplo, son decisivas para hacer realidad gran parte de las promesas de campaña y los asuntos que manejan hacen parte de la línea discursiva más reiterada del presidente. De allí la molestia. Inclusive, una muestra de la inquietante radiografía es que el propio Ministerio de Hacienda –el encargado de formular y ejecutar la política económica del país–, figura entre los rajados, con una ejecución de apenas el 30,5 %.
“El buen arriero arrea. Le corresponde al señor presidente exigirnos. Por supuesto. Y si de pronto no estamos al tono de él muy seguramente algunos no estaremos”, reconoció el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. “Aunque comparativamente con otros gobiernos estamos por encima, es una ejecución muy baja. Y en un momento donde se necesita una fuerte inversión real, no vamos tan rápido como el Gobierno quisiera”, admitió a su turno –en entrevista con Blu Radio– el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
El jalón de orejas caló en algunos despachos y ya se confirmó que, por directriz del propio presidente, ya hay renuncias sobre la mesa de directivos y viceministros. Es el caso del Ministerio de Agricultura, donde su titular, Jhenifer Mojica, les pidió a siete de sus directores dar un paso al costado. Entre ellos, se cuenta nada menos que Gerardo Vega, quien está al frente de la Agencia Nacional de Tierras y que terminó envuelto en un enredo alrededor de las cifras de formalización de tierras para campesinos.
Al grupo se suma el ministro del Interior, que admitió que desde el 7 de agosto solicitó la renuncia “al gabinete en general” de la cartera. Lo propio hizo el ministro de Transporte, William Camargo, quien llamó a rendir “cuentas” a los directores de Invías, la Aeronáutica y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Lejos de catalogar los pedidos de renuncia como una amenaza o una forma de presión, Camargo justificó que se trata de mecanismos para “motivar” a las cabezas de las entidades. “Tenemos una instrucción del presidente para acelerar temas de ejecución y eso implica obviamente mecanismos a través de los cuales motivamos al equipo para que avance en ese ejercicio. El llamar a cuentas es un ejercicio habitual”, defendió.
En medio de la avalancha de cartas de renuncia, de las promesas y del corre-corre en el que desde ya están varias entidades, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla dio su propia explicación. Según argumentó, el pasado 8 de agosto, la ejecución global se divide en dos componentes: uno, relacionado con el presupuesto que se compromete para las obras, y otro que tiene que ver con la ejecución de caja, es decir, cuando se desembolsan los recursos luego de que se reciben a satisfacción los bienes y servicios o las obras.
Para el ministro, las dificultades están en la ejecución de caja, pues el Gobierno no puede pagar “por obras que no se han hecho” y de allí la parálisis. Dicho en otras palabras, aunque los ministerios ya contrataron o comprometieron recursos, solo han desembolsado lo que efectivamente les han entregado. Por otro lado, aseguró que, sin tener en cuenta la adición presupuestal de $16,9 billones, a finales de julio se había comprometido el 58 % del presupuesto. En materia del rubro de inversión, destacó además que estaba comprometido el 60 %, pero que solo se ha pagado el 33 %.
Lo que no se ha comprometido
Al revisar el Presupuesto General que presenta el Gobierno con corte a julio se evidencia además –de manera pormenorizada– cuáles son esos frentes dentro de los ministerios en donde ni siquiera se han comprometido recursos para inversión, pese a contar con apropiaciones vigentes. Es como si usted en su casa ya supiera cuánto va a destinar este mes para el mercado, pero aún no ha ido a comprarlo o solo ha comprado algunas cosas.
Por ejemplo en Agricultura, cartera decisiva para Petro a la hora de democratizar la tierra y favorecer la economía productiva, de $40.000 millones presupuestados para desarrollar iniciativas para adaptarse al cambio climático y hacer sostenibles sistemas productivos como el arroz o la papa, apenas se han comprometido $428 millones. Es decir, el 1,07 %.
De otros $40.000 millones para subsidiar la construcción o mejoramiento de viviendas de interés social para la población rural, se han comprometido poco más de $1.857 millones (4,6 %). Inclusive, de $70.900 millones para la “construcción de capacidades empresariales rurales”, solo se han comprometido $363 millones (0,5%). Además, de $29.780 para fortalecer actividades que impulsen el desarrollo agropecuario y pesquero, están comprometidos únicamente $1.569 millones (5,2 %).
En el Ministerio de Transporte el escenario tampoco es alentador en materia de inversión. De $220.973 millones apropiados para conservación de vías a través de mantenimiento rutinario, se han comprometido solo $80.907 millones (el 36 %). Incluso, en la destinación específica para mejorar varios corredores viales, el rubro aparece en $0.
Por otro lado, de $35.000 millones destinados para construir o mantener los accesos marítimos a los puertos del país, se han comprometido $3.180 millones (el 9 %). Y para otra de las promesas de Petro, que es mejorar la red fluvial nacional, hasta ahora se han comprometido $1.588 millones de $25.000 millones presupuestados (6,3 %).
Finalmente, en el Ministerio de Ambiente –fundamental para Petro en su lucha contra el cambio climático– también hay perlas. Por ejemplo, no se ha comprometido un solo peso de los $14.388 millones destinados para apoyar a las corporaciones autónomas regionales beneficiarias del Fondo de Compensación Ambiental.
Además, de $38.000 millones para conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a nivel nacional, se han destinado $19.748 millones (el 51,9 %). Asimismo, de $7.000 millones apropiados para fortalecer la gestión ambiental sobre zonas marítimas y costeras, se han comprometido $1.971 millones (28,1 %).
Son varias las carteras que presentan situaciones similares y, teniendo en cuenta que el ultimátum que dio Petro es de poco menos de un mes, son varios los ministros y directores que se van a ver a gatas a la hora de ejecutar los recursos. Por si fuera poco, de por medio está el miedo latente de que, por afán, terminen haciendo las cosas mal y se precipite su salida no por falta de ejecución, sino por irregularidades. La capacidad de gestión y de gerenciar está a prueba para el gabinete del “gobierno del cambio” y, por ahí derecho, para el presidente.
Ya hay alertas por el Presupuesto de 2024
En medio de los líos para ejecutar lo correspondiente a 2023, desde ya hay alertas por el presupuesto de 2024, que ascendería a $502 billones. Según la representante Katherine Miranda (Alianza Verde), el Presupuesto General está desfinanciado y rompe la regla fiscal.
“Este gobierno pretende un ingreso para el otro año de $15 billones por concepto de litigios ante la Dian, un escenario absolutamente improbable, ya que estos litigios usualmente duran 8 años y en el mejor de los casos tendríamos un recaudo de $7 billones”. La congresista insistió en que se trata de ingresos ocasionales que no cubren gastos recurrentes.
