Daniel Rojas, director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), deberá asistir a una audiencia ante la Fiscalía para declarar, bajo gravedad de juramento, sobre sus denuncias de corrupción al interior de la entidad. La decisión del ente acusador, además, incluyó la cancelación de la mesa técnica de trabajo que tendría con la entidad para evaluar las denuncias: esta situación parece haber molestado al presidente Gustavo Petro.
“No sé qué le pasa al fiscal (Francisco Barbosa), pero esto solo hace feliz a la mafia que, a través de sus políticos, logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron, la riqueza de la mafia retorna a la mafia”, manifestó el presidente en su cuenta de Twitter.
La situación se suma a los ya enfrentamientos que ha tenido el líder del ente acusador con el Ejecutivo y que tienen que ver con la suspensión de órdenes de captura para algunos miembros de las bandas criminales que se quieren subir a la paz total y de la liberación de algunos jóvenes señalados de pertenecer a la primera línea.
La última discusión entre los funcionarios se desató este miércoles luego de que el fiscal Barbosa decidiera no convocar a la mesa de trabajo que tenía programada, en conjunto con la SAE, para identificar posibles irregularidades en el manejo del inventario de los bienes que se le han incautado, por ejemplo, a los narcos.
Desde octubre de 2022, Petro y Barbosa habían acordado la creación del grupo especial para seguirle el rastro las narcopropiedades.
“Sin ayuda de la Fiscalía buscaremos como los bienes de la mafia en extinción del dominio dejan de estar controlados por la mafia”, puntualizó el presidente Petro.
Hasta noviembre pasado, las cifras indicaban que había 16.283 inmuebles que nunca fueron reportados en su estado físico, es decir, se presume que están perdidos.
